Fraude al Fisco: el delito por el cual Jorge Quiroz fue condenado y luego absuelto por la Suprema

Jorge Quiroz Castro lleva tres meses en el cargo más delicado del gabinete de José Antonio Kast. Es el ministro de Hacienda: el custodio del presupuesto y un duro entre duros, que llegó al Ministerio de Hacienda el 11 de marzo de 2026 prometiendo austeridad, equilibrio fiscal y respeto por el erario y que por estos estos días ha reiterado que se le va a cobrar hasta el último peso que deben a los deudores del CAE.

Lo que no dijo es que el 12 de agosto de 2014 tres ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago firmaron una sentencia que lo declaraba coautor del delito de fraude al Fisco de Chile, siendo condenado a 41 días de prisión y a pagarle al fisco 13 millones de pesos, en el contexto del primer gran escándalo de la política que se produjo en Chile tras el regreso de la democracia, el caso MOP-Gate.

Por cierto, fue finalmente absuelto por la Corte Suprema, en un fallo que solo le dedicó dos líneas, diciendo que en el caso de Quiroz y otros asesores no quedó demostrada “de manera vehemente la existencia de una colaboración maliciosa en la producción del suceso ilícito”, lo que en lenguaje vernáculo significa que se probró la existencia del delito y la participación de los absueltos, los cuales quedaron en tal condición gracias a que la Segunda Sala del máximo tribunal estimó que no habían obrado con dolo.

También te puede interesar:

La arquitectura del robo

Para entender el rol de Quiroz en el MOP-Gate es necesario recordar que dicho escándalo obedece a que durante el gobierno de Ricardo Lagos se diseñó un sistema destinado a pagar sobresueldos a políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia, lo que se hacía a través de la Coordinación General de Concesiones del MOP, la cual inflaba artificialmente los contratos con consultoras privadas a la cuales contrataba por montos que no obligaban a llamar a licitación. La diferencia entre lo que valía realmente la consultoría y lo que cobraba el consultor se desviaba hacia una empresa de papel llamada GATE S.A. —Gestión Ambiental y Territorial— que en la práctica no prestaba ningún servicio real. Desde GATE, el dinero se distribuía en efectivo entre funcionarios del ministerio y actores políticos.

Así, el Estado pagaba sobresueldos ilegales disfrazados de honorarios a las consultoras y estas, a su vez, retornaban el excedente, que se usaba para los sobresueldos, que se repartían en sobres, a fin de mes.

El perjuicio fiscal acreditado judicialmente alcanzó los $1.253 millones de pesos solo en la causa principal, que fue investigada a inicios del año 2002 por una entonces desconocida ministra en visita: Gloria Ana Chevesich, actual Presidenta de la Corte Suprema, la cual emitió un fallo en el cual condenó al ministro de Obras Públicas de la época (Carlos Cruz) y a varias otras personas, pero absolvió en primera instancia -luego de haberlo sometido a proceso y haberlo enviado dos días al anexo cárcel Capuchinos- al asesor empresarial Jorge Quiroz Castro y a otros consultores.

Gerens, Salinas y los 13 millones

La empresa Gerens —de la que Quiroz era socio, junto a Patricio Arrau Pons— fue contratada por la Coordinación de Concesiones del MOP para desarrollar asesorías relacionadas con obras de riego. El convenio lo suscribió el funcionario del ministerio Roberto Salinas Briones con Quiroz, en representación de la firma, el 11 de junio de 1999, por un total de $36,7 millones de pesos. De ese total, $13 millones fueron devueltos por Gerens a GATE.

La defensa de Quiroz en el proceso fue asumida por el ahora embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, quien adujo que el actual ministro no sabía lo que estaba pasando, pero según los integrantes de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en 2014 (el abogado integrante David Peralta y los ministros Jorge Dahm y Juan Antonio Poblete, actualmente destituido) las asesorías contratadas a Quiroz y otros eran aceptadas por los profesionales incluyendo dentro de la boleta de GATE dinero “por trabajos inexistentes”.

“En definitiva, el trabajo le costaba al Fisco una cantidad mucho mayor que la real“, indica el fallo y agrega que “así las cosas, los consultores o empresas consultoras, sabían de antemano, esto es, antes siquiera de postular a adjudicarse algún trabajo, que estaban cobrando un monto superior al real y que éste no era para su beneficio o utilidad, sino que ello simulaba un gasto inexistente, que se justificaba para pagar otras obras, servicios o mejorar los sueldos de los que laboraban en el Ministerio de Obras Públicas”.

Y no solo eso: “el artificio expuesto deja en evidencia que los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas se coludían con los consultores, los que obraban a sabiendas que se estaban alterando los precios, y que se prestaban a ello para adjudicarse la propuesta a que llamaba ese Ministerio. Es claro y notorio que tales consultores no podían estar ajenos a lo anormal del procedimiento, ya que lo conocían y concertaban antes que se iniciara el proceso de invitación y presentación de propuestas, con la seguridad de que de esa forma aseguraban la adjudicación del trabajo”.

Asimismo, los ministros dijeron que no eran aceptables las excusas de los consultores, “pues todos los imputados son profesionales de carreras que importan altos estudios superiores, la mayoría con postgrado“, indicaron (en el caso de Quiroz, este posee un doctorado en Economía de Universidad de Duke, obtenido en 1991), agregando que a todos estos les resultaba “perfectamente exigible entender que esta no es una manera normal de operar y menos aun tratándose de fondos públicos. Cualquier persona con una mediana inteligencia entiende que abultar el precio de un trabajo, justificándolo con una boleta de un tercero y entregando ese importe al girador de esa boleta por un trabajo inexistente y todo ello para asegurar que se adjudique en su favor una consultoría, representa un fraude para quien paga y encarga el trabajo. Por lo que no parece creíble que por el sólo hecho que se lo pedía un funcionario del Ministerio, ello no fuera representado siquiera por alguno de los consultores, lo que demuestra que sabían de la anormalidad y que ella operaba en su beneficio, ya que les aseguraba el contrato de consultoría”.

También criticaron el hecho de que algunos de ellos dijeran haber sido engañados, “lo que resulta inverosímil”, aseverando que “no se necesitan mayores conocimientos para entender la ilicitud de pagos en los cuales lo recibido es manifiestamente inferior a lo que aparece cobrado y por los cuales se emiten las boletas correspondientes abultando sus montos, lo que está debidamente acreditado en autos”.

Ante ello, en el caso de Quiroz, los ministros del tribunal de alzada decidieron condenarlo a 41 días de prisión, así como inhabilitación especial perpetua para cargos públicos, y la obligación de restituir al erario público $13 millones de pesos, más reajustes e intereses.

Sin embargo, cuando el caso fue finalmente fallado por la Corte Suprema, el 28 de uno de 2016, la Segunda Sala del máximo tribunal —integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama— revocó por unanimidad la condena y restableció la absolución inicialmente dictada por Chevesich, bajo el argumento, ya explicado, de que no había existido dolo de parte de los consultores, y que debido a ello “es dable aceptar la certeza moral absolutoria arribada por la juez de primera instancia“.

Lea el fallo de la Corte de Apelaciones

Lea el fallo de la Corte Suprema