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Créditos: Agencia UNO
Con personeros oficialistas fuera del primer plano -entre ellos, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, la diputada Maite Orsini, y el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter-, un grupo de parlamentarios del Frente Amplio anunció una serie de medidas para potenciar la probidad de los procesos de traspaso de recursos desde el Estado hacia fundaciones: la controversia surgió luego de que se diera a conocer el caso de Democracia Viva. Por esto, personeros del oficialismo indicaron que promoverán la creación de una comsión especial que investigue las denuncias por irregularidades desde el año 2015 -siendo esta la tercera en surgir en el Congreso luego de que estallara el escándalo-, así como la presentación de un proyecto de ley que actualice la ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestion pública.
Diputados del Frente Amplio declararon que impulsarán una Comisión Especial Investigadora (CEI), en el alero de la Cámara Alta, que recabe una indagatoria sobre los tratos directos de transferencia de recursos desde el año 2015 hasta ahora. La iniciativa surge luego de las denuncias de irregularidades de distintos convenios contraídos entre fundaciones ligadas a militantes de la coalición e instituciones del Estado.
“Queremos reafirmar nuestro compromiso con que exista un estándar político alto en estas materias y por lo tanto nuestras facultades fiscalizadoras las vamos a ejercer, sobre todo en casos como los que han ocurrido, que afectan a nuestros propios partidos políticos”, sostuvo al respecto la diputada de Convergencia Social, Javiera Morales. Esta corresponde a la tercera iniciativa de este tipo.
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Esta es la tercera comisión que surge en el marco del escándalo surgido tras la divulgación del caso que involucra a militantes de Revolución Democrática, la seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Las dos previas surgen de la mano de legisladores opositores: Rafael Oyarzo, perteneciente al Partido de la Gente, y la presentada por la bancada de diputadas y diputados de Renovación Nacional.
La solicitud necesita 65 firmas para ser viable. Al respecto, Morales señaló que “vamos a reunir todas las firmas. Ya llevamos gran parte de ellas para iniciar una comisión especial investigadora que busca esclarecer los hechos, sobre todo en relación a las transferencias de recursos por parte del Ministerio de Vivienda desde el año 2015 a la fecha vinculadas al Programa de Asentamientos Precarios”.
Entre las otras medidas, los personeros frenteamplistas apuntaron la expulsión del partido a los involucrados RD con Democracia Viva, la suspención de la militancia de la diputada Catalina Pérez, el anuncio del Gobierno sobre una comisión de probidad y transparencia que revise y entregue propuestas concretas para la reformulación de este mecanismo de adjudicación de recursos, y la querella presentada.
“Cuando algo nos parece grave, tomamos acciones (…). Vamos a tomar acciones de carácter de fiscalización y también legislativa”, indicó Camila Rojas. Para la Comisión Investigadora, apuntó, “hemos contado con el apoyo de distintos diputados del oficialismo y otros que han decidido firmar”.
Por otra parte, el diputado Jorge Brito (RD), abordó las iniciativas legislativas que presentarán al respecto. “En esta tarea, el Frente Amplio estamos completamente unidos para actuar de forma intachable, y para propiciar los cambios en la legislación que no han sido realizados, y que vienen a buscar acabar con la opacidad que existe en las fundaciones cuando estas reciben financiamiento público”, explicó.
Por esto, “estamos presentando un proyecto de ley que moderniza la ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestion pública, para establecer los estándares de probidad y transparencia que rigen al sector privado; a todas las fundaciones u organizaciones privadas con o sin fines de lucro que reciben financamiento público para ejecutar programas sociales.
Asimismo, los parlamentarios oficialistas apuntaron que estos traspasos por trato directo desde el ministerio de Vivienda y Urbanismo comenzaron a partir del año 2015 debido a una modificación en la Ley de Presupuesto.
