“Orban files” llega a EE.UU: congresista pide investigar a grupo de ultraderecha vinculado a Kast

La decisión del primer ministro electo de Hungría de investigar los fondos entregados por ese país a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y a otros grupos de la extrema derecha global, ha desatado una reacción en cadena en distintas partes del mundo. Un efecto dominó que está mostrando su verdadero alcance y que hace algunos días cruzó a este lado del Atlántico.

La indagatoria anunciada por Péter Magyar no solo ha dejado en suspenso los aportes entregados por la banca húngara a Vox –partido de ultraderecha español que recibió 9 millones de euros para financiar campañas políticas–, sino a toda una red transnacional de organizaciones conservadoras que recibió aportes del primer ministro Viktor Orbán, entre ellas, la Political Network for Values (PNfV), organización que presidió José Antonio Kast durante dos años.

El nexo entre la plataforma de networking liderada hasta 2024 por José Antonio Kast y la CPAC fue abordado por un reportaje de la Unidad de Investigación de El Mostrador que conectó la corporación sin fines de lucro –constituida en 2014 en Estados Unidos– con fondos directos provenientes del Gobierno húngaro, entre ellos, millonarias subvenciones que figuraban incluso en el diario oficial de Hungría.

La noticia, publicada este lunes, coincidió con la visita al país de una delegación del Mathias Corvinus Collegium, un think tank húngaro sindicado como uno de los principales receptores de recursos por parte del Gobierno de Orbán, cuyos miembros visitaron la Academia Diplomática de Chile, justo en medio del debate por el financiamiento a redes conservadoras de ultraderecha y el cuestionamiento en el mundo diplomático por recibir a un centro de estudios de ultraderecha acusado de corrupción.

El hilo que ha tirado Magyar pretende descubrir si detrás de toda la estructura de aportes para solventar escuelas de liderazgos, medios de comunicación, influencers y cumbres internacionales, existen aportes encubiertos a campañas políticas en distintos países del mundo. Sospecha que –por cierto– se extiende respecto a Political Network for Values, que ha recibido constantes aportes de Hungría, entre ellos, recursos para financiar una CPAC el año 2022, cuando Kast era su presidente en ejercicio.

Cabe consignar que la PNfV –con raíces en el extremismo católico y vínculos con El Yunque y el Opus Dei– fue constituida en Estados Unidos como una corporación sin fines de lucro y que no cuenta con el estatus 501(c)(3) y, por lo tanto, no está obligada a divulgar información financiera, lo que le permite operar de manera menos transparente que la mayoría de las ONG estadunidenses.

El Gobierno chileno, hasta ahora, ha guardado silencio, pese a las reiteradas consultas que este medio le ha formulado para esclarecer si los aportes recibidos por la PNfV fueron a parar a la campaña del Partido Republicano. Este escenario de mutismo, sin embargo, contrasta con acciones concretas tomadas en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, donde un congresista demócrata acaba de solicitar una serie de diligencias buscando aclarar el rol de la CPAC en un eventual financiamiento político a la campaña de Donald Trump.

Tolerancia cero a interferencia extranjera

Mike Levin es un abogado que asumió como congresista del Partido Demócrata el año 2018. Representante del sur de California, Levin se hizo conocido luego de solicitar temerariamente a Joe Biden desistir de su campaña a la reelección, en una reunión que tuvo el exmandatario con un grupo de legisladores demócratas el año 2024.

Hace seis días, Levin expresó, en un documento enviado a distintas instituciones del Estado norteamericano, su preocupación por las recientes acusaciones realizadas por el primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, quien afirmó que la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) recibió fondos públicos del Gobierno húngaro, anunciando que “las autoridades de su país investigarán este delito penal”.

La inquietud del congresista la expresó en una solicitud formal de intervención dirigida al director del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, Frank Bisignano; la presidenta de la Comisión Federal de Elecciones, Shana M. Broussard; y el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, argumentando que la ley federal de financiamiento de campañas prohíbe que el dinero extranjero sea utilizado en elecciones estadounidenses.

“La ley federal también prohíbe que las organizaciones participen directa o indirectamente en actividades de campaña. En conjunto, estas leyes protegen la voz y el voto de los ciudadanos estadounidenses y resguardan a la sociedad civil de la influencia externa”, asegura el documento al que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador.

Las afirmaciones de Magyar –asegura Levin– son preocupantes a la luz del manifiesto compromiso del primer ministro Orbán con Vladimir Putin y, particularmente, por las intenciones de la administración Trump de desmantelar “las salvaguardas que contrarrestan la interferencia extranjera en la política estadounidense”.

“Esto incluye el cierre del grupo de trabajo sobre Influencia Extranjera del Buró Federal de Investigaciones y el memorándum de febrero de 2025 del Departamento de Justicia, que reduce la aplicación de las leyes de registro de agentes extranjeros”. Estas acciones, agrega el congresista, “envían una señal a los gobiernos extranjeros de que su intención de socavar la democracia estadounidense es bienvenida y que pueden seguir intentándolo”.

A continuación, Mike Levin solicita responder las siguientes inquietudes a las autoridades norteamericanas: ¿la CPAC recibió fondos de un Gobierno extranjero, en qué cantidades y para qué beneficiarios? ¿La CPAC ha violado alguna ley federal sobre actividades electorales o políticas, viajes de candidatos o funcionarios públicos en los Estados Unidos? ¿Ha realizado el Servicio de Impuestos Internos alguna auditoría o acción de cumplimiento para asegurar que la CPAC cumpla con las restricciones sobre actividades políticas por parte de organizaciones benéficas?

Las preocupaciones manifestadas por Levin en su solicitud buscan preservar la “integridad de las elecciones de nuestra nación y de la salud de la democracia estadounidense”. “El pueblo norteamericano –agregó el congresista– merece saber que su voto importa y que su voz se escucha. Estas alegaciones exigen una respuesta rápida y exhaustiva para garantizar un enfoque de tolerancia cero hacia la interferencia extranjera en la política estadounidense”.