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Disparidad de opiniones provocan fuentes de financiamiento mixto para la reconstrucción

por 7 abril 2010

Disparidad de opinión ha provocado entre algunos parlamentarios la propuesta del Ejecutivo de abordar la reconstrucción del país tras terremoto del pasado 27 de febrero, con una multiplicidad de fuentes de financiamiento.

Mientras el senador José García Ruminot (RN) compartió la fórmula que adelantó el Subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez, para reparar los daños por la catástrofe, su par, el senador Hosaín Sabag (DC) recalcó que no es necesario recurrir al alza de impuestos ni a la venta de activos del Estado.

Los parlamentarios se refirieron a las declaraciones del subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez, quien adelantó que el gobierno trabaja en "una fórmula mixta" para costear la reconstrucción, que consiste en reasignaciones presupuestarias, una ley de donaciones, venta de activos no prescindibles del Estado y revisión de las variables tributarias.

"Comparto la definición macro que entrega el subsecretario para sufragar los costos de la reconstrucción a fin de no afectar las variables que más inciden en la producción y el empleo y para el cumplimiento del programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera", afirmó García Ruminot.

El senador agregó que es fundamental que existan varias vías para la obtención de los recursos necesarios, "de tal manera que no afectemos las variables que más inciden en la producción y empleo, tales como, la caída en el valor del dólar y el rebrote inflacionario".

Por su parte, el senador Hosaín Sabag discrepó de su par porque "los anuncios de mayores impuestos o ventas de activos no son necesarios. Cualquiera de los gastos extraordinarios que debe realizar el país para enfrentar la catástrofe se podrían enfrentar usando el sistema de concesiones de obras públicas".

Agregó que "las empresas nacionales e internacionales están en condiciones de afrontar las construcciones de las miles de escuelas, hospitales, cárceles, puentes y caminos. Esto no significa que la ciudadanía tenga que pagar peajes por ellos, sino que el Estado podría pagar estas obras en un plazo de 10 ó 15 años".

El legislador aseveró que "esta fórmula garantizaría que las obras se puedan ejecutar en forma rápida y oportuna, ya que por el sistema tradicional del gobierno, la burocracia haría que este proceso sea muy lento y demoraríamos muchos años en reconstruir".

upi/jp/cf

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