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Reforma al sistema político: “díscolos” ganan tiempo, pero acuerdo transversal sigue en pie
Mientras un grupo de senadores logró aplazar la votación y llevar la discusión a 2026, en el trasfondo sigue avanzando un entendimiento entre el Gobierno y la derecha para sacar adelante la reforma, incluso en enero. La maniobra dilatoria no detiene –por ahora– el eje central del acuerdo.
Pese al aplazamiento, en el Senado y en La Moneda asumen que el cuadro de fondo no cambió: existe una mayoría transversal dispuesta a empujar el ordenamiento del sistema político. Más allá de los reparos de parte del FA y el PC, el Ejecutivo ya dejó claro que quiere el proyecto avanzado antes del cambio de mando y, de ser posible, aprobado en enero. En paralelo, la mayoría de los “partidos grandes” –del oficialismo, Chile Vamos y Republicanos– han ido alineando posiciones, con un diagnóstico compartido sobre la fragmentación y la dificultad para construir mayorías estables.
Sin embargo, la jugada de independientes surtió efecto, al menos en lo inmediato. Con una maniobra reglamentaria encabezada por Rojo Edwards y respaldada por el socialcristiano Juan Castro y el independiente Karim Bianchi, la discusión en particular de la reforma al sistema político impulsada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quedó aplazada hasta 2026.
El movimiento aprovechó un flanco abierto: la ausencia de varios parlamentarios por actividades oficiales y el hecho de que La Moneda no renovara la “discusión inmediata”, lo que permitió pedir el aplazamiento y ganar aire. El mensaje fue claro: más tiempo, más debate y una advertencia de fondo sobre lo que consideran un intento de “partidocracia”.
Edwards, hoy en proceso de formar el Partido Libertad, y Bianchi, independiente, elevaron el tono contra una iniciativa que –dicen– fortalece a las colectividades tradicionales y estrecha la cancha para independientes y nuevas fuerzas. Bianchi, además, dejó estampada una reserva de constitucionalidad por eventuales vulneraciones a la autonomía del Congreso, la soberanía popular y la libertad de asociación.
“Este proyecto busca terminarle el problema que tienen los que mandan los partidos tradicionales, que no quieren más competencia. (…) Lo que hace es partidocracia, que el poder se concentra en los que están”, sentenció desde el Senado Rojo Edwards (exmilitante de Renovación Nacional, del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, actualmente en proceso de conformación de su nueva colectividad).
“Cuando hablamos de democracia tenemos que hacer las cosas bien y este proyecto no nos invita a esto. Deja fuera a personas que quieren participar en política, porque dependerá de los presidentes de los partidos”, añadió el senador Juan Castro (exmilitante de RN y actual socialcristiano). Su colectividad figura entre las que podrían perder su personalidad jurídica, tras no cumplir con las condiciones mínimas que establece la ley para mantenerse vigente.
Bianchi: “Es un acomodo para las fuerzas políticas existentes”
En declaraciones a El Mostrador, el senador Bianchi recalcó que a su juicio, más que una reforma estructural, el proyecto responde a un “acomodo” de las fuerzas políticas existentes. Si bien reconoce el problema de la atomización, sostuvo que la respuesta debería pasar por cambios al financiamiento y no por elevar de manera desproporcionada las exigencias a independientes y nuevos actores.
“Yo soy electo independiente, no me toca esto. Pero si una persona elige a alguien, no quiero que un presidente de partido en Santiago mande la orden para que un diputado vote de una forma u otra. Creo en la autonomía de ese diputado, como también en la autonomía de la voluntad de quien lo eligió, y no me parece que ese parlamentario, por no estar alineado con el presidente (de partido) de turno, sea reemplazado, por ejemplo, ni que exista un control de los comités –que hoy forman parte de nuestra potestad reglamentaria– para traspasarlos a una ley que los regule bajo un mandato partidario”, comentó.
Bianchi confirmó la reserva de constitucionalidad y anticipó que, aunque el debate continuará en enero, ve difícil que la reforma complete todo su trámite antes del cambio de mando.
Acuerdo transversal por la reforma
Ahora, desde el Partido Republicano han transmitido que miran con buenos ojos que la iniciativa se despache en enero. Su presidente, Arturo Squella, ha reconocido coincidencias amplias con el contenido de la reforma. El gesto es leído en el Congreso como una señal política relevante: los votos estarían, más allá del ruido.
Para el diputado socialista Daniel Manouchehri, el corazón del debate es evidente: la proliferación de partidos dificulta los acuerdos y debilita la gobernabilidad. A su juicio, la reforma no se piensa para un Gobierno en particular, sino para dotar de mayor estabilidad a quienes deban gobernar en el futuro. “Este tipo de normas se hacen pensando en Chile y en los próximos gobiernos”, sostiene, convencido de que la iniciativa debe salir adelante.
El proyecto que hoy se discute –y que corre en paralelo a otra reforma en la Cámara, que incluye el umbral del 5%– apunta a elevar los requisitos para formar partidos, reformar el financiamiento político, endurecer las exigencias para candidaturas independientes y dar rango legal a los comités parlamentarios. En comisión ya cayó una de las medidas más resistidas: la obligación de permanecer en un comité durante todo el período, considerada inconstitucional. El resto del articulado, en cambio, sigue avanzando.
Así, mientras los “díscolos” celebran haber corrido el reloj y ponen en duda que todo alcance a cerrarse antes del traspaso de mando, en los pasillos del Senado se impone otra lectura: el retraso ordena el calendario, pero no altera la aritmética. Con el respaldo del Gobierno y la venia –explícita o tácita– de la derecha tradicional y Republicanos, el acuerdo para reformar el sistema político sigue en pie y apunta a enero como su estación decisiva.
