El funcionario es también vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales
El arqueólogo Ángel Cabeza, ex director de la Dibam, y ahora segundo al mando del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, tras el subsecretario nombrado por Piñera, Emilio de la Cerda Errázuriz, acumula sendas críticas al interior de los organismos que dirige debido al gasto acumulado en viajes que superan los $38 millones, a la discrecionalidad con que ejerce el cargo de Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales y recientemente también a la contratación -siendo él un militante PPD- de varias funcionarias de Chile Vamos en cargos claves el mismo día que asumió Piñera, situación calificada al interior del servicio como «oportunismo político».
El arqueólogo Ángel Cabeza debe ser actualmente el funcionario más resistido del recién creado Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio que dirige la ministra Alejandra Pérez. Desde la entrada en vigencia de la ley que dio vida al ministerio, Cabeza lidera el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, pero hasta hace pocas semanas era nacionalmente conocido por el cargo que ostentó desde el 2015, el de director de la Dibam y simultáneamente el de Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, ambas reparticiones antes dependientes del Ministerio de Educación.
Siendo militante PPD y hombre de confianza en el mundo de la cultura del senador Guido Girardi, sus últimas contrataciones ahora en calidad de director nacional del servicio, en las que ha reclutado incluso como jefa de gabinete a una concejala de Renovación Nacional, han vuelto a levantar una serie de cuestionamientos al interior y fuera del servicio, respecto de su liderazgo y cualidades técnicas para el cargo, toda vez que estas designaciones son interpretadas como una «estrategia política» para congraciarse con la actual administración de Piñera y así «afirmarse» en un cargo, que aumenta su grado de poder con la creación de nuevas reparticiones a lo largo del país, y que además, luce mucho, debido a los numerosos viajes nacionales y al extranjero. En efecto, en los últimos tres años, Cabeza suma gastos por concepto de pasajes y viáticos por casi $40 millones, con largas estadías en Europa. Junto a esto se suma una reiterada crítica sobre el elevado grado de discrecionalidad que ha impuesto en sus decisiones en el cargo de Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, donde los cuestionamientos a su liderazgo son de antigua data.
Ángel Cabeza, en su calidad de director de la Dibam y de vicepresidente del CMN, realizó 87 comisiones de servicio, 75 nacionales y 12 internacionales. Con una descripción más bien desprolija en el detalle de los viajes – que en el beneficio de la duda podrían ser errores de digitación- en el sitio de Gobierno Transparente se da cuenta de varios viajes nacionales realizados el año 2015 cuya cuadratura de gastos no cuadra. También se describe un viaje de tres días a Brasil con un críptico objeto de la reunión: «la instalación de las instancias de gobierno del centro regional de capacitación para la gestión del patrimonio del Centro Lucio Costa». Llama la atención que a esta comisión de servicio se le asignó un costo de cero peso, por cuenta del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, organismo que en el 2015 no había sido creado, ya que este servicio comenzó a regir recién el 1 de marzo de este año. En el mismo registro también se pueden apreciar viajes duplicados, en las mismas fechas y por los mismos conceptos, a Isla de Pascua por tres días, asignándole un costo total por cada viaje de $769 mil.
Consultado al propio Cabezas por los viajes realizados en su gestión, el director del servicio a través de su jefa de gabinete instruyó al jefe de la división jurídica responder en su nombre, quien señaló que la suma global de sus comisiones de servicio alcanzan a los «$ 38.459.577 con cargo al presupuesto de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos» y que de estos $9.409.829 corresponden a viáticos.
Tras reconocer que el cargo de jefe de la Dibam es un puesto en el que se viaja mucho, debido a las invitaciones al extranjero que recibe, funcionarios de las direcciones de la Dibam recuerdan que una de las polémicas que comenzó a marcar su estilo, tuvo lugar cuando estaba en comisión de servicio en Brasil y se comunicó a Santiago para que le hicieran los preparativos para asistir inmediatamente a una invitación a África. Las fuentes, que han pasado varios periodos en la Dibam con distintos directores- admiten que situaciones como estas no se habían observado nunca, y que por lo mismo, en este caso específico fue la propia secretaria de Cabeza la que lo tuvo que hacer desistir de ese viaje, por la complejidad administrativa que ello significaba.
Una de las más claras actuaciones que -según fuentes de servicio de patrimonio- reflejan el perfil de Cabeza, sucedió apenas tomó la administración del gobierno, el Presidente Sebastián Piñera. Tras designar a Alejandra Pérez como ministra de Cultura, Artes y Patrimonio, se nombró a Emilio de la Cerda Errázuriz como flamante Subsecretario de Patrimonio Cultural y Presidente del Consejo del Consejo de Monumentos Nacionales.
Con este arquitecto, aunque mucho más joven, con Cabeza son viejos conocidos. Antes de ser designado en el presente cargo, de la Cerda fue nombrado en el primer gobierno de Piñera como Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, un cargo que depende de la vicepresidencia. Pese a que no alcanzaron a trabajar juntos, en círculos cercanos a Cabeza comentan que la designación de la Cerda Errázuriz como subsecretario y superior jerárquico del arqueólogo provocó profunda molestia en Ángel Cabeza, porque -aseguran- se resiste a actuar bajo las órdenes de una persona que ha ocupado cargos «inferiores a los de él».
Trabajadores del edificio de la Biblioteca Nacional cuentan que la tensión llegó a un «grado inusitado de incomodidad para todos los funcionarios» cuando el recién nombrado subsecretario llegó al edificio de calle Santa Lucía y se dio cuenta que no tenía oficina. «Pidió entonces la oficina de Ángel Cabeza, que es la más grande del monumento histórico, y que por jerarquía le corresponde. Pero Cabeza se negó a entregar su oficina y dispuso que al subsecretario lo ubicaran en una oficina lejos de la de él, mucho más pequeña, y en el segundo piso de Alameda, en la sala Pedro Pablo Zegers», comentan.
Este hecho inauguró un clima ambiental que aumenta en tensión. Desde luego de la Cerda no aceptó esa oficina y pidió que le acondicionaran la Sala Ercilla, contigua a la oficina de Cabeza.
Pese a que el director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural llegó al cargo por Alta Dirección Pública, quienes conocen a Cabeza afirman que está muy preocupado por su estabilidad en el cargo, por lo que ha comenzado a buscar apoyos en la Dirección Sociocultural de La Moneda, que agrupa a varias fundaciones, y que dirige Cecilia Morel, y también a contratar profesionales de derecha para tender puentes con Chile Vamos.
Dentro de estas contrataciones la que más ruido ha provocado al interior es la de María del Pilar Cruz Hurtado, la nueva jefa de gabinete del director del servicio de Patrimonio Cultural. Pilar de la Cruz milita en Renovación Nacional desde 1997 y ha sido reelecta como concejala por su partido en Providencia por cuatro períodos consecutivos, siendo sus áreas de desarrollo la seguridad ciudadana, la salud y el adulto mayor.
De la Cruz es egresada de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral, y fue contratada por Cabeza para entre otras funciones «apoyar y difundir las acciones que desarrollen cada una de las unidades dependientes del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, como es rescatar, conservar, investigar y difundir el patrimonio cultural. Recibe un sueldo mensual de $3.157.010
Otra de las contrataciones que realizó Cabeza el mismo día que asumió el gobierno el Presidente Piñera fue la de Ana Eugenia Martínez Roca, como experta en Relaciones Internacionales. Martínez Roca es cónyuge de Emilio Meneses Ciuffardi, el ex académico de la UC y analista de defensa, que fue desvinculado de la universidad tras establecerse en un fallo de la jueza María Teresa Letelier, que Meneses en su calidad de oficial de reserva de la Marina para el Golpe de Estado fue «interrogador» en el Estadio Nacional cuando el recinto fue un centro de detención.
Otras de las áreas en las que existe cuestionamientos a Cabeza, se da precisamente entre sus colegas de arqueología del Consejo de Monumentos Nacionales. Fuentes de la coordinación de patrimonio arqueológico señalan que la principal crítica es el grado de discrecionalidad con la que toma las decisiones respecto al patrimonio arqueológico y al destino de sus funcionarios.
«El consejo es un organismo altamente técnico que, entre otras funciones, debe evacuar informes cuando se le solicita por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, en el caso, por ejemplo, de proyectos de desarrollo en obras públicas», describen. «Esos informes, a sabiendas que hoy Chile se ha revelado como un territorio donde se realizan hallazgos de alto valor arqueológico, demoran su tiempo en elaborarse pero siempre está presente el interés político para responder rápido a una necesidad del MOP antes que al debido cuidado de la evaluación patrimonial patrimonio», citan a modo de ejemplo.
Las críticas a Cabeza en temas de patrimonio no son nuevas. En 2006 cuando ejercía como secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales autorizó una masiva remoción de patrimonio arqueológico en el Valle de Pupío en la región de Coquimbo. Lo anterior, para dar paso a la construcción del polémico “Proyecto de Desarrollo Integral de Mineral Los Pelambres (MPL)”, nombre de fantasía con el cual esta empresa del grupo Luksic bautizó al tranque de relaves El Mauro.
El citado megaproyecto –declarado “obra ruinosa” por el Tribunal de Los Vilos y “peligro para la vida humana” por la Corte Suprema, y considerado entre los tres de mayor impacto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental junto a las represas de Endesa en el Alto Biobío y la planta de celulosa de Arauco en Valdivia– implicó la excavación irregular de más de 148 sitios arqueológicos, y la remoción de más de 500 rocas con más de 2.000 petroglifos de origen diaguita, incaico y molle, de más de 7 mil años de antigüedad, en lo que el Colegio de Arqueólogos denominó en su momento como “la mayor intervención patrimonial en la historia moderna de Chile”.
Por este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente cursó en 2014 a la citada empresa una multa de 2,4 millones de dólares por violar la Resolución de Calificación Ambiental 038 del año 2004, que obligaba a la construcción de un “parque rupestre”, antes de remover los petroglifos.
