PAÍS
El fiscal regional de O’Higgins concedió una entrevista a la agencia EFE, quien lo cataloga como el «encargado de resolver el puzzle de abusos de la Iglesia chilena».
Un entramado de casos sobre la presunta comisión de delitos de encubrimiento, abuso sexual, pederastia y estupro en el seno de la Iglesia católica de Chile durante décadas es el puzzle que el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, trata de resolver desde hace meses.
Un puzzle que comienza a cobrar «un aspecto más propio de lo que podría ser el crimen organizado, por así decirlo, o del delito cometido al interior de una organización», expresó Arias en una entrevista con Efe.
El fiscal explicó que eso se debe a que no solo participan los autores de los delitos, sino además «los cómplices y los encubridores».
«Es un fenómeno bastante parecido a la corrupción. La característica fundamental de la corrupción y por qué es tan peligrosa es porque es muy viral, en el sentido de que se comete y se involucra en el acto de corrupción no solo el delincuente (…) sino también todos aquellos que participaron en ese hecho y no denunciaron, o que participaron y recibieron», agregó.
No obstante, Arias aclaró que «la Iglesia no es una organización mafiosa o criminal», ya que ese calificativo jurídico está condicionado a que la organización se «tendría que haberse formado para cometer esos ilícitos».
Sin embargo, lo que sucede en este caso es que se cometen esos delitos dentro de una organización, la Iglesia, pero que no tiene una finalidad criminal.
Arias trabaja en estos momentos con 70 investigaciones por abusos sexuales en relación a 155 víctimas y con más de 60 sacerdotes imputados, numerosas piezas de un rompecabezas que se amplía con regularidad con el paso de las semanas con nuevas declaraciones o registros.
Unas cifras que se suman a las indagaciones que se llevan a cabo en otras regiones de Chile y que, según la Fiscalía Nacional, abarcan 119 investigaciones abiertas a nivel nacional, con 167 personas imputadas y 178 víctimas cuantificadas hasta finales del pasado agosto, 79 de las cuales eran menores en el momento de los hechos.
La gran mayoría de estas piezas del gran puzzle sobre abusos sexuales en el seno clerical las conforman sacerdotes y religiosos, pero también laicos, e incluso siete obispos.
Precisamente la del obispo -en Chile hay 34- «es una figura central» en toda la problemática en torno a los escándalos que siguen aflorando en el país, aunque Arias puntualizó que no es exclusivo de Chile y mantienen «patrones similares» con otros casos en Irlanda, Estados Unidos y Australia.
«El obispo es una figura central en las investigaciones canónicas. Es quien inicia la investigación, determina quién hace la investigación, examina el informe del investigador para saber si son verosímiles o no los hechos que se le imputan a una determinada persona», dijo.
«Es, en cierta manera, quien decide no informar de estos hechos a la Justicia Civil», puntualizó el fiscal.
Por esos motivos, Arias está pendiente de atender la declaración del arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, imputado por la presunta comisión del delito de encubrimiento.
Los obispos «pudieron haber evitado que se siguieran cometiendo ciertos delitos, por ejemplo, haber denunciado ante la Justicia civil oportunamente hechos graves», afirmó Arias.
«La conducta del encubridor, si es que se acredita, sin duda fue la que posibilitó la comisión de estos delitos de manera reiterada», agregó.
El tiempo que ha pasado -décadas- sin que estos casos saliesen a la luz es el principal factor que el fiscal de O’Higgins tiene en contra para resolver el entramado, que ahora lidera a nivel nacional tras ser nombrado persecutor referente de estas causas.
La prescripción de la mayoría de los casos -la Fiscalía Nacional informó a finales de julio que hay casos que datan desde 1960- es lo que retrasa el avance de las investigaciones.
Arias señaló que, aunque recopile denuncias y obtenga documentación en registros a edificios religiosos -ha realizado seis allanamientos en menos de tres meses, entre ellos dos veces el arzobispado de Santiago-, muchas quedan archivadas.
Matizó que está utilizando una herramienta jurídica, «interrupción de la prescripción se llama», dijo, que le está permitiendo actuar con retroactividad.
«Si el delincuente comete un delito en 2002, prescribe en 2007. Siempre y cuando no cometa otro delito en el plazo intermedio. Si comete otro delito, por ejemplo, en 2004, se interrumpe y empezamos (a contar para la prescripción) de nuevo. Eso es lo que estamos haciendo en todos los casos», aclaró.
Así consiguió la imputación del excanciller del arzobispado capitalino Óscar Muñoz por la presunta comisión de abusos sexuales y estupro contra cinco menores en casos que datan del año 2002, acusación por la que fue decretada su prisión preventiva hace más de un mes.
«Hay que encontrar un caso que no esté prescrito para que se revivan todos los anteriores (…) Esto supone que (las víctimas) se motiven con nosotros y no vean su caso por perdido», afirmó.
Esa motivación, romper el silencio que por años guardaron las víctimas ante la impunidad reinante en el interior de la Iglesia, es lo que Arias pretende para seguir agregando piezas a su puzzle.
«Nuestra máxima ambición es contar con el máximo número de víctimas que confíen en nosotros, para que nos expliquen, porque ellos son los únicos que nos lo pueden explicar, por qué pasa esto y por qué no se denunció», dijo Arias.
