Aprendamos de la historia

La experiencia surge –entre otros factores– de la revisión de los errores cometidos. Las grandes corporaciones, las instituciones y, por cierto, los Estados, hacen bien en sacar lecciones aprendidas de sus pasajes oscuros.

Pensando desde una perspectiva estatal, debemos reconocer que los quiebres institucionales, la ruptura de la cohesión social y las grandes crisis, en definitiva, no surgen de la nada.  Por lo mismo, examinando nuestra Historia es prudente advertir con tiempo los síntomas de las crisis en gestación. En esta oportunidad, en que vivimos tiempos de conmoción a escala global y en medio de una región sacudida por diversas situaciones, es más necesario que nunca aprender de la historia.

En nuestro pasado reciente los chilenos tenemos grandes logros y también algunos pendientes. A finales del siglo pasado fuimos capaces de construir una transición a la democracia, que no fue fácil, pero lo logramos. Junto a ese gran logro, también tenemos pendiente examinar episodios que nos han afectado profundamente: evaluar por qué surgió el estallido social, analizar con rigor estatal la derrota que sufrimos en La Haya, ante la demanda peruana por el límite marítimo; qué decir de los excesos de los fallidos procesos constitucionales.

Así, abordaré un tema del que no se habla: el bajísimo interés de las elites políticas en las tareas de Estado, es decir, en los temas de Defensa y en las Relaciones Internacionales, y me abocaré al primero que –según dicen algunos analistas descorazonados– “es un tema que no da votos”, lo que es una constatación velada del vaciamiento programático que experimenta el debate político de las elites.

La Defensa, elemento insustituible de un Estado

Una de las funciones básicas de todo Estado es su defensa, la protección de su población, del territorio y de la soberanía. Esta función es indispensable. Sin ella, el Estado corre el riesgo de su extinción, incluso. Por lo anterior, su adecuada conducción debiera ser una de las prioridades de las autoridades, de las elites y en definitiva, de toda la sociedad. Desgraciadamente, si bien también hemos vivido momentos de gran visión estatal, pasamos a presentes que llegan a ser avergonzantes.

En efecto, así como en este siglo fuimos capaces de construir una concepción de la defensa profundamente nacional, con unas Fuerzas Armadas de todos y que protegen a todos, a las que el país dotó de recursos financieros y materiales para el cumplimiento de su misión, en los últimos tiempos hemos entrado en una deriva, al asignarles a las FF.AA. tareas que están más allá de su misión principal, al tiempo que se les reducen significativamente sus recursos.

El resultado no puede ser más lamentable: interrupción de la planificación y sometimiento del personal a tareas de seguridad interior de manera permanente y sin un Objetivo Final Deseado definido con claridad por parte de las autoridades políticas.

La Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas definen perfectamente la línea de mando. Esto es, el Presidente (en su calidad de jefe de Estado), el ministro de Defensa y los respectivos comandantes en Jefe de las tres ramas. A través de esa línea la autoridad política conduce al sector y, a través de esa misma línea, las instituciones le plantean al poder político sus inquietudes y necesidades. Es una cadena de doble vía, porque las FF.AA. están –como todos– subordinadas al poder de las autoridades elegidas por el soberano (la comunidad nacional toda), por tanto, son no deliberantes y plantean su opinión a través del conducto regular.

¿Qué pasa cuando el canal no funciona del todo bien? Esto suele suceder por múltiples razones: el poder político tiene otras prioridades, las autoridades no manejan la agenda del sector o a las FF.AA. se les asignan tareas para las cuales no tienen capacidades legales ni operativas. Casos como estos hemos tenido en el pasado reciente, con autoridades designadas que dedican gran parte de su quehacer “a conocer capacidades”, junto a Estados de Excepción que duran años.

El tema cobra más actualidad cuando constatamos que la inversión en Defensa no llega hoy ni de cerca al 1% del PIB (descontando Capredena). Lo hizo ver el general Iturriaga en la última discusión de presupuesto el año pasado. Todo esto, pese que las Fuerzas Armadas han experimentado una extraordinaria reducción de su personal y de sus guarniciones, a cambio de una mejor tecnología y de recursos humanos de una mayor preparación.

Pero no sirve de mucho tener una buena flota si no podemos garantizar un mínimo de navegación al mes, que permita el entrenamiento adecuado del personal, y vale lo mismo para la flota del aire. En cuanto al Ejército, hoy más del 80% de su personal es profesional, la mayoría altamente calificado en su respectiva Ocupación Militar Especializada, pero si se reduce constantemente el presupuesto para operaciones, o si deben dedicar gran parte de su tiempo a misiones extrainstitucionales, el resultado es desaprovechar las capacidades de que se dispone.

Los costos de la desatención de la defensa

El desenvolvimiento de un periodo de estas características lleva rápidamente a una fuga de personal, que comprensiblemente migra hacia otras oportunidades laborales. El país pierde así recursos humanos que ha costado formar.

Un inadecuado presupuesto también conduce a un insuficiente mantenimiento del potencial. Es como tener un buen auto, pero carecer de recursos para hacerle su servicio periódico. Asimismo, si el presupuesto es en gran parte consumido por el subtítulo 21 (gasto en personal), queda muy poco para operaciones. En suma, se afecta la seguridad del país.

¿Esta situación es inédita en nuestra historia reciente? Desgraciadamente no. A finales de los 70, en el siglo XX, un período de incomprensión de las elites gobernantes desembocó en un clima de frustración profesional en buena parte del personal.

En ese contexto de malestar surgió la deliberación que concluyó en el amotinamiento de los disconformes en el Regimiento Tacna (entonces ubicado a un costado del hoy Parque OHiggins).

Era el 21 de octubre de 1969. Los insurrectos fueron encabezados por el general Roberto Viaux. La decidida actuación de las tropas leales –al mando del general Emilio Cheyre Toutin–, que rodearon al Tacna, permitió restablecer el mando. Asumió un nuevo comandante en Jefe, el general René Schneider, quien fuera asesinado en septiembre de 1970 por un grupo terrorista de ultraderecha confabulado con la embajada de Estados Unidos de entonces.

Como señalara el general Carlos Prats, tras ser nominado como sucesor de Schneider, al romperse la línea de mando se abre un abismo por el cual se pueden deslizar las más peligrosas situaciones. El llamado “Tacnazo” no fue el único caso, pues si retrocedemos a la década de los 20 del pasado siglo, encontraremos el “ruido de sables” de los oficiales jóvenes, así como la sublevación de la marinería, entre otros episodios similares.

Aclaremos, en todo caso, que hoy en día, en pleno siglo XXI, no estamos frente a amenazas de este tipo, pero vivimos desde hace algunos años un clima de desatención de la Defensa Nacional.