Plan Chile Renace: natalidad en crisis y el reto de responder a una nueva realidad familiar

La próxima semana se constituirá la Comisión Asesora Presidencial encargada de implementar el Plan Chile Renace, iniciativa anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública y que busca enfrentar la sostenida caída de la natalidad en el país, junto con fortalecer a las familias. El Mandatario sostuvo que muchos de los problemas del país tienen su origen en el debilitamiento de la familia, por lo que reforzarla es una prioridad de su gobierno.

La comisión estará integrada por especialistas de distintas disciplinas, entre ellas, economía, demografía, sociología, salud, vivienda, género y desarrollo infantil, quienes participarán a título personal y deberán entregar recomendaciones hacia fines de 2026. La estrategia contempla siete ejes de acción vinculados al costo de la vida, acceso a vivienda, sistemas de cuidados, conciliación laboral y familiar, salud reproductiva y fortalecimiento de los vínculos familiares.

El anuncio ocurre en un contexto demográfico sin precedentes. Chile registra actualmente menos de un hijo por mujer en edad fértil, una cifra que ubica al país entre los de menor fecundidad del mundo. Frente a este escenario, el Gobierno también anunció la creación de una Secretaría Ejecutiva para coordinar el Plan Chile Renace y el envío de un proyecto de ley para establecer un bono mensual de $30 mil por hijo para familias pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

En ese marco, diversos expertos valoran el abordaje multidimensional e intersectorial en la formulación de políticas públicas para un problema que se ha agudizado en la última década. Pero advierten la necesidad de entender correctamente cómo se organizan los proyectos reproductivos por fuera del concepto tradicional de familia, además de la poca efectividad de incentivos económicos aislados.

Cabe destacar que en Chile alrededor del 75% de los nacimientos ocurre fuera del matrimonio o del Acuerdo de Unión Civil, mientras que en los países OCDE esta cifra bordea el 40%.

Crisis estructural

Las cifras demuestran que la caída de la natalidad en Chile es un fenómeno estructural. Según el último informe Panorama Demográfico del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa global de fecundidad alcanzó en 2025 un mínimo histórico de 0,99 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1.

Datos que reflejan la magnitud del cambio. En 2025 se registraron 146.446 nacidos vivos, cerca de 130 mil menos que en 1993, lo que representa una disminución de 46,9% en poco más de tres décadas. A nivel internacional, solo Corea del Sur y Singapur presentan indicadores inferiores a los de Chile.

El envejecimiento de la población avanza con rapidez. Las proyecciones del INE indican que en 2028 habrá más personas mayores de 65 años que menores de 15 años. Hacia 2070, los adultos mayores podrían representar más del 42% de la población, mientras que los menores de 15 años apenas superarían el 7%.

Las consecuencias de esta transformación ya comienzan a evidenciarse en distintas regiones del país. En zonas como Valparaíso, Ñuble y Los Ríos se registran más defunciones que nacimientos, una tendencia que plantea desafíos para los sistemas de salud, pensiones, educación y cuidados, además de generar interrogantes sobre la disponibilidad futura de fuerza laboral y el crecimiento económico.

Los especialistas coinciden en que el descenso de la fecundidad no puede analizarse únicamente desde una perspectiva reproductiva. Se trata de un fenómeno que refleja cambios profundos en las condiciones de vida, las expectativas personales y las formas en que hombres y mujeres proyectan sus trayectorias familiares y laborales.

Fenómeno multifactorial

Las investigaciones recientes coinciden en que la disminución de la natalidad responde a una combinación de factores económicos, laborales, culturales y de género. Entre ellos destacan el aumento de la edad de maternidad, la incertidumbre económica, las dificultades para acceder a vivienda, la desigual distribución de las tareas de cuidado y la falta de condiciones que permitan compatibilizar crianza, trabajo y desarrollo profesional.

Las mujeres chilenas están postergando cada vez más la maternidad. La edad promedio para tener hijos alcanzó los 30 años en 2025, tres años más que a comienzos de la década de 1990.

En esa línea, el estudio exploratorio elaborado por el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2025, sobre los desafíos de la natalidad, concluye que muchas mujeres no rechazan tener hijos, sino que cuestionan las condiciones bajo las cuales deben asumir la maternidad. La sobrecarga de cuidados, la falta de corresponsabilidad y los costos asociados a la crianza aparecen como factores determinantes en la decisión de postergar o incluso renunciar a la maternidad.

La académica del Programa de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana de la Universidad Diego Portales, Heidy Kaune, sostiene que el foco debe estar puesto en remover los obstáculos que enfrentan quienes sí desean formar una familia. “La principal prioridad debería ser crear condiciones para que las personas que desean tener hijos puedan hacerlo. Hoy la decisión de postergar o renunciar a la maternidad y la paternidad está fuertemente influida por factores económicos, laborales y sociales más que por una falta de deseo de formar una familia”, señala.

En ese sentido, la directora del Magíster en Gobierno y Sociedad de la Universidad Alberto Hurtado, Ana Farías, advierte que las mujeres continúan enfrentando una doble carga entre trabajo remunerado y responsabilidades de cuidado. A su juicio, las políticas públicas debieran avanzar hacia sistemas integrales de cuidado que no se limiten a la expansión de salas cuna, sino que incorporen servicios para niños mayores, programas extraescolares y redes comunitarias de apoyo que permitan compatibilizar efectivamente la crianza con el desarrollo laboral y educativo.

Dimensión cultural y diversidad de las estructuras familiares

Junto con los factores económicos, las expertas subrayan que la discusión sobre natalidad también requiere comprender las transformaciones culturales que han experimentado las familias chilenas durante las últimas décadas.

La realidad familiar contemporánea incluye hogares monoparentales, familias reconstituidas, homoparentales y múltiples formas de organización afectiva y de cuidado. 

Para Heidy Kaune, cualquier política que pretenda aumentar la natalidad debe reconocer esa diversidad. Respecto al fortalecimiento de los vínculos familiares, la académica advierte que “el principal punto es entender que la realidad familiar chilena cambió. En Chile, alrededor del 75% de los nacimientos ocurre fuera del matrimonio o del Acuerdo de Unión Civil, mientras que en los países OCDE esa cifra bordea el 40%. Es decir, tenemos una estructura familiar y reproductiva muy distinta a la que muchas veces se asume en el debate público”. 

“Muchas personas no consideran el matrimonio como una condición para tener hijos y una proporción importante de jóvenes tampoco identifica necesariamente a la pareja como un requisito indispensable para la maternidad o la paternidad”, afirma.

La investigadora de la UDP agrega que el riesgo de diseñar políticas basadas exclusivamente en el modelo tradicional de familia es que terminen desconectadas de la realidad social del país. “Lo importante no es imponer una estructura familiar determinada, sino fortalecer las condiciones que permiten criar: redes de apoyo, cuidado, afecto, estabilidad económica, corresponsabilidad y comunidad”, plantea.

Ana Farías coincide en que la dimensión cultural resulta clave para comprender el fenómeno. Según la investigadora, persisten patrones tradicionales que siguen asignando a las mujeres la mayor parte de las responsabilidades de cuidado, reproduciendo desigualdades que influyen directamente en las decisiones reproductivas. Por ello, sostiene que las políticas públicas debieran promover activamente la corresponsabilidad parental mediante permisos compartidos, incentivos para una mayor participación de los padres en la crianza y campañas que contribuyan a modificar normas sociales profundamente arraigadas.

Desde Rumbo Colectivo, la directora de estudios Paula Castillo advierte que centrar el debate exclusivamente en el fortalecimiento de los vínculos familiares puede resultar insuficiente. “La decisión de postergar o renunciar a la maternidad responde principalmente a condiciones materiales concretas: el costo de criar, la ausencia de servicios de cuidado accesibles y la precariedad laboral que se agudiza con la maternidad”, señala.

A su juicio, un enfoque que privilegie únicamente el modelo biparental conyugal corre el riesgo de excluir las diversas configuraciones familiares existentes. “Las políticas que sostienen la natalidad parten del reconocimiento de esa diversidad y garantizan derechos universales independientemente de la forma en que está constituido el hogar”, afirma.

Políticas comparadas efectivas

Las experiencias internacionales muestran que no existe una medida aislada capaz de revertir por sí sola las tendencias demográficas. Los países que han logrado contener de mejor manera la caída de la natalidad han desarrollado estrategias integrales y sostenidas durante décadas.

Heidy Kaune destaca que los casos más exitosos han combinado acceso universal a cuidado infantil, conciliación entre trabajo y familia, corresponsabilidad en la crianza, estabilidad laboral y acceso a vivienda. “La discusión no debe centrarse en cómo convencer a las personas de tener hijos, sino en cómo eliminar las barreras que hoy hacen que la maternidad o la paternidad sean percibidas como un proyecto difícil o incluso inalcanzable”, sostiene.

Respecto del bono de $30 mil anunciado por el Gobierno, la especialista estima que su efecto sería limitado. “Los incentivos económicos aislados tienen un impacto muy bajo. Las personas no dejan de tener hijos por la ausencia de un bono, sino porque enfrentan dificultades para acceder a vivienda, compatibilizar crianza y trabajo o contar con redes de apoyo”, afirma.

Paula Castillo coincide en que la evidencia internacional es clara. A su juicio, las políticas más efectivas combinan tres pilares: cobertura universal de cuidado infantil para niños pequeños, licencias parentales diseñadas bajo criterios de corresponsabilidad y apoyos económicos focalizados en los hogares más afectados por los costos de la crianza.

La investigadora advierte que experiencias como las de Japón, Corea del Sur y España demuestran que los subsidios monetarios por sí solos tienen resultados limitados. “La baja natalidad es, en el fondo, el síntoma de que criar en Chile sigue siendo percibido como un factor de vulnerabilidad”, concluye.

Por su parte, la académica de la UAH, Ana Farías explica que la efectividad de las medidas pasa por “abordar los costos de oportunidad asociados a tener hijos, especialmente para las mujeres. Esto implica garantizar el acceso universal a servicios de cuidado infantil de alta calidad, fomentar la corresponsabilidad parental, reducir las desigualdades salariales de género y facilitar el acceso asequible a la vivienda. Además, es fundamental crear un entorno laboral flexible y compatible con las necesidades familiares, incluyendo licencias parentales adecuadas y horarios que permitan conciliar la vida profesional y personal”.

Mientras el Gobierno inicia el diseño de su estrategia demográfica, los especialistas coinciden en que el desafío trasciende el aumento de los nacimientos. Se trata –sostienen– de construir condiciones que permitan a las personas desarrollar sus proyectos familiares diversos en un contexto de mayor seguridad económica, corresponsabilidad y apoyo social, elementos que la evidencia internacional identifica como indispensables para enfrentar una de las transformaciones demográficas más profundas de la historia reciente.