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Contraloría revela graves fallas en cárceles, fronteras y control de armas y drogas
El primer Consolidado de Resultados de Auditoría reveló visitas prohibidas en cárceles, fallas en inhibidores de señal, armas sin trazabilidad y retrasos de meses en destrucción de drogas. Se instruyeron sumarios y denuncias al Ministerio Público.
La Contraloría General de la República encendió una nueva alerta sobre el funcionamiento del Estado en áreas críticas de seguridad. Justo en medio de la operación Apocalipsis, este martes 16 de diciembre dio a conocer el primer Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) N°1 de 2025, un documento que sistematiza las principales observaciones detectadas en fiscalizaciones realizadas entre enero de 2023 y julio de 2025 en seguridad pública, control de fronteras, armas y municiones, e incautación y destrucción de drogas.
El informe —que reúne 62 auditorías, 22 de ellas reservadas por contener información sensible— busca entregar información “más simple y acotada” para mejorar la toma de decisiones y fortalecer el control ciudadano sobre la acción del Estado. Sin embargo, sus conclusiones revelan un cuadro de debilidades estructurales.
Con la Operación Apocalipsis justo en desarrollo, en el sistema penitenciario, la CGR detectó que 1.279 internos recibieron visitas pese a tener prohibición, mientras que 1.539 personas ingresaron a recintos con restricción de acceso. Además, 479 supuestos abogados privados no pudieron acreditar su condición profesional. A esto se suma que solo el 12,7% de las cárceles cuenta con sistemas de inhibición de señal, en su mayoría obsoletos: funcionan con tecnología 2G, cuando los teléfonos actuales operan con 4G o 5G, y permiten conexión vía wifi. Asimismo, 70 de los 79 recintos del sistema cerrado no planificaron allanamientos ordinarios durante 2024.
En materia de control fronterizo, la Contraloría constató que funcionarios desplegados carecían de exámenes médicos y certificaciones exigidas, además de incumplimientos en visitas a hitos y patrullajes de soberanía. También se evidenció la inexistencia de un registro centralizado de personas que ingresan por pasos no habilitados.
Las auditorías sobre orden público y control vehicular detectaron 25 vehículos policiales con cámaras inoperativas, funcionarios sin evaluación psicológica o sin certificación para el uso de armamento menos letal, y fallas graves en fiscalizaciones: 626 vehículos con encargo por robo no fueron recuperados, 144 personas con órdenes judiciales vigentes no fueron detenidas y en más de 145 mil controles de tránsito no se verificaron placas patentes en el sistema unificado.
En el ámbito del control de armas y municiones, el informe advierte ausencia de trazabilidad, armas no registradas en planillas, documentación incompleta en incautaciones y debilidades en sistemas de PDI, Gendarmería y la Armada. En la Dirección General de Movilización Nacional se identificaron personas con condenas vigentes que mantenían armas inscritas, compras de municiones por sobre el límite legal y armas asociadas a personas fallecidas sin respaldo de transferencia.
Particularmente crítico fue el diagnóstico sobre incautación y destrucción de drogas. Las policías incumplieron el plazo legal de 24 horas para enviar actas y cadenas de custodia, con retrasos que llegaron hasta 288 días. También se detectaron diferencias de peso de hasta 32 kilos entre lo incautado y lo registrado, uso de salas policiales como bodegas sin protocolos, deficiencias en recintos de salud y demoras de hasta 189 días en la destrucción de drogas, pese a que la ley fija un máximo de 15 días.
Como consecuencia de estos hallazgos, la Contraloría instruyó tres procedimientos disciplinarios, 35 sumarios administrativos y derivó antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía de Aviación, dejando en evidencia que las fallas detectadas no solo son administrativas, sino que pueden tener responsabilidad penal y patrimonial.
Revisa el informe de la Contraloría en el siguiente link:
