Defensa de Simpertigue pide anular comisión por AC y acusa vicios graves del proceso

La defensa del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue solicitó formalmente que se declare la nulidad de todo lo obrado por la comisión de diputados que revisó la acusación constitucional en su contra, instancia presidida por la diputada Maite Orsini (Frente Amplio). El requerimiento se sustenta en una serie de irregularidades que, a juicio del abogado del magistrado, configuran vicios graves e insubsanables del procedimiento, pese a que Orsini acusó que el profesional mostró poca disposición a participar en las sesiones, faltando a algunas, según dijo.

Según informó La Tercera, el abogado Felipe Lizama envió la noche del jueves 11 de diciembre —cerca de las 21.30 horas— un escrito de nueve páginas a las secretarías de la Cámara, en el que expresa su “total molestia” con la forma en que se desarrolló el trabajo de la comisión revisora.

Entre los puntos centrales, la defensa cuestiona que, por primera vez desde la creación de la acusación constitucional, la presidenta de la comisión haya anunciado que una votación favorable al libelo quedó sin efecto debido a un “error práctico” atribuido al secretario de la instancia. Para Lizama, responsabilizar al funcionario administrativo equivale a “cortar el hilo por lo más fino”, eludiendo la responsabilidad política y reglamentaria de la mesa y de los propios diputados.

El escrito sostiene que la comisión votó sin haber conocido íntegramente la prueba de descargo presentada oportunamente por la defensa, lo que —a su juicio— constituye un vicio esencial que justifica la nulidad del procedimiento. En ese sentido, advierte que la instancia intentó subsanar el error en sesiones posteriores, pese a que ya se había producido una votación pública ampliamente difundida en los medios. Esto, pese a que la prueba aportada por la defensa no consignaba la devolución de los pagos supuestamente efectuados por el ministro. Por lo tanto, la queja es más de forma que de fondo.

“Se emitió votación sin tomar conocimiento oportuno de documentos esenciales de descargo enviados en plazo por la defensa”, señala el documento, que califica el informe que se pretende remitir a la sala como un “insumo constitucional viciado”. Para la defensa, permitir que ese antecedente avance a la Cámara y eventualmente al Senado implicaría arrastrar un defecto de origen incompatible con un Estado de Derecho.

Maniobra de la defensa

El abogado sostiene además que el actuar de la comisión comprometió de manera irreversible la imparcialidad objetiva y subjetiva del órgano acusador, así como la presunción de inocencia del magistrado. En el texto se acusa que la comisión, tras calificar inicialmente la prueba como irrelevante, modificó su razonamiento, dejando al ministro en una situación de indefensión.

La defensa invoca también el artículo 41 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, señalando que resolver dos veces lo mismo por los mismos acusadores configura una infracción normativa grave. A ello suma que, al actuar fuera de las potestades y procedimientos establecidos, la comisión habría incurrido en lo que la doctrina denomina una “vía de hecho”, quedando expuesta a control jurisdiccional.

Entre las solicitudes concretas, Lizama pidió que se certifique el estado de la causa; que se decrete la nulidad de lo obrado; o, en subsidio, que se conforme una nueva comisión revisora excluyendo a los diputados que participaron del proceso cuestionado. Además, requirió que se permita una nueva exposición de los testigos ofrecidos por la defensa, desestimados —según el escrito— bajo el argumento de resolver la acusación en menos de 24 horas, sin garantizar la bilateralidad ni la valoración efectiva de la prueba.