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Crédito: Agencia Uno
El organismo fiscalizador instruyó abrir sumarios a las municipalidades de Ñuñoa, Pudahuel y Lampa, con la finalidad de investigar presuntas faltas administrativas ligadas al plebiscito de salida del próximo 04 de septiembre.
La Contraloría General de la República (CGR), instruyó abrir sumarios a tres municipalidades de la región Metropolitana.
Según informa Radio ADN, La acción se ordenó contra la municipalidad de Ñuñoa, Pudahuel y Lampa, con la finalidad de investigar presuntas faltas administrativas ligadas al plebiscito de salida del próximo 04 de septiembre.
En concreto, las investigaciones fueron ordenadas a raíz de charlas organizadas sobre la nueva Constitución y por una publicación en redes sociales oficiales de los municipios.
La Contraloría ofició a la Municipalidad de Ñuñoa tras la presentación de dos denuncias por «presunto uso de recursos públicos». Esto, luego de organizar una charla sobre el plebiscito de salida con tres exconvencionales adherentes del Apruebo, según informó TVN.
Desde la gobernanza municipal indicaron que se invitó a todos los exconvencionales del distrito, pero fue cuestionado por el «notorio sesgo» de la instancia.
Por otro lado, el municipio de Pudahuel, encabezado por el alcalde Ítalo Bravo, publicó en las redes sociales institucionales una gráfica donde se comparaba la actual Carta Magna con la nueva propuesta respecto a derechos del agua.
Ante esto, sostuvo que «se trató de una campaña informativa respecto a los contenidos del texto presentado por la Convención».
El documento de Contraloría dice que «contrariamente a lo que el título indica, no se trata de una comparación de artículos entre la carta vigente y la propuesta, por cuando, en lo que se refiere, en particular, al epígrafe ‘Constitución actual’, señala supuestos efectos de dicha normativa, aludiendo a la existencia de ‘situaciones de abuso y monopolio'».
En el caso de Lampa, se ordenó la apertura por la realización de diversas juntas de vecinos con una exconvencional. El alcalde Jonathan Opazo argumentó que la finalidad de la instancia era «tener informada a la comunidad» sobre el proceso.
«No resulta posible desprender que dicha publicación y la consecuente actividad ejecutada por la Municipalidad de Lampa se relacione con un fin institucional», sentenció el escrito de la Contraloría.
