En vilo el desalojo de Cerro Chuño

¡A La Tirana aunque haga frío! Así están a estas horas muchas familias ariqueñas, a propósito de la fiesta religiosa que venera a la Virgen del Carmen este jueves en ese poblado desértico de la Pampa del Tamarugal.

Después de 11 años, le correspondió a los bailes religiosos de esta ciudad la apertura de la festividad en el templo. Hacia allá se desplazó un grupo de autoridades el viernes, en medio de un día ajetreado y bien noticioso, para acompañar a las cofradías que en su ingreso a la iglesia cantaron con bombos y bronces el Himno Arica, inclusive vistiendo el traje de los veteranos y cantineras del Asalto y Toma del Morro.

Ya estamos en el séptimo mes del año y la ciudadanía está pidiendo resultados al Gobierno, al Gobierno Regional y al municipio, en medio de la caída que presenta la economía regional. A pesar de los mediáticos operativos policiales coordinados por la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública, la preocupación crece por el retorno de las balaceras en el sector norte, incluso una que dejó a un niñito herido en una plaza.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos nuestros seguidores por los fraternos saludos que nos enviaron por la celebración del Día del Periodista, el 11 de julio.

Y para que no se enfríe la edición, vamos mejor al resumen de esta semana:

• La primerísima nota es también un ¡ÚLTIMA HORA! Aquí les contamos sobre el recurso de protección interpuesto el sábado por la exasesora jurídica de la Delegación Presidencial, Josefina Prado, ante la Corte de Apelaciones de Arica, para frenar el desalojo de Cerro Chuño que comenzará el próximo 20 de julio. La abogada pretende repetir su triunfo en la Corte Suprema, cuando en 2021 consiguió reponer el servicio de agua potable en ese barrio y que las cuentas sean pagadas hasta hoy por el Serviu.

• En segundo término, publicamos el desenlace que tuvieron los cuestionamientos sobre la gestión del director suplente del Servicio Local de Educación Pública “Chinchorro” (SLEPCh), Julio Verdejo, quien fue removido de su cargo el viernes pasado.

• El test de drogas para autoridades y funcionarios públicos se toma la agenda política. En esta edición les contamos cómo en el Consejo Regional y en el Concejo Municipal de Arica han promovido iniciativas para su aplicación voluntaria a los consejeros, concejales y funcionarios de confianza.

• Cerramos este número con una nota que revela las peleas internas en el Partido Republicano por la inscripción de dos listas para las elecciones de la mesa directiva regional que se celebrará el próximo 8 de agosto. Acusaciones van y vienen ante el Tribunal Supremo.

Antes de iniciar la lectura, les recomiendo ir por una marraqueta con mantequilla y aceitunas del valle de Azapa y sumarle un té humeante con hierba luisa. Y como siempre, no olviden compartir el link para que nuevos lectores se inscriban gratis y disfruten cada martes nuestra edición.

Cerro Chuño: exasesora jurídica de la Delegación Presidencial intenta paralizar desalojo

Llevaba meses preparando la ofensiva judicial y el Gobierno conocía de sus pasos en la población Cerro Chuño, dado que los propios pobladores habían reconocido que los había visitado para resistir judicialmente el desalojo.

Tal como ocurrió en 2021, cuando obtuvo en la Corte Suprema un fallo que ordenó restablecer el suministro de agua potable a las viviendas tomadas con cargo al Estado, la exasesora jurídica de la Delegación Presidencial Regional hasta junio de 2024, Josefina Prado Tejerina, interpuso el sábado un recurso de protección para intentar frenar el plan de erradicación de las primeras 220 viviendas de este barrio contaminado con polimetales, cuyos alrededores fueron utilizados como base de operaciones por la banda criminal Los Gallegos.

La acción judicial fue presentada a nombre de 32 personas que habitan en las casas tomadas de las villas “Amanecer” y “Los Laureles”. La jurista, quien fue contratada como asesora de confianza por el exdelegado presidencial, Ricardo Sanzana Oteíza, y luego empleada en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales entre junio y septiembre de 2024, solicitó que se aplique una orden de no innovar.

Con ello busca que se paralice temporalmente el proceso, con el fin de que no se ejecute la orden perentoria que formalizó el delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado, al realizar el viernes un operativo de notificación de la erradicación, junto a un grupo de secretarios regionales ministeriales y funcionarios públicos. Asimismo, pidió que se oficie a varios organismos públicos para que, antes de que se resuelva el fondo, emitan informes sobre la situación de vulnerabilidad de las familias que serán erradicadas.

Informativo entregado por el delegado presidencial a los ocupantes ilegales.

En el recurso se señala que el desalojo “vulnera y amenaza grave e irremediablemente garantías constitucionales esenciales, haciendo imprescindible la tutela urgente de esta Iltma. Corte y, desde ya, la dictación de orden de no innovar. Esta acción se deduce, además, en razón del nuevo antecedente ocurrido con fecha 10 de julio de 2026, oportunidad en que el Delegado Presidencial Regional y su equipo entregaron personalmente a vecinos y vecinas del sector un documento denominado “Información importante para la comunidad”, en el cual se les comunicó que debían retirarse de sus viviendas y se reiteró la ejecución del desalojo administrativo, dando un plazo de 5 días para dicha ejecución”.

El libelo también plantea que “la situación de Cerro Chuño no puede ser reducida a una controversia patrimonial sobre inmuebles. Se trata de un sector donde existen viviendas efectivamente habitadas por familias, incluyendo niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas en situación de especial vulnerabilidad social y sanitaria. Las personas en cuyo nombre se recurre no se oponen a una verdadera reubicación. Por el contrario, reconocen que se trata de un territorio contaminado y que el Estado tiene la obligación de desarrollar una respuesta adecuada; lo que se cuestiona es que la autoridad pretenda ejecutar un desalojo masivo por vías ilegales y arbitrarias, sin planes efectivos y reales de relocalización ni protección suficiente de las personas más vulnerables”.

En su estrategia, la abogada Prado Tejerina intenta repetir el episodio judicial vivido en 2017, año en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) logró fallos favorables en la Corte de Apelaciones de Arica y luego de la Corte Suprema que paralizaron el desalojo decretado por la Gobernación Provincial de Arica. En esa ocasión, el máximo tribunal advirtió vicios legales en el procedimiento aplicado por quien era gobernador provincial, Ricardo Sanzana, el mismo que siendo delegado la llevó como su asesora a la Delegación Presidencial durante el Gobierno anterior (ver nota).

Al respecto, en el recurso indica que “la decisión fue categórica: dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 39, de 22 de febrero de 2017, del Gobernador Provincial de Arica, y estableció expresamente que la autoridad administrativa debía ejercer las acciones civiles respectivas” a fin de obtener la recuperación de los inmuebles fiscales del SERVIU localizados en dicho sector… La Corte
entendió que, tratándose de bienes fiscales determinados, no resultaba jurídicamente admisible que la autoridad política-administrativa pretendiera disponer por sí misma el desalojo material de quienes los ocupaban, sustituyendo la intervención del tribunal competente”.

Fundada entonces en este antecedente, la acción judicial cuestiona la legalidad de la Resolución Exenta N° 99 del 24 de marzo, a través de la cual la Delegación Presidencial Regional dispuso el desalojo administrativo de inmuebles, fijó un procedimiento cuya logística encargó al Serviu y solicitó el auxilio de la fuerza pública para eventuales allanamientos y descerrajamientos de las propiedades.

En todo caso, este no es el primer recurso interpuesto por la abogada para detener el desalojo. El 23 y 29 de junio presentó otros dos en contra de la Resolución Exenta N° 99. Ambos fueron rechazados en el tribunal de alzada por ser extemporáneos y hoy están bajo apelación en la Corte Suprema. Y al cierre de esta edición se conoció que la Corte acogió a trámite el tercer recurso, pero rechazó la orden de no innovar, por lo que los preparativos para la erradicación continúan indemnes.

Manotazo al municipio

En la línea administrativa, un nuevo “manotazo” dio el Gobierno del Presidente José Antonio Kast a los recursos fiscales de la región para financiar la operación de desalojo de la población Cerro Chuño, que comprometió en su campaña electoral. Inusitadamente y fuera de todas las cuentas, el alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, junto a la mayoría del Concejo Municipal, accedió a la petición formulada por la Delegación Presidencial Regional (DPR) y la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de entregarle $ 64.260.000 millones para financiar un trato directo por el arriendo del Hotel Concorde, infraestructura que servirá para albergar a mujeres y niños de las primeras 220 viviendas que serán desalojadas.

Fue en la sesión ordinaria del Concejo Municipal que a última hora del viernes pasado fue incluida esta solicitud bajo la causal “de urgencia”, entendida nuevamente por la comunidad como “si los ariqueños quieren desalojo, bueno, entonces que lo financien”. Así volvió a repetirse el escenario del pasado 13 de mayo, cuando en una votación dividida el Consejo Regional (Core), con el gobernador regional Diego Paco Mamani (RN) a la cabeza, aprobó la entrega de $ 3.292 millones para la demolición de las casas que deberán ser desocupadas por sus ocupantes ilegales en las próximas semanas.

El debate en el Concejo Municipal no fue para nada extenso. Por segunda vez, el delegado presidencial logró un acuerdo político para avanzar en el cumplimiento de la promesa de Kast, sin exhibir aún el compromiso formal del Gobierno central sobre el financiamiento de las tres etapas que restan para la demolición de 877 viviendas contaminadas en Cerro Chuño y que fueron tomadas sucesivamente por chilenos y migrantes, gozando hasta ahora de agua y energía pagadas por el Estado. Para ese faltante se requieren $ 6.620 millones, monto que el delegado Sayes dijo que “está contemplado en el presupuesto de 2027”.

Ante la resistencia de los concejales Dolores Cautivo (PC) y de Maximiliano Manríquez (PL), el alcalde Vargas dio paso a la presión sobre la base de un argumento sensible y al que pocos podrían resistirse: la protección de los derechos humanos de 244 niños, niñas y adolescentes catastrados en ese sector y que, supuestamente, quedarían en la calle. Fue así que dio el pase a la directora de Desarrollo Comunitario, Sandra Flores (PS), quien intervino poniendo ese antecedente, pese a que durante el Gobierno anterior, siendo directora regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y presidenta regional del PS, nunca presionó a la removida directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Gladys Acuña Rosales, hoy presidenta regional de la colectividad, quien se negó a activar un plan de desalojo y reubicación de estas familias.

Finalmente, con el delegado Sayes sentado en la mesa de la sesión, el jefe comunal, junto a los concejales Daniel Manríquez Zúñiga (PdG), Jacqueline Boero Carvajal (Partido Republicano), Carolina Medalla Alcayaga (RN), Cristian Rodríguez Sanhueza (Partido Humanista), Max Schauer Fernández (UDI) y Susan Vega Piñones (RN), votaron a favor de la contratación directa del Hotel Concorde para albergar a los desalojados durante un mes.

Tras lograr el acuerdo, el delegado se trasladó raudo a Cerro Chuño para iniciar la notificación a los ocupantes ilegales de que debían abandonar las viviendas porque en los próximos días se iniciaría el desalojo. Esto, sin mencionar una fecha exacta, pero según fuentes confidenciales sería a partir del 25 de julio, una vez que Carabineros culmine los servicios especiales de apoyo a la Fiesta de La Tirana.

Cuestionamientos al hotel con piscina

Quien inesperadamente abrió los fuegos contra el hotel albergue por trato directo fue la consejera regional PS, Denisse Morales Flores. Desde su fanpage comenzó a postear, alertando sobre su disconformidad con el financiamiento municipal acordado para este compromiso gubernamental, tal como lo hizo cuando se opuso a entregar los $ 3.292 millones para la demolición de las casas. La core separó aguas con el jefe comunal, obviando que su novio, el secretario regional ministerial de Energía, Darío Fernández Serei (PS), fue reclutado desde abril en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) del municipio, una vez concluido el Gobierno de Gabriel Boric.

Posteo de la consejera PS Denisse Morales, cuestionando la contratación del hotel para desalojados.

La antigua piscina del Hotel Concorde fue el ícono utilizado por la concejera para hacer explotar las redes sociales con el enojo de cibernautas, calificando como un exceso la garantía concedida con fondos municipales para que el Gobierno avanzara en el desalojo. Minutos más tarde lo hicieron los concejales Cautivo y Manríquez, que no apoyaron la iniciativa y, luego le siguieron los diputados Luis Malla Valenzuela (PL), Jorge Díaz Ibarra (DC) y el senador Vlado Mirosevic Verdugo (PL), quienes cuestionaron la ausencia de recursos extraordinarios del Ejecutivo para esta tarea.

Demolición a toda marcha

Si bien durante toda la planificación ha inquietado el desfase que podría haber entre el desalojo y la demolición de las viviendas, el delegado presidencial Cristian Sayes señaló a Aquí Arica que habrá un intervalo mínimo para evitar que los inmuebles sean “tomados” nuevamente.

“La planificación considera que la instalación de faenas se realizará entre el 24 y el 27 de julio, iniciándose posteriormente el cierre perimetral del sector. Una vez completado ese proceso, comenzarán las labores de desratización y el retiro de cubiertas con asbesto, para luego dar paso a la demolición de las estructuras. Entre el desalojo y el inicio de estas obras existirá un desfase aproximado de una semana, período que estará cubierto por estas faenas preparatorias y por el resguardo permanente del perímetro, evitando nuevas ocupaciones del lugar”, planteó.

La autoridad confirmó que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) ya resolvió la licitación para el derrumbe de las casas, por lo que no se esperará hasta septiembre como lo establecía el calendario oficial. La adjudicación fue asignada a la Constructora San Nicolás Limitada (CSN) por $ 1.506.572.069. La firma fue la segunda oferta más barata, y la toma de razón del contrato se encuentra en la Contraloría Regional de la República.

Ofertas de empresas para demolición de Cerro Chuño.

Existe un segundo contrato que también forma parte de la Operación Cerro Chuño y que también fue licitado por el Serviu. Se trata de la habilitación y reapertura del depósito de Quebrada Encantada, para encapsular todo el material contaminado que generará el desarme de las casas. El 22 de junio fue declarada desierta la propuesta, a raíz de que ninguno de los tres oferentes cumplía con los años de experiencia mínimos exigidos en las bases para los equipos profesionales.

Pese a este inconveniente, según informó el delegado presidencial, se activó un trato directo con la empresa ICCE, de propiedad del exdirector regional de Vialidad, Guillermo Pardo Obreque, que postuló al proceso declarado desierto. Pardo renunció en 2015 al Ministerio de Obras Públicas (MOP), tras iniciarse una investigación por anomalías detectadas por la Contraloría Regional en la construcción de la Cuesta Camarones durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

El exdirectivo logró reinventarse ofreciendo sus servicios a la Constructora Imaco y posteriormente creó su propia empresa. La firma registra dos contratos relacionados con el manejo del mismo depósito. Uno fue por $ 429.512.306 para su reapertura en 2024 y otro por $ 189.997.960 en 2025 para el cierre, tras culminar las faenas de remediación de los sitios contaminados con polimetales y cuyos residentes no fueron erradicados en el sector Los Industriales.

SLEP Chinchorro: remueven a director PS tras contrataciones políticas sin concurso público

Un golpe de timón al Servicio Local de Educación Pública “Chinchorro” (SLEPCh) dio el Gobierno el viernes pasado, al notificar la remoción del director suplente de ese organismo, Julio Verdejo Aqueveque (PS). De esta manera, la Dirección de Educación Pública (DEP) adelantó el término de la suplencia del profesor de historia, que vencía el 8 de septiembre.

Verdejo era el último bastión del PS dentro de la administración pública, tras asumir la administración del Presidente José Antonio Kast. El directivo estaba bajo la mirada crítica de la diputada republicana Stephanie Jédrez Ortiz. La parlamentaria decidió recurrir al subsecretario del Interior, Máximo Pavez Cantillano, para que interviniera e instara al Ministerio de Educación (Mineduc) y a la DEP a concretar el cambio, luego de que Verdejo decidiera la contratación sin concurso público de los consejeros regionales de oposición, Denisse Morales Flores (PS) y Oscar Pantoja Rivera (PL) el pasado 30 de junio. Ambos fichajes, junto al de otros dos profesionales, fueron revocados ese mismo día, tras los reclamos de Jéldrez ante el Gobierno.

El exdirector suplente fue notificado personalmente de su remoción por el jefe de la Unidad Territorial Integrada de la DEP, Rodrigo Sepúlveda Tagle (UDI), quien es un hombre de confianza del director ejecutivo suplente de la DEP, Pedro Larraín Aguirre. El funcionario se presentó a las 9 de la mañana en la Dirección Ejecutiva del SLEPCh para notificar la desvinculación de Verdejo, el cual había sido nombrado en el cargo por el Gobierno saliente, tras la renuncia del director ejecutivo titular, Hary Donoso López, en junio del año pasado. Una vez removido, el directivo se despidió de su equipo más cercano y abandonó el edificio corporativo.

Comunicado de la renuncia del director del SLEPCh.

Sepúlveda ya había estado en la región los días 30 de junio y 1 de julio, cuando se desataron los cuestionamientos por las contrataciones políticas de última hora que había ejecutado Verdejo. En su visita se reunió con el directivo cesado, a quien le pidió justificar sus decisiones. También sostuvo encuentros con el delegado presidencial Cristian Sayes Maldonado y la secretaria regional ministerial de Educación, Pía Urrutia Iglesias (UDI).

Sobre la decisión adoptada por la DEP, la diputada republicana valoró que el subsecretario del Interior “haya escuchado a la región y se haya dispuesto el cambio que se necesitaba en el SLEPCh. Uno esperaría que las personas que obedecen a proyectos políticos distintos al de un Gobierno den un paso al costado, pero lamentablemente en este caso no fue así. Esto no se trata de una cacería de brujas, sino de generar las condiciones para que el proyecto político del Gobierno, que eligió mayoritariamente la ciudadanía, se pueda plasmar en los distintos niveles del Estado”.

¿Quién asume?

La suplencia de Julio Verdejo vencía el 8 de septiembre. Su término debía ser notificado el 8 de agosto, pero se adelantó abruptamente. Por ahora, la suplencia del SLEPCh quedó en manos del subdirector de Administración y Finanzas, Johnny Berríos Salazar. En paralelo, continúa pendiente la definición del concurso público del director ejecutivo titular, que fue convocado en diciembre del año pasado por el Gobierno anterior. Al respecto, se sabe que existe una terna y que dentro de los seleccionados estaba Julio Verdejo.

Según trascendidos, es probable que desde la DEP se sugiriera la desvinculación del equipo de gestión y de confianza del directivo recién cesado. Ello, porque dentro de ese grupo existen activos militantes el PS, del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio (FA), algunos de ellos contratados sin mediar concurso público y con alzas de sus salarios practicadas en menos de un año de gestión directiva. Es más, ayer se conoció que la jefa de Gabinete de Verdejo, Gabriela Muñoz Carrasco presentó su renuncia, la cual anunció en un extenso correo interno de despedida que tituló “Gracias por el compromiso, la confianza y el camino construido”.

Carta exjefa de Gabinete SLEPCh.

Uno de los problemas más complejos que deberá enfrentar la nueva administración del SLEPCh es la resolución de 511 sumarios administrativos por el uso de licencias médicas para viajar al extranjero. El listado incluye a profesores y personal no docente detectados en la fiscalización que realizó la Contraloría General de la República al periodo 2023-2024 y que fue dado a conocer en el IX Consolidado de Información Circularizada (CIC), el 20 de mayo del año pasado.

También existen cuestionamientos a nombramientos de directores de establecimientos educacionales de manera directa y en torno a casi una decena de concursos públicos para completar cargos directivos vacantes en escuelas y liceos. Y junto con la designación de un director ejecutivo titular está pendiente, además, la resolución del concurso por el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para nombrar a la jefatura de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico, que fue asignada temporalmente al exjefe del Departamento Provincial de Educación (Deproved), Carlos Bahamondes Valdés (PC).

Test de drogas: cores y concejales piden aplicación a autoridades y funcionarios de confianza

Crédito imagen: cedida.

La aplicación del test de drogas a autoridades y funcionarios públicos se ha tomado la agenda política regional, tras el doping positivo que arrojó el secretario regional ministerial de Agricultura, Jorge Heiden Campbell, en junio pasado, y que significó su remoción. Tanto en el Consejo Regional (Core) como en el Concejo Municipal fueron planteadas solicitudes, con el fin de que estos exámenes sean aplicados a las autoridades y a su personal de confianza.

La consejera regional del Partido Comunista (PC), María Victoriano Cautivo, en la sesión del Core realizada en Cuya el miércoles pasado, pidió que estos análisis fuesen aplicados “de manera voluntaria” al gobernador regional, a los consejeros regionales y a los directivos del Gore.

La core fundamentó su solicitud aludiendo a que se estaba ligando indirectamente al Gobierno Regional, al vincularlo en la opinión pública al problema de consumo de sustancias ilícitas. En su intervención, eso sí, nunca precisó el hecho puntual al que se refería, pero los asistentes entendieron que indirectamente estaba aludiendo a la publicación de Aquí Arica realizada la semana pasada, que dio a conocer la detención por porte de cocaína –ocurrida en 2010– del actual jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional (Dipir), Enrique Urrutia Tapia (RN), quien, además, es socio del exseremi Heiden en la panadería “La Pampina” (ver nota).

“Creo que hay que dar una señal de transparencia y no contacto con el tema ilegal del narcotráfico y con nada de aquello… Yo propongo que de manera voluntaria los consejeros, incluyendo al gobernador y sus directores, si así lo amerita, de manera voluntaria, pudiesen hacerse un test antidrogas… y de esta manera defender la transparencia de la gestión como región, ya que hemos salido dos veces en medios públicos, siendo emplazados por aquello”, expresó Victoriano.

Al pedido se sumó el consejero republicano Ignacio Gómez Gutiérrez, quien fundamentó la solicitud de hacer exámenes de drogas para garantizar que las capacidades intelectuales y físicas de quienes toman decisiones. “Nosotros también deberíamos tener una señal, los consejeros, los jefes de servicios, usted, gobernador, también; tener una señal de transparencia, también de tranquilidad… otros gobiernos regionales lo han hecho y lo han hecho voluntariamente, hasta municipios lo han hecho”, argumentó.

El debate se enredó luego que la consejera Victoriano pidiera votar la “voluntariedad” del test. Ante ello, el secretario ejecutivo de Core, el abogado Rodrigo Donoso Olave, les recordó que todos, al asumir, habían suscrito una declaración jurada en la que señalaban no registrar consumo de drogas y estupefacientes, en función del artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que dice claramente que “no podrá ser consejero regional el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad”.

Al final, a sugerencia del secretario ejecutivo, la consejera Victoriano debió pedir formalmente que se votara la realización “voluntaria” de exámenes, sin especificar cómo se financiarán ni cuándo se harán. El pedido fue aprobado en forma unánime por el gobernador Diego Paco Mamani y todos los consejeros regionales presentes.

Todo el debate fue presenciado por Enrique Urrutia Tapia, quien llegó en junio al Gore, luego de fracasar en diversas postulaciones a cargos dentro del Gabinete Regional. Desde RN reconocieron a Aquí Arica que el incidente que vivió por el porte de cocaína pudo minar sus aspiraciones a formar parte del Gobierno de Kast, pese a haber ocupado distintos cargos políticos en los dos gobiernos del Presidente Sebastián Piñera.

Una vez ejecutada la votación, Paco intervino para “pasar un dato”: que el test costaba $ 383.000 en el laboratorio Bionet. Luego se produjo un silencio en la sala y contonuó: “Se los comento porque ya me lo hice y es por orden de llegada”.

El gobernador nunca ha revelado su resultado, pese a la presión ciudadana tras el episodio vivido con el exseremi. Es más, pese a que la Delegación Presidencial Regional confirmó que todos los seremis ya se aplicaron el testeo capilar, hasta hoy solo se conocen públicamente los resultados del delegado presidencial Cristian Sayes Maldonado; del delegado presidencial provincial, Sebastián Huerta González; y de la seremi de Gobierno, Pollyana Rivera Bigas.

Concejo Municipal se suma

En los puntos varios de la sesión del Concejo Municipal de Arica efectuada el martes, el sometimiento a un test de drogas también fue tema. La concejala RN, Carolina Medalla Alcayaga, sacó a colación el compromiso suscrito por los ediles de aplicarse este examen que aún se encuentra pendiente.

El alcalde Orlando Vargas, por su parte, le respondió que no era necesario votar un acuerdo, porque ya había dispuesto la compra de este servicio en un laboratorio local, explicando que su aplicación sería de forma voluntaria. Es más, reveló un antecedente desconocido: que en marzo se habían testeado algunos directivos, bajo un procedimiento definido por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).

El jefe comunal comprometió el envío de un informe con los resultados obtenidos en el testeo. Sobre este análisis, el director regional del SENDA, Jorge Cannobbio, precisó a este medio que los exámenes efectuados en marzo se hicieron en el marco del Decreto N° 1.215.

“En lo que respecta a la Municipalidad de Arica, las pruebas se realizaron en el marco de lo señalado por el decreto antes mencionado, donde nuestro servicio forma parte de un proceso, en el cual SENDA licita y adjudica anualmente el servicio para la aplicación y procesamiento de los exámenes de drogas; esto es a nivel nacional, por tanto es un laboratorio quien realiza las pruebas. Asimismo, la jefatura superior de cada órgano de la administración del Estado designa a un funcionario público como encargado de coordinar el proceso con el laboratorio adjudicado. SENDA proporciona al laboratorio un listado global de personas sujetas al procedimiento. El laboratorio selecciona, de forma aleatoria y confidencial, al 5% del universo de personas sujetas a control. El laboratorio contacta a las contrapartes técnicas para informar sobre los cargos seleccionados y coordinar la toma de muestras. Las muestras de orina se recogen siguiendo un protocolo estricto que asegura su inviolabilidad y confidencialidad. Y por último hay que señalar que SENDA no está facultado para adoptar ningún tipo de medida que involucre a los cargos sometidos al procedimiento de control”, puntualizó.

En todo caso, el análisis aplicado a los funcionarios municipales correspondió al de orina, metodología que tiene un menor alcance que el test capilar, que está siendo aplicado a las autoridades de Gobierno y considera un rango de consumo de 90 días.

Acusaciones cruzadas de irregularidades dilatan proceso electoral en Partido Republicano

Crédito imagen: El Mostrador.

Tensas han sido las últimas semanas en la militancia regional del Partido Republicano, a raíz de las próximas elecciones de la directiva regional y los cabildos (consejeros). Esto, porque las dos listas inscritas para los comicios del 8 de agosto han mantenido un creciente enfrentamiento, presentando denuncias sobre irregularidades en los patrocinios de los postulantes, inhabilidades por sanciones pendientes y la realización de campaña fuera del plazo electoral.

Los integrantes de las nóminas “La Lista del Cambio” y “Unidad Republicana” no se han dado ni una tregua, interponiendo denuncias cruzadas que ha debido resolver el Tribunal Supremo de la colectividad.

Por un lado, “Lista del cambio”, que lleva como candidata a presidenta a la concejala Jacqueline Boero Carvajal, acusó a su contendor de “Unidad Republicana”, Alan Céspedes Medina, de efectuar campaña fuera del período legal. La alegación fue desestimada, así como la impugnación al candidato a vicepresidente, Luis Araya Valdecchy, por procesos judiciales pasados.

La última contienda se libró el fin de semana, a raíz de que el candidato Céspedes ingresó una denuncia señalando que –al menos– dos patrocinantes de la lista contraria desconocían haber firmado patrocinios a la lista de Boero, pese a que estaban estampadas sus firmas en el listado que se incluyó para cumplir con el requisito de contar con 25 militantes adherentes.

El reclamo fue desestimado por el Tribunal Supremo, decisión que no dejó conforme a los denunciantes, quienes aseguran que fueron contactados para firmar, pero nunca se les advirtió que sus rúbricas serían utilizadas para respaldar a esa lista.

En el camino también quedó el consejero regional Ignacio Gómez Gutiérrez, quien buscaba disputar la presidencia regional. Al parecer, el incidente que protagonizó el año pasado en el frontis del Colegio San Marcos con una funcionaria de ese establecimiento, le pasó la cuenta a la hora de acreditar un historial político libre de conflictos públicos (ver nota).

“Servidores públicos” versus “Los Tepos”

El fondo que subyace en la próxima elección de la directiva regional republicana es quién toma el control del partido. Detrás de esa disputa estaría la diputada Stephanie Jéldrez Ortiz, quien no goza de las simpatías de la actual presidenta regional, Karla Kepec Álvarez. Esta última, pese a haber sido nombrada secretaria regional ministerial de Salud en marzo pasado, decidió rebelarse frente a la petición de renuncia que le hicieron tras su asunción en el Gabinete Regional, por lo que ha mantenido el control del partido para las contrataciones dentro de los cupos que han surgido en las distintas reparticiones públicas.

El candidato de Jéldrez es Alan Céspedes, quien actuó como jefe de su comando durante las elecciones parlamentarias. El postulante construyó una alianza con los descolgados de la campaña a diputada y contendora parlamentaria de Jéldrez, la actual seremi de Gobierno, Pollyana Rivera Bigas. Uno de ellos es el empresario Luis Araya Valdecchy, quien va como vicepresidente en esa nómina y, según trascendió, tomó distancia de Rivera por discrepancias en la administración de las donaciones de dinero para la campaña de la actual seremi.

A nivel interno de la tienda oficialista, el grupo es conocido como “Los Tepos”, en alusión al apelativo de “Tepa”, como le llaman en confianza a la diputada republicana.

La otra nómina, “La lista del cambio”, está encabezada por la concejala Jacqueline Boero. El grupo se ha autodefinido como el de los “servidores públicos” y químicamente puros, a raíz de que no han militado en otra colectividad. Sin embargo, detrás de ellos ha estado un conocido exoperador territorial de la UDI, el encargado de Participación Ciudadana de la Seremi de Obras Públicas, Octavio Taquías Lastarria. El funcionario público fue uno de los encomendados para recopilar los patrocinios que hoy están siendo cuestionados por su veracidad ante el Tribunal Supremo.

Detrás de esta propuesta, que se ha perfilado como continuadora de la gestión de la presidenta Karla Kepec, están el consejero regional Ignacio Gómez; el concejal Víctor Sepúlveda y la propia Kepec, junto a las seremis de Gobierno, Pollyana Rivera, y de Economía, Fomento y Turismo, Romina Cifuentes.

Después de varios intentos fallidos, finalmente el sábado pasado la militancia logró que Kepec convocara a un ampliado al que asistieron un centenar de militantes. Allí fueron presentadas ambas listas, y algunos correligionarios y directivos expresaron fuertes críticas al desempeño directivo de Kepec, por la ausencia de reuniones partidistas y por el desconocimiento sobre la metodología de reclutamiento de militantes en los cargos dentro de los servicios públicos.

RENUNCIA FORZOSA EN LA DOP. Poco le duró el arreglo que había realizado el nuevo director regional de Obras Portuarias (DOP) y vicepresidente regional de RN, el ingeniero civil químico Erick Contreras Cisternas, para mantener contratada a su antecesora del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, la ingeniera de ejecución industrial, Claudia Linares Pizarro. El 13 de mayo logró contratarla como profesional grado 12 en ese mismo servicio, creando ese cargo con un sueldo bruto de $ 2,9 millones. Esto generó la ira en las huestes de RN por el extraño favor político concedido a una opositora a Kast que debió haber renunciado el 10 de marzo por haber ocupado un cargo de confianza política del Gobierno saliente. Tras múltiples reclamos –incluso de la diputada republicana Stephanie Jéldrez– y bajo amenaza de tener que abandonar su reciente nominación si persistía en este “negocio”, por pérdida de confianza, Contreras debió pedir la renuncia a Linares. La profesional ingresó su carta el 3 de julio pasado, pero obtuvo un último beneficio: le concedieron más de un mes de vacaciones y el goce de un bono por cumplimiento de metas, ya que su dimisión se hará efectiva a partir del 11 de agosto.

Carta renuncia de la exdirectora regional de Obras Portuarias.

Gracias por llegar hasta el final de nuestra edición. ¡Nos vemos la próxima semana con el desalojo de Cerro Chuño en pleno, si es que la justicia no dice otra cosa.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.