CAE: quiénes son los deudores y por qué el banco nunca pierde

Mientras el Gobierno activa embargos y retenciones de impuestos contra deudores del CAE, vale la pena preguntarse quiénes son realmente esas personas, porque hay dos historias acá: la de los deudores, que es una historia de precariedad, y la del negocio bancario, que es una historia de riesgo cero pagado con plata fiscal.

Partamos por los números. Desde 2006, más de 1,2 millones de personas usaron el CAE. De quienes están hoy en etapa de pago, el 81% gana menos de 1 millón al mes. El 69% gana menos de 750 mil. El 38% gana menos de 250 mil y un 14% declara ingreso cero. El propio ministro Quiroz lo dijo con algo que sonó casi a sorpresa: hay una cantidad “increíble” de personas que estudiaron, se endeudaron y hoy ganan menos de 1 millón. No es una sorpresa. Es exactamente lo que tenía que pasar con un sistema que prometió movilidad social y entregó deuda.

Dentro de ese universo hay un grupo que lo tiene peor: los desertores. De los cerca de 990 mil deudores analizados por Comisión Ingresa en 2025, 223 mil no terminaron sus estudios. De ellos, el 88% gana menos de 750 mil, el 42% declara ingreso cero y solo el 7% está al día. Llegaron desde colegios municipales, desde los quintiles más bajos, mayoritariamente a institutos profesionales. Pagaron aranceles reales con deuda real. No obtuvieron título. Y deben igual.

Ese es el escándalo central del CAE: el sistema castigó con más fuerza a quienes menos obtuvieron. Primero les vendió la promesa de un título que muchos no pudieron terminar. Después les cobró la deuda de todas formas.

Ahora, ¿qué pasa cuando no pagan? Acá aparece la otra historia.

El CAE no es un crédito estatal. Es un préstamo bancario con aval del Estado. El banco presta, a tasa fijada por ley en 2% anual, y el Estado garantiza hasta el 90% del capital más intereses. El banco asume riesgo sobre el 10% de lo que presta. Desde el primer día.

Cuando el deudor acumula cuatro cuotas impagas, el banco puede ejecutar esa garantía. La Tesorería General de la República –o la propia institución de educación superior– le paga al banco el 90% de la deuda. El banco cobra y se va. El Estado queda como nuevo acreedor y le cobra al deudor. Si egresó, le cobra la TGR. Si desertó en primer año, le cobra la IES. Si desertó después, le cobran ambos.

Para el banco el negocio es redondo: tasa garantizada, riesgo absorbido en 90% por el fisco, y cuando el impago se vuelve masivo, el Estado compra la cartera y se hace cargo. Más de 550 mil personas están en mora hoy. La garantía ejecutada ya alcanza al 53% de los egresados y al 71% de los desertores. El Estado lleva años pagándoles a los bancos la cuenta de un sistema que el propio Estado diseñó y avaló.

Quiroz lo reconoció sin eufemismos: cada año el fisco desembolsa 500 millones de dólares traspasándoles plata a los bancos porque, dijo, “no son los bancos los que pierden”.

El Gobierno tiene razón en ir contra quienes tienen ingresos altos y evaden el pago. Pero conviene saber de cuántos estamos hablando: 1.800 personas identificadas con ingresos sobre $5 millones, con una deuda promedio de $11 millones, el 0,3% del universo total de morosos, una cifra que el Estado espera recuperar en unos 20 millones de dólares, mientras cada año les paga a los bancos 500 millones en garantías ejecutadas.

Los embargos que ocupan los titulares afectan a menos de 1.500 personas. El relato del deudor irresponsable describe a una fracción minúscula del problema.

La arquitectura del negocio describe al sistema completo.