Opinión
Créditos: Agencia Uno.
El efecto combinado de todas estas variables es que desde hace ya bastante tiempo que la SEGURIDAD, así con mayúsculas, es por lejos la principal y más urgente preocupación de los chilenos. No solamente se trata de la inseguridad producto de los asaltos, portonazos, asesinatos, sicariato que aterran a la población. No solo se trata de las balaceras en las poblaciones, los ajustes de cuenta entre bandas, los funerales narco y el comercio ambulante copando las calles y plazas. Se trata de que Chile perdió su institucionalidad, su sentido de cumplimiento de las leyes y normas de convivencia. En Chile hoy da lo mismo cumplir o no cumplir con la ley.
Estamos todos de acuerdo que estamos viviendo realidades complejas al inicio de un año que sólo promete complejizarse más aún. A la crisis económica, que se ve clara en el horizonte, con sus nubarrones y tormentas sociales asociadas, se le suma un nuevo proceso constituyente cargado de incertidumbre e imponderables que nadie puede controlar. Todo esto, en el marco de una inflación en niveles sin precedentes en 30 años y un mercado laboral muy precario y expectante, en espera de reformas claves en lo tributario, pensiones y legislación laboral.
Las realidades complejas incluyen la inmigración ilegal fuera de control en la frontera norte y su efecto en las principales ciudades del país. Incluyen una delincuencia armada, violenta y fuera de control, con un crimen organizado que ve este escenario de desorden como ideal para el narcotráfico y otros comercios ilegales como el robo de cables de cobre, el comercio ambulante de artículos robados o de contrabando y otras actividades delictuales lucrativas. También incluyen la insurgencia de grupos terroristas radicales en la macrozona sur y el crimen organizado asociado al clima de descontrol, fundamentalmente en el tráfico de drogas, de armas ilegales y de madera.
El efecto combinado de todas estas variables es que desde hace ya bastante tiempo que la SEGURIDAD, así con mayúsculas, es por lejos la principal y más urgente preocupación de los chilenos. No solamente se trata de la inseguridad producto de los asaltos, portonazos, asesinatos, sicariato que aterran a la población. No solo se trata de las balaceras en las poblaciones, los ajustes de cuenta entre bandas, los funerales narco y el comercio ambulante copando las calles y plazas. Se trata de que Chile perdió su institucionalidad, su sentido de cumplimiento de las leyes y normas de convivencia. En Chile hoy da lo mismo cumplir o no cumplir con la ley. Existe impunidad y existe un sistema, una institucionalidad, que no funciona y que tiene en la calle a gente que es un real peligro para la sociedad, a vista y paciencia de los tribunales, del ministerio público y de las policías. Lo más peligroso de este diagnóstico es que no existe la voluntad política para que el sistema, la institucionalidad funcione de verdad, con eficacia y eficiencia, con prontitud y pensando en los inocentes, en las víctimas, en los afectados.
Los principales problemas de seguridad de nuestra sociedad son el resultado de variables de origen de distinta naturaleza. Como no tenemos consenso respecto de qué es y cómo tratar la inmigración ilegal, diluimos la capacidad de respuesta del Estado, hasta que nuestra propia ciudadanía se levanta y dice basta. Como no tenemos consenso en la forma de tratar a la delincuencia con posturas que van desde la justificación de la delincuencia por la desigualdad de oportunidades que la sociedad produce hasta restablecer la pena de muerte, entonces la respuesta del estado se diluye por falta de voluntad política. Los tribunales favorecen muchas veces al delincuente y no a la víctima, el Ministerio Público archiva causas de reincidentes, las policías se preguntan para qué todo el esfuerzo si salen libres igual o les aplican medidas ridículas que son una burla. Como no tenemos consenso sobre si hay terrorismo e insurgencia armada en la Araucanía y la macrozona sur, la acción del estado se diluye y se hace ineficaz. Se gastan miles de millones en parches que no atacan las causas de los problemas, sino que generan problemas mayores de injusticias al tratar de paliar los efectos con sesgos ideológicos que terminan premiando a los violentistas.
¿Y ahora quién podrá defendernos? Como los efectos de la crisis de seguridad de una sociedad indignada con la inoperancia, ineficacia y abandono de la institucionalidad está golpeando la gobernabilidad del país y poniendo en aprietos al poder ejecutivo, entonces, rápidamente echamos mano a las instituciones que sí funcionan, que tienen la mejor valoración, credibilidad, respeto y confianza de la ciudadanía: las Fuerzas Armadas.
Nuestro ordenamiento constitucional establece en forma excepcional, acotada y con plazos precisos, la facultad del presidente de la República de disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para controlar una crisis y generar las condiciones de seguridad necesarias para que los organismos, instituciones y reparticiones del Estado puedan hacer su trabajo. La labor de las Fuerzas Armadas, y gracias a Dios está consagrada en rango constitucional, algo en lo cual al parecer está de acuerdo la ministra del interior y seguridad pública, es excepcional, es temporal y obedece a situaciones y circunstancias gravísimas para la sociedad o incluso para la existencia misma de la República. Por ser excepcional debe con mayor razón ser sujeto del control político que realiza la cámara de diputados a las actividades del ejecutivo.
Llevamos prácticamente 4 años en que las Fuerzas Armadas han estado en forma casi permanente, no excepcional, contribuyendo o derechamente haciéndose cargo de superar crisis e imponer orden y condiciones que permitan la labor del Estado. Estallido social, pandemia, decretos especiales en zona norte, estados de excepción en la macrozona sur y recientemente zona de catástrofe por incendios en la región de Valparaíso. Esto último ya no es noticia, pero las Fuerzas Armadas siguen estando ahí, en terreno, al lado de la población, hasta el día de hoy.
Durante el transcurso de esta semana, en el congreso se produjeron a lo menos dos hechos asombrosos. El primero es que para evitar la excepcionalidad que mandata expresamente la constitución, velando por los balances y contrapesos de poder entre poderes del Estado, y que obliga al ejecutivo a concurrir cada 15 días al congreso a renovar el estado de excepción constitucional de la Macrozona Sur, se pusieron de acuerdo para modificar los plazos y extender a 45 días el plazo de excepcionalidad. Lo segundo es el trámite de la reforma constitucional que permitirá al presidente de la República disponer que las Fuerzas Armadas sean asignadas a la custodia de la infraestructura crítica del país, sin mediar un estado de excepción constitucional. En el marco de la tramitación de la reforma, invitados los comandantes en jefe de las instituciones de las Fuerzas Armadas a entregar su opinión profesional experta, se produjo la insólita situación donde una honorable diputada manifestó su “incomodidad” por los contenidos expuestos, señalando que los comandantes en jefe estaban deliberando por exponer los inconvenientes, inconsistencias, peligros y errores de un texto mal hecho y que abre flancos para que la solución lleve a males mayores. Es lo mismo que criticar al médico tratante porque a uno no le gusta el diagnóstico especializado.
Esta anécdota refleja que parte de la crisis de institucionalidad que vivimos es por la calidad de las leyes, la preparación de los legisladores y falta de capacidad de medir las consecuencias de sus acciones sumado a una completa falta de” accountability” por los inconvenientes ocasionados. Bastaría preguntarles a los apoderados haciendo colas en carpas para participar de las tómbolas de selección de alumnos a establecimientos educacionales o a las dueñas de casa por los efectos de los retiros de fondos de pensiones en el costo de su vida. No hay responsables.
Las Fuerzas Armadas han pasado a ser un “as de triunfo”, una solución flexible e infalible, una especie de panacea universal para los problemas de nuestra sociedad. Es el momento de preguntarnos: ¿Es viable la gobernabilidad de nuestro país sin el concurso de las instituciones de la Defensa Nacional? ¿Qué pasaría si sacamos a los institutos armados de sus labores “excepcionales” en la frontera norte y en la macrozona sur, y en la población Camiroaga de Viña del Mar?
Hoy, las Fuerzas Armadas están sosteniendo una institucionalidad que no funciona. Que no tiene voluntad política de funcionar porque las soluciones tensionan las relaciones políticas de las coaliciones tanto de gobierno como de oposición. Una institucionalidad que tiene que ser reformada desde la raíz en lo que a seguridad se refiere, tanto seguridad ciudadana, combate al crimen y a la delincuencia, vigencia del estado de derecho, como también a nivel de seguridad nacional. Tenemos que entender la naturaleza de los problemas que enfrentamos para darnos cuenta de que, los problemas que tenemos al frente no son del tipo que se solucionan con fuerzas armadas. Por esta razón, la solución militar a estos problemas solo puede ser una excepción y por un tiempo muy acotado, y entender que por emplear soluciones inadecuadas no vayamos a terminar afectando nuestra capacidad de defensa y las instituciones que conforman la defensa nacional. En buen chileno, que no salga mas caro el remedio que la enfermedad.
