2025: el año más violento para los defensores ambientales en Chile

El nuevo informe de Fundación Escazú Ahora advierte un alza inédita de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en Chile. En 2025 documentó 72 agresiones contra 67 personas, un aumento de 148,2% en afectados y de 53,2% en hechos violentos respecto de 2024. El 82,9% de las acciones judiciales permanece en trámite, en un escenario marcado por estigmatización, hostigamiento y débil protección institucional.

El dato es brutal y no admite rodeos: 2025 fue el año con mayor cantidad de agresiones contra personas defensoras ambientales desde que Fundación Escazú Ahora comenzó a documentar esta situación en 2023. Entre enero y diciembre se registraron 72 agresiones contra 67 personas en Chile, un salto que no solo revela una escalada de la violencia, sino también la precariedad del entorno en que hoy se ejerce la defensa del territorio. En comparación con 2024, el número de personas afectadas creció 148,2% y las agresiones aumentaron 53,2%.

Lo más inquietante es que el hostigamiento ya no se expresa únicamente en su forma más visible. Las agresiones físicas siguieron representando una parte central del total, con 33,3% de los casos, incluyendo golpes, detenciones arbitrarias, allanamientos y ataques incendiarios. Pero el informe detecta, además, un giro especialmente grave: la difamación se convirtió en la categoría más numerosa, con 36,1% de las agresiones, muy por encima del 4,2% registrado en 2024. La violencia, así, ya no solo busca intimidar cuerpos: también busca erosionar reputaciones, desacreditar voces y aislar públicamente a quienes denuncian.

Ese cambio no es menor, porque apunta a una transformación del conflicto ambiental en el espacio público. Según el informe, los medios masivos de comunicación estuvieron vinculados al 25% de las agresiones registradas en 2025, seguidos por particulares con 20,8% y agentes del Estado con 12,5%. El documento advierte que ciertos discursos han instalado a las y los defensores como un obstáculo para la inversión o el crecimiento, reforzando una lógica de estigmatización que termina ampliando el riesgo.

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La violencia tampoco se distribuye de manera homogénea. La Región Metropolitana concentró el 29,9% de los casos, seguida por La Araucanía con 22,4%, Los Ríos con 14,9% y Valparaíso con 9%. El propio informe observa que estas regiones coinciden con territorios de alta conflictividad socioambiental, lo que sugiere que donde se intensifica la disputa por el agua, la tierra o los ecosistemas, también aumenta la exposición de quienes denuncian, fiscalizan o resisten.

Hay, además, dos dimensiones que vuelven todavía más delicado el cuadro. Las mujeres representaron el 55,2% de las personas agredidas en 2025, mientras que el 44,8% de quienes sufrieron ataques se autoidentificó como perteneciente a un pueblo o comunidad indígena. Dentro de ese universo, el pueblo mapuche concentró el 40,3% del total de personas agredidas. No se trata solo de una cifra descriptiva: revela que la violencia golpea con mayor fuerza allí donde la defensa ambiental se cruza con desigualdades estructurales, labores de cuidado, pertenencia territorial y derechos colectivos.

El informe también muestra que esta violencia convive con una institucionalidad lenta y poco eficaz. En 31,5% de los casos no se tomó ninguna acción para acceder a la justicia. Y entre quienes sí denunciaron o activaron algún mecanismo, el 82,9% de los procesos seguía en trámite. Es decir, la mayoría de las víctimas queda atrapada en investigaciones abiertas, diligencias pendientes y respuestas tardías. Más que reparación, lo que se impone es el desgaste.

A ello se suma la fragilidad del protocolo de protección a personas defensoras de derechos humanos, vigente desde fines de 2024. El propio balance cuestiona su capacidad real de respuesta y advierte problemas de claridad en los procedimientos, falta de presupuesto específico, un enfoque predominantemente reactivo y debilidades en la evaluación de medidas de protección. Aunque entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 se ingresaron 44 solicitudes de activación, 21 correspondieron a labores de defensa ambiental, lo que confirma que el problema no es marginal ni episódico, sino persistente.

Lo que deja este informe es una constatación dura: en Chile, defender el medio ambiente sigue siendo una actividad de alto riesgo. Y no solo por la posibilidad de sufrir amenazas, golpes o campañas de desprestigio, sino porque muchas veces esa violencia ocurre en medio de la indiferencia pública, la lentitud judicial y la débil reacción del Estado. Detrás de cada cifra hay una persona que denunció una extracción ilegal, una dirigenta que defendió un humedal, una científica desacreditada por declarar, un periodista amenazado por informar. El dato duro, en el fondo, no es solo que aumentaron las agresiones. Es que proteger la vida en común se ha vuelto, para demasiadas personas, una forma de ponerse en peligro.