Gobierno niega “amarre” de funcionarios y asegura espacio a Presidente electo Kast para armar equipo

La frase cayó como un dardo en medio de la discusión: “Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”. Con esas palabras, José Antonio Kast entró de lleno a la polémica por el reajuste al sector público y el cuestionado artículo que, según la oposición, podría rigidizar las desvinculaciones justo antes del cambio de mando.

El debate se activó a partir del proyecto impulsado por el Gobierno, en particular el artículo 14, que establece que la no renovación de contratas o su modificación deberá hacerse mediante un acto administrativo fundado, con criterios objetivos y verificables, y no solo invocando genéricamente “necesidades del servicio”. En el Partido Republicano leyeron la norma como un intento de “amarre” y encendieron las alarmas sobre la relación entre la administración saliente y la entrante.

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Desde La Moneda, sin embargo, la respuesta fue tajante. Tras el consejo de gabinete, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, buscó despejar cualquier duda y puso el énfasis en una distinción clave. Los cargos de exclusiva confianza, dijo, terminan sí o sí el 11 de marzo. “Son personas que participaron del gobierno por su compromiso con el proyecto del Presidente Boric y van a cesar en sus cargos con el cambio de mando”, recalcó. Otra cosa —explicó— son los funcionarios de carrera, para quienes se propone una regla que hoy está en discusión en el Congreso.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reforzó ese punto y defendió el espíritu de la iniciativa. Recordó que la mayor parte de quienes trabajan en el Estado ha pasado por distintas administraciones y no responde a una sola línea política. Por eso, sostuvo, la norma no blinda a nadie: solo exige que, si hay despidos, estos sean debidamente justificados y puedan ser reclamados ante la Contraloría. “No es un amarre en ningún caso”, insistió.

“El nuevo Presidente tendrá el espacio para designar a sus equipos”

Elizalde fue más allá y abordó el clima político que rodea la discusión. Frente a las advertencias republicanas, aseguró que el Ejecutivo mantendrá su línea de diálogo y que el foco está puesto en asegurar un cambio de mando ordenado. La propuesta, dijo, será explicada en el Parlamento, dejando claro el límite entre funcionarios de confianza y de carrera. “El nuevo Presidente tendrá el espacio para designar a sus equipos, como lo establece la ley”, remarcó.

Ayer, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, advirtió en diálogo con La Segunda que avanzar en lo que calificó como un “amarre” podría dañar la relación futura con el próximo Gobierno. Si bien valoró una reciente reunión con el Presidente Boric y sus ministros, sostuvo que lo incluido en el proyecto de reajuste representa una señal preocupante y alertó sobre eventuales decisiones que, a su juicio, corresponderían a la próxima administración.

Squella también puso el acento en el impacto fiscal y social del reajuste. En un contexto de alto déficit, cuestionó la justicia de aumentar salarios en el sector público cuando, afirmó, estos duplican en promedio los ingresos de trabajadores de las pymes. Un mensaje difícil de explicar —dijo— a familias con sueldos bajos o que hoy están sin empleo.

Con el proyecto en tramitación y las posiciones cada vez más marcadas, la discusión por el reajuste dejó de ser solo técnica. Se transformó en uno de los primeros choques políticos entre el Gobierno saliente y el Presidente electo, en la antesala de un cambio de mando que ya empieza a sentirse en La Moneda.