Nancy Yáñez, presidenta del Tribunal Constitucional: “El TC hizo un ejercicio que robustece las instituciones”

Para la abogada Nancy Yáñez Fuenzalida –presidenta del Tribunal Constitucional (TC)– no cabe duda de que el proceso que concluyó este martes y que consagró la constitucionalidad de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric, ha sido uno de los más difíciles que ha enfrentado desde que está a la cabeza de la institución. La jornada estuvo marcada por tensiones, discusiones, incertidumbres y un temblor grado 5,7 en medio de la deliberación del pleno extraordinario, que obligó a un receso de cinco minutos para que cada uno se comunicara con sus familias. Todo en el contexto de los requerimientos interpuestos por senadores de Chile Vamos y del partido en formación Demócratas en contra de siete de los trece indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric, a fines del año pasado, y que finalmente fueron todos rechazados.

Si bien la reunión del pleno estaba fijada para las 9:30 horas, Yáñez llegó a las 8 de la mañana para juntarse con su equipo y revisar antecedentes orgánicos. “Yo estaba bien entregada a mi suerte hoy [ayer]. No me fui con mucha tranquilidad, quería revisar las atribuciones, en eso uno está bien adiestrada como abogada: saber bien cuáles son las atribuciones, sus fundamentos, tener claro ese punto, llevar mis notas de argumentos para el acuerdo. Estuve muy concentrada en mis argumentos jurídicos, no me salí ni un minuto del día de eso, nunca. Y cuando todo terminó… fue tranquilizador, fue un: okey, cumplimos”, señala.

Para la presidenta del órgano jurisdiccional, “se cumplió el mandato que la Constitución nos impone como Tribunal Constitucional, logramos que las instituciones funcionen de acuerdo con las competencias que establece el Estado de Derecho. El TC hoy hizo un ejercicio que robustece las instituciones”, reflexiona.

“Al final de la jornada me quedo con una sensación republicana, que ha recorrido mi sentir durante todo el día”. 

Una jornada trascendental

– ¿Cuáles fueron los ejes centrales por donde pasó el debate y que terminó con el rechazo de los requerimientos presentados por senadores de Chile Vamos y del partido en formación Demócratas?
-Lo que estaba en debate es la constitucionalidad de la prerrogativa por medio de la cual la potestad del Presidente de la República se pronuncia sobre siete solicitudes de indulto. Y lo que las resoluciones arrojan es que, al menos respecto de cuatro requerimientos, seis ministros del Tribunal Constitucional estimaron que no se configuraba un vicio de constitucionalidad. Respecto de otros tres indultos, la votación fue de cinco por tres. Y en esos casos hubo, en definitiva, un ministro que concurrió a la votación anterior, pero que estimó que, respecto de esos casos en particular, la actuación del Ejecutivo no habría pasado el test de constitucionalidad.

-Precisamente, ¿cómo evalúa la actuación del ministro Miguel Ángel Fernández, quien siendo reconocido como un hombre de ideas cercanas a la derecha, termina por sumarse al voto de mayoría en cuatro de estos siete casos, rechazando la existencia de vicios de constitucionalidad?
-Es una expresión del pluralismo democrático, que es propio de cualquier comunidad política, en particular un principio central de la convivencia democrática. No cabe ninguna duda que en el diseño institucional está justificada la integración por personas que provienen de distintas sensibilidades, lo que se salvaguarda a través de que los tres poderes del Estado participen de su designación. Los magistrados de los tribunales constitucionales deben ejercer su función en forma autónoma y con estricto apego al derecho. Nuestra actuación es estrictamente jurídica. Por eso nosotros tenemos obligación de prescindencia política. Ahora, eso uno lo puede transformar en un decir o en una práctica institucional, y lo que hoy día ha demostrado el ministro Fernández es que, en el fondo, la práctica de un juez constitucional está determinada por sus convicciones jurídicas, no políticas.

-¿Podríamos concluir que con esta resolución comienza a cerrarse el “binominalismo” en el TC?
-No podría decir que termina el binominalismo o no. Yo creo que ha habido muchos casos durante todo este proceso. Uno puede verlo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ahora bien, cuando se producen diferencias de votación, cualquiera podría decir “mira, era esperable que, por la sensibilidad política de esta o de este ministro, su votación en definitiva estuviera alineada o no con un sector”. Pero yo creo que cuando un tribunal empieza precisamente a romper esa dinámica, es cuando, en definitiva, uno observa que se ha consolidado como una institución jurisdiccional. Desde la presidencia, ese fue mi llamado a los ministros y ministras, que ese es nuestro compromiso con el país.

-En el caso del exfrentista Jorge Mateluna, el ministro Fernández estuvo por acoger el argumento de los senadores de oposición sobre la desviación del poder. ¿Cómo fue el debate en este punto?
-Cuando uno resuelve respecto a requerimientos de distintas índoles sometidos a nuestra deliberación, tenemos que hacernos cargo del argumento de todas las partes: la desviación de poder, la autoría pública, la legalidad, entre otros, todos esos argumentos fueron analizados y, bueno, se fueron fijando distintas posiciones jurídicas a favor y en contra de las argumentaciones de las partes. Ese es el ejercicio jurisdiccional que hace el Tribunal Constitucional. Y es muy importante dejar establecido que es un control jurídico, es un control normativo, respecto a si una potestad pública se ajusta o no al texto constitucional. Esto no es una discusión política, de hecho, el debate político, las afirmaciones políticas no son objeto de control jurisdiccional. Lo que es objeto de control jurisdiccional son los actos jurídicos. Por eso es que yo digo que la sensación con la que uno se queda al final del día es que, más allá de nuestras discrepancias, lo que finalmente generó consenso fue el sentido de institucionalidad.

Tiembla la institución

-Más allá del temblor de ayer, lo que sí hizo temblar a la institución fue la incertidumbre de que no se llevara a cabo la deliberación, fundamentalmente porque el ministro José Ignacio Vásquez  puso en duda su participación, luego que usted adelantara la audiencia. ¿Por qué anticipó la deliberación de un proceso que ya tenía fecha establecida?
-Se adelantó fundamentalmente para salvaguardar los antecedentes que constaban en el expediente respecto de los cuales nosotros tenemos obligación de custodia por la ley, por tratarse de datos sensibles e involucrar derechos de personas. Estos habían sido entonces ventilados por los medios de prensa y, por lo tanto, había que prevenir la cadena de custodia que nosotros tenemos respecto de esos documentos. El día viernes, yo recibí en mi oficina a gran parte del pleno del tribunal, comenzando por el ministro Letelier, quienes me hicieron presente la gravedad de esta situación y la necesidad de tomar medidas urgentes. 

Es importante dar cuenta de que no se adelantó la vista de la causa, porque esta ya había tenido lugar. Por lo tanto, lo único que se hizo por parte del Tribunal fue convocar al pleno para adoptar el acuerdo, tan pronto como tuvimos los antecedentes que permitan tomar la decisión.

-No lo entendió así el ministro Vásquez parece.
-Lo entendió todo el pleno del Tribunal. Yo envié el día viernes un correo, dando cuenta precisamente de la preocupación de la mayoría del pleno por la gravedad de los hechos de que se ventilaban en la prensa antecedentes que estaban bajo nuestra custodia y que, por lo tanto, podría haber sospecha de nuestra filtración, porque tampoco nos consta que la filtración provenga del Tribunal Constitucional. Pero lo que es evidente es que nosotros somos una de las instituciones que tiene obligación de custodia respecto de esa información. Y es en ese ánimo en que se toma la decisión y no hubo ni un ministro que le observara. Lo que se ha ventilado en los medios, que dice relación con la oposición del ministro Vásquez, la verdad que el ministro Vásquez vino a hacer su observación al final del día lunes, en circunstancias que la decisión fue informada al pleno para que, en la eventualidad, se pudieran hacer observaciones, no obstante contar con una prerrogativa discrecional en mi calidad de presidenta.

-Él acusa una decisión arbitraria…
-Mal se puede estimar como una decisión arbitraria, puesto que se comunicó con la suficiente antelación al pleno. Se publicó como corresponde, de acuerdo a las normas que regulan nuestro funcionamiento. Nadie hizo observación alguna. Y yo creo que las observaciones se hicieron en forma extemporánea. Y yo creo que eso es precisamente lo que hoy día llevó a que el Tribunal, por unanimidad, resolviera ver esta causa en pleno extraordinario el día martes, porque finalmente hubo coincidencia en la razonabilidad de la decisión y en la importancia que tiene para la institución el cumplir nuestras funciones con el mayor celo. Y se hizo con la anuencia unánime del pleno, incluido el ministro Vásquez, y eso dice relación precisamente con que es persuadido. Nosotros nos debemos a nuestra función jurisdiccional, y que no había otro ánimo en la decisión de esta presidencia.

-El ministro puso en duda su participación por la prensa, ¿no es esto una señal de polarización de las posiciones?
-Es muy complejo la forma en que se da el debate mediático. Porque en el debate mediático se instala la idea de un Tribunal partisano. Y cuando se instala esa idea, se polarizan las posiciones dentro de la institución también. Y yo creo que hoy día lo que ocurrió es que el Tribunal Constitucional dio una lección y eso incluyó a todos los ministros, porque todos concurrieron, incluido el ministro Vásquez. Y yo valoro muchísimo el que, sin excepción, el pleno de ministras y ministros hubiera concurrido a tomar el cuerpo como corresponde a nuestras funciones, y hubiera puesto por delante de cualquier diferencia a la institución.

-Dentro de los argumentos que dio el Presidente para conceder los indultos estaba el restablecer la paz social. ¿Piensa que, habiendo terminado el control constitucional, ese objetivo podría comenzar a cumplirse?
-Nosotros estamos contribuyendo a la jurisprudencia constitucional, ni más ni menos. O sea, nuestro rol no es político. Nuestro rol es constitucional. Pero por supuesto que somos una parte fundamental de la paz social, porque somos un eje rector del Estado de Derecho.

Críticas al TC y la tercera Cámara

-Una de las principales críticas al Tribunal Constitucional es que muchas veces termina actuando como una tercera Cámara cuando revisan decisiones del Poder legislativo, ¿cómo se corrige esa situación?
-Yo creo que la base del trabajo jurisdiccional de un tribunal de estas características debe estar regido por el principio de deferencia al legislador y, por lo menos desde que asumí mis funciones como ministro del Tribunal Constitucional y, posteriormente, como presidenta, he enfatizado que lo que previene del cuestionamiento de legitimidad democrática que tienen los tribunales constitucionales es, precisamente, que guarde particular deferencia a los otros poderes del Estado, particularmente al Poder Legislativo, a efecto de salvaguardar el pluralismo democrático y que actúe como última ratio. Es decir, que actúe ahí donde efectivamente se han generado defectos constitucionales no previstos por el legislador o en el caso del legislador populista, que es precisamente cuando actúan los tribunales constitucionales y cuando estamos hablando de aquellos aspectos inconstitucionales no previstos por el legislador.

-Bajo esta lógica debiesen verse solo casos de excepción…
-En esa lógica, obviamente implica que, en general, los casos en los cuales el Tribunal Constitucional enmienda el diseño institucional fijado por el legislador o saca del sistema jurídico una norma, sean efectivamente casos de excepción. Es así que un Tribunal Constitucional prevé no transformarse en una tercera Cámara. Eso es lo que tiene que prevenir un Tribunal Constitucional. Y esto está presente en todos nuestros debates cuando nos pronunciamos respecto a las facultades del Ministerio Público, cuando nos pronunciamos respecto a la implementación de la garantía del derecho al debido proceso. En general, todas las garantías. Cuando analizamos la aplicación de sanciones, las atribuciones regulatorias que tienen los órganos reguladores de los distintos sectores productivos o económicos. O sea, cuando nosotros revisamos esa norma, debemos hacerlo verificando que, por definición, es el legislador el llamado a definir el diseño, y que, por lo tanto, ese diseño solo puede corregirse cuando efectivamente se están generando efectos inconstitucionales. Porque, de lo contrario, claro, se genera el efecto de tercera Cámara.

-¿Y eso se está logrando a su parecer?
-Yo creo que, si se revisa la jurisprudencia que ha generado como Tribunal, hay un cambio. Es el gran cambio.

Ordenando la casa

Doctora en Derecho, especializada en derecho indígena –por lo que se siente muy orgullosa–, derecho territorial y derecho de aguas, participó en la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2003). Fue directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, además de codirectora del Observatorio Ciudadano, y ha litigado en causas de derecho ambiental, como Pascua Lama, El Morro, Norte Abierto por derechos de agua, entre otras actividades profesionales y académicas.

En abril de 2022 se integró al Tribunal Constitucional junto a la ministra Daniela Marzi, ambas nombradas por el Presidente Gabriel Boric. En julio del mismo año fue elegida por sus pares para presidir el órgano jurisdiccional.

Tras ocho meses en el cargo, su sello comienza a hacerse notar. No solo por su objetivo de “ordenar la casa y convertir al TC en un tribunal modelo” –con la contratación, por primera vez en la historia, de una auditoría externa (“no tenemos obligación de hacerla, pero es una manera de garantizar la accountability a la que están sometidos todos los organismos públicos y tener un parámetro de comparación correspondiente a las directrices internacionales en la materia”, señala)–, sino también por su mano y voz firme para enfrentar discrepancias internas, aunar voluntades y aglutinar posturas basadas en el Derecho Constitucional.

El próximo 31 de marzo realizará su primera cuenta pública, donde además de resumir lo que han sido estos meses al frente del TC, entregará los lineamientos de cara al año y medio que le queda de mandato.

“Por ahora el objetivo es sacarle brillo a esta institución. No tengo certeza de lograrlo, pero que no se diga que no le puse empeño”, expresa.

-¿Qué avances se han alcanzado en materia de transparencia, legitimidad y de gestión en su presidencia?
-Hemos obtenido avances realmente importantes en el trabajo del Tribunal, en materia de administración, la consolidación de un proyecto de modernización a través de la tramitación electrónica, y que no es solo la tecnificación, es garantizar el acceso a la justicia constitucional de todos los rincones del país. Porque un Tribunal Constitucional que tiene su asiento en Santiago hace prácticamente inviable la litigación de parte de los ciudadanos de provincias, sobre todo las de zonas extremas. El Tribunal ha tomado una serie de medidas destinadas, que van precisamente en la línea de acercar su función a la ciudadanía, pero, por el otro lado, también garantizar la transparencia y la accountability en nuestra gestión administrativa. Nosotros, por primera vez en la historia del Tribunal, pedimos una auditoría externa. 

-¿Qué arrojó esa auditoría?
-Que no hay grandes problemas de gestión administrativa en el Tribunal. Sin embargo, nosotros nos sometimos a la ordenanza 16 de la Contraloría General de la República, no tenemos obligación de hacerlo, pero es una manera de garantizar la accountability a la que están sometidos todos los servicios públicos y tener entonces un patrón de comparación que responda a lo que son las directrices internacionales en la materia. 

Entonces yo diría que hay importantes elementos de mejoramiento en el trabajo del Tribunal Constitucional, hay una mejora fundamental en el clima interno del Tribunal. 

-¿Cómo ha sido la participación del resto de los ministros en esta tarea?
-Han participado todos los ministros y ministras en ese mejoramiento. Es así como en el día de hoy hemos logrado abrir diálogo, limar nuestras asperezas y lograr superar estas diferencias por medio de un compromiso estricto a nuestra labor y conscientes de que el Tribunal Constitucional requiere de un trabajo serio por parte de todos y todas, porque, finalmente, si no es así, quedamos en entredicho, como no ha ocurrido durante todo el periodo de esta presidencia.