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Foto: AgenciaUNO/IA
Diputado Montalva interpuso denuncia criminal por pérdida de fondos de AFP
La denuncia busca esclarecer si las AFP asumieron riesgos financieros pese a las advertencias, privilegiando eventualmente sus propios intereses por sobre los ahorros de los afiliados. “Podría constituirse el delito de administración desleal”, advirtió el parlamentario.
El desplome del fondo E de las AFP ya llegó al Ministerio Público. El diputado José Montalva (independiente, bancada PPD) presentó este viernes una denuncia penal contra quienes resulten responsables por el eventual delito de administración desleal, luego de que el fondo más conservador del sistema previsional acumulara una caída real de 10,39% entre enero y septiembre de 2026.
La acción busca establecer si las administradoras asumieron riesgos financieros privilegiando intereses económicos o competitivos propios por sobre la seguridad y rentabilidad de los ahorros previsionales. El foco está en las millonarias operaciones con derivados de tasas de interés estadounidenses, cuya valorización se deterioró cuando las tasas subieron.
“El perder dinero nunca ha sido un delito, sin embargo, si ese dinero se perdió a sabiendas que era una operación riesgosa para beneficiar a las AFP y no al afiliado, podría constituirse el delito de administración desleal que está tipificado en nuestro Código Penal”, advirtió Montalva.
La denuncia apunta a un antecedente especialmente delicado. Según una investigación de Bloomberg citada en la presentación, ejecutivos de las propias AFP habrían planteado a las autoridades la necesidad de restringir estas operaciones, ante las dificultades de reducir individualmente su exposición sin quedar en desventaja frente a sus competidoras. El parlamentario pide esclarecer si esos incentivos influyeron en las decisiones de inversión.
Como reveló El Mostrador Semanal, las advertencias sobre los riesgos se remontaban a 2025 y habían sido abordadas por el Banco Central y el Consejo de Estabilidad Financiera. En abril de 2026, la Superintendencia de Pensiones estableció nuevas restricciones para las operaciones con derivados, con un plazo de 210 días para adecuarse a los límites.
La presentación invoca el artículo 470 N° 11 del Código Penal y solicita investigar las decisiones adoptadas, los eventuales conflictos de interés, el conocimiento de los riesgos y la existencia de perjuicios atribuibles a esas operaciones.
La distinción es clave: una inversión fallida no constituye por sí sola un delito. Lo que Montalva busca determinar es si existieron actuaciones abusivas o manifiestamente contrarias a los intereses de los afiliados. Por ahora, se trata de hechos cuya eventual relevancia penal deberá esclarecer la Fiscalía.
Revisa aquí el texto íntegro de la denuncia presentada ante Fiscalía
