Lunes, 5 de diciembre de 2016Actualizado a las 07:33

Alistan acusación en caso de ex frentistas ultimados en 1987

por 6 octubre 2010

El ministro en visita Mario Carroza alista la acusación en la investigación que dirige por el secuestro, homicidio y desaparición forzada de cuatro miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y un militante del Partido Comunista (PC), ocurrido entre septiembre y octubre de 1987.

Este miércoles, a las 00:00 horas, vence el plazo para solicitar la reapertura y nuevas diligencias en la causa, cuyo cierre ya se encuentra decretado.

Así, pasada la medianoche, el juez queda en condiciones para dictar la acusación contra los responsables del crimen y desaparición de los últimos desaparecidos del régimen militar: Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.

Actualmente, en la indagatoria se encuentran procesadas 35 de personas como presuntos coautores y encubridores del delito de secuestro calificado.

Entre ellas se cuentan el director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE) de la época, general (r) Julio Cerda Carrasco; el ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), general (r) Hugo Salas Wenzel; el entonces director del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brazo operativo de la DINE, coronel (R) Hugo Prado Contreras; el jefe operativo de la CNI, mayor (R) Álvaro Corbalán Castilla; y el ex agente del mismo organismo represivo, capitán (r) Luis Sanhueza Ross.

Según los antecedentes contenidos en el proceso, los frentistas fueron detenidos por agentes de la CNI, tras recibir una serie de informes de la DINE, elaborados en el marco del secuestro del gerente comercial de la Fábrica y Maestranzas de la institución castrense (Famae), coronel Carlos Carreño, ocurrido el 1 de septiembre de ese mismo año y que efectuó el FPMR.

La investigación judicial arrojó también que los cinco frentistas fueron asesinados en el Cuartel Borgoño, de la CNI. Después, se presume fueron llevados hasta la base aérea de Peldehue, del Ejército, y que sus cuerpos fueron cargados en un helicóptero y, posteriormente, arrojados al mar frente a las costas de Quintay.

El magistrado, además de esta causa, está a cargo de la indagatoria por el asesinato del senador (UDI) Jaime Guzmán ocurrido en abril de 1991 y de instruir las diligencias en cerca de 200 querellas presentadas por familiares de ejecutados políticos durante el régimen militar.

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