Por amplia mayoría fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto sobre Normas de Ordenamiento Territorial y Sanitarias para la Acuicultura, que tiene por objeto asegurar la sustentabilidad de esta actividad económica en las regiones australes del país y dar facilidades en materia de patentes a los pequeños y medianos acuicultores.
La iniciativa, que forma parte de la ley general de Pesca y Acuicultura, tiene entre sus principales disposiciones el cerrar el acceso a nuevas concesiones en la región de Aysén hasta el año 2015, a fin de contar con el tiempo suficiente para culminar el proceso de ordenamiento territorial iniciado el año 2010.
Al respecto, el ministro de Economía, Pablo Longueira, destacó que con esta norma se busca asegurar una «industria sustentable que mantenga la actividad económica y el empleo en las regiones australes del país, donde la continuidad de muchos pequeños productores depende de que manejemos responsable y ordenadamente la utilización de los recursos acuícolas».
El proyecto establece un pago por la mantención de concesiones de acuicultura sin uso e incorpora nuevas causales de caducidad de la concesión por mal desempeño sanitario.
«Estas medidas están orientadas a garantizar una correcta explotación de los recursos y a sancionar a los productores que por un comportamiento inadecuado ponen en riesgo el patrimonio sanitario nacional y, en definitiva, a toda la industria», acotó el secretario de Estado.
La iniciativa pretende, además, entregar facilidades a los pequeños y medianos acuicultores, con dos medidas concretas: la condonación de patentes a pequeños acuicultores de algas, que favorecería en total a unas 1.800 personas; y la exención de patentes de acuicultura a las personas naturales que tengan solo una concesión de algas de hasta una hectárea, lo que beneficiaría especialmente a acuicultores de Chiloé y Maullín.
Aquellos productores que mantienen deudas de patente y que no son beneficiados por la condonación o exención, podrán pagar sus deudas pendientes en un plazo de hasta tres años, evitando de este modo la pérdida de la concesión. Esto beneficiaría principalmente a acuicultores de choritos de la región de Los Lagos.
El proyecto deberá continuar su segundo trámite constitucional al inicio del nuevo año parlamentario, en marzo próximo.
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