El jefe nacional de Asuntos Públicos de la Policía de Investigaciones, subprefecto Alfredo Espinoza, rechazó las acusaciones que hablan de una supuesta asociación ilícita en el organismo generada para llevar adelante procedimientos de evaluación a detectives, recalcando que estos procesos presentan todas las garantías para los funcionarios.
Esto luego de la querella presentada en el 7º Juzgado de Garantía por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) representada por el abogado Rubén Jerez por el supuestamente arbitrario despido de 10 funcionarios desvinculados de la entidad, acusando la aplicación de un reglamento que no fue publicado en el Diario Oficial y el funcionamiento de «juntas clandestinas» para evaluar su desempeño.
«Lo desmiento categóricamente todos los integrantes de esta Policía conocen el sistema de calificaciones», enfatizó el subprefecto.
«Se habla que hay una suerte de asociación ilícita ya que hay juntas calificadoras que nadie conoce, eso es absolutamente errado. Todos los años se da a conocer públicamente mediante un documento oficial quiénes integran las juntas calificadoras, cuáles son las instancias de apelación ante las junta calificadoras si un detective no está de acuerdo con su calificación, o sea, que están todas las garantías del derecho para que un funcionario que cree que está siendo afectado pueda presentar los recursos pertinentes», aseguró.
Alfredo Espinoza esgrimió que «estamos en procesos administrativos que han tenido una larga data, han cumplido con todos los pasos que están contemplados en el reglamento y la Policía de Investigaciones se reserva el derecho de ejercer acciones legales en torno a esta materia, si hay acusaciones que puedan revertir alguna característica de ilícito penal, la Policía o las personas que aparecen cuestionadas también tienen el derecho como ciudadanos de ejercer las acciones legales que estimen pertinentes».
Asimismo, sostuvo que «en general en la administración pública, pero particularmente en esta Policía hay un trato especialmente riguroso en cuanto a cómo se evalúa al personal, y obviamente cuando hay gente que no cumple los reglamentos, cuando hay gente que comete faltas administrativas, que se alejan del código de ética de las normas jurídicas, la sociedad, los medios de comunicación nos exigen que seamos justos, pero severos en la aplicación de las normas administrativas y eso es lo que está haciendo la Policía habitualmente», recalcó el jefe de Asuntos Públicos de la PDI.
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