En la primera condena de derechos humanos de este 2011, la Sala Penal de la Corte Suprema rebajó las penas para el ex jefe de la disuelta DINA, Manuel Contreras por los homicidios calificados de Armando Jiménez Machuca, Samuel Núñez González, Guillermo Álvarez Cañas, Héctor Rojo Alfaro, Raúl Bacciarini y Fidel Bravo Álvarez, ocurridos el 22 de septiembre de 1973 en el puerto de San Antonio.
En resolución dividida, los ministros de la Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller determinaron una pena de 7 años de cárcel para Contreras.
En tanto, David Miranda Monardes deberá cumplir 6 años de presidio, sin beneficios.
Los otros dos encausados Eugenio Videla V. y Carlos Araya S. fueron absueltos por falta de participación.
Respecto a las demandas indemnizatorias presentadas por los familiares de las víctimas, éstas fueron rechazadas en base a la causal de «incompetencia absoluta del tribunal», criterio que no fue compartido por los ministros Dolmestch y Künsemüller que estuvieron por acoge el pago compensatorio.
En tanto, en el aspecto penal los jueces Segura y Ballesteros eran del parecer de decretar la absolución de todos los sentenciados por considerar prescrita la acción penal.
En primera instancia el ministro Joaquín Billard había determinado que Contreras debía cumplir 15 años de presidio, mientras que Miranda Morales 12 años de sanción penal.
La Corte de Apelaciones de Santiago redujo la pena sancionando a Contreras con 12 años de prisión y Miranda con 6 años de reclusión.
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