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A 50 años del atentado terrorista en Washington
A 50 años del asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt en Washington, El Mostrador publica un capítulo actualizado de Los crímenes que estremecieron a Chile, que reconstruye la operación de la DINA, las maniobras de encubrimiento y el proceso judicial contra sus responsables.
El 21 de septiembre de 1976, “en pleno Sheridan Circle, zona de las embajadas en la capital de los Estados Unidos, la tranquilidad se rompió abruptamente con la explosión de una bomba al interior del vehículo que conducía Orlando Letelier, en el que viajaba rumbo a su oficina junto a su secretaria Ronnie Moffit y su esposo Michael. El ex canciller chileno murió en forma instantánea y su secretaria, minutos después”. A 50 años de los asesinatos perpetrados por la DINA, El Mostrador publica hoy el capítulo actualizado correspondiente a este episodio del libro “Los crímenes que estremecieron a Chile” de los periodistas Jorge Escalante, Nancy Guzmán, Javier Rebolledo y Pedro Vega.
CAPÍTULO: ASESINATO EN WASHINGTON
A menos de 24 horas antes de su muerte, el ex Canciller Orlando Letelier del Solar se sentía, de momento, tranquilo. Nada le hacía pensar que sería blanco del aparataje represor instalado en Chile, con absoluta impunidad, después del Golpe de Estado de 1973.
Sabía que la dictadura militar, de Augusto Pinochet, se empeñaría en destruir su imagen pública mediante calumnias, tanto en Chile como en Estados Unidos; sin embargo, no estaba en sus cálculos que los organismos represivos de inteligencia, en particular la DINA, osaran atravesar una vez más las fronteras de su país para asesinarlo el 21 de septiembre de 1976 en Washington DC.
La operación ordenada por la Dirección Nacional de Inteligencia, del gobierno militar había sido cuidadosamente planificada. Era la tercera y última misión de la Dina en el extranjero para acabar con la vida de hombres que eran líderes naturales de la oposición en el exilio. Considerados altamente peligrosos por sus convicciones democráticas, que habían tenido que salir del país con sus familias y de los cuales la dictadura se sentía altamente amenazada.
En septiembre de 1974 la Dina usó por primera vez el sistema y el modus operandi de un artefacto explosivo bajo un auto. Los mismos agentes del Estado que participaron en el asesinato de Letelier, dirigidos por el coronel Manuel Contreras Sepúlveda, habían viajado dos años antes hasta Buenos Aires, y en pleno barrio Palermo, habían colocado una bomba bajo el auto Fiat 125 de propiedad de los Prats-Cuthbert. Al explotar, el artefacto mató en el lugar al ex comandante en jefe del Ejército chileno, general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.
En octubre de 1975, los agentes de la Dina viajaron a Roma, Italia, donde fueron apoyados por terroristas italianos para atentar contra la vida del ex vicepresidente de la Republica, Bernardo Leighton y su esposa Anita fresno. Ambos resultaron gravemente heridos, luego de recibir varios balazos en su cuerpo, en plena calle. Si bien no murieron, nunca pudieron recuperarse del todo de las heridas. Ambos fallecieron años después en Chile.
Casi un año después del atentado a Bernardo Leighton y su esposa, Orlando Letelier erraba en su apreciación y análisis sobre su seguridad a la luz de los acontecimientos que se sucedían en Chile.
A menos de 24 horas antes de morir había compartido durante una cena con su esposa, Isabel Morel, y el matrimonio Moffit, la noche del 20 de septiembre de 1976, en su casa de Ogden Court, justo fuera del límite de Washington DC. En la oportunidad reflexionó que había ganado el bando moderado del de facto gobierno militar, por lo que podía estar seguro, al menos por un año, de que nada le pasaría.
Así se revela, entre otras cosas, en la acuciosa investigación periodística sobre el asesinato en Washington del ex Canciller Orlando Letelier, que llevó a cabo el Diario La Nación, en 1994, realizada por los periodistas Alejandra Matus y Francisco Artaza, cuyo trabajo concluyó con una edición especial del matutino, el que debió salir dos días consecutivos a la calle debido a su demanda e interés, agotándose rápidamente. El trabajo periodístico de periodistas del Diario La Nación, que develó la verdad en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por la DINA, terminó en el lanzamiento del libro “Crimen con Castigo”, ganador del prestigioso premio “Ortega y Gasset”, de España.
Según la investigación de La Nación, el escenario de horror que se vivió la mañana del atentado a Orlando Letelier, en las calles de Washington donde detonó el artefacto explosivo, era dantesco. En pleno Sheridan Circle, zona de las embajadas en la capital de los Estados Unidos, la tranquilidad se rompió abruptamente con la explosión de una bomba al interior del vehículo que conducía Orlando Letelier, en el que viajaba rumbo a su oficina junto a su secretaria Ronnie Moffit y su esposo Michael. El ex canciller chileno murió en forma instantánea y su secretaria, minutos después.
La bomba hizo volar por los aires sus pertenencias y la explosión erosionó el pavimento y quemó parte del césped. Escombros y partículas de vidrio quedaron esparcidas por todas partes. Pedazos de metal, restos del vehículo, cayeron sobre los techos de los edificios diplomáticos del sector. La noticia dio la vuelta al mundo.
La operación ordenada por la DINA había resultado exitosa. Era la tercera y última misión en el extranjero, por lo que había sido muy bien planeada, sin errores que permitieran truncar los objetivos trazados, como había ocurrido en Roma con el ataque a Bernardo Leighton y su esposa. Sin embargo, dos meses antes la operación estuvo a punto de fracasar y transformarse en “un fiasco” según palabras del doble agente norteamericano reclutado por la DINA, que así se refirió a la fallida misión ocurrida en Asunción, Paraguay.
Misión en peligro
En julio de 1976, en una misión llevada a cabo en Asunción, Paraguay, encabezada por Michael Townley y ordenada por la DINA, los agentes debían obtener pasaportes oficiales falsos y luego partir a Estados Unidos. El objetivo: asesinar a Orlando Letelier. Pero la operación se truncó y debió ser abortada.
El coronel Manuel Contreras estaba molesto. Este hombre de piel morena, baja estatura y pasado en kilos, no soportaba perder el control de las cosas. Cuando ello ocurría, perdía la calma y descargaba su furia contra quienes estuvieran cerca.
Ese día, su jefe de operaciones, el teniente coronel Pedro Espinoza, le informó en detalle los problemas de seguridad que habían tenido Townley y el teniente Armando Fernández Larios en Paraguay. Ante ello, le aconsejó abortar la segunda fase de la operación: el viaje a Estados Unidos para asesinar a Letelier.
Espinoza, que llamaba a Contreras por su apodo “Mamo”, como todos los demás oficiales, esta vez optó por un trato más formal. Contreras estaba realmente molesto. Le resultaba incomprensible que la inteligencia paraguaya tuviera tantos problemas para “falsificar” un par de pasaportes oficiales, lo que para la DINA era cosa de un día para otro.
Espinoza le insistió a Contreras que había que traer a Wilson (nombre de Townley en la DINA) y a Fernández de regreso a Chile, pues los “gringos” ya sabían que eran agentes chilenos los que viajaban a Estados Unidos con las identidades de Wilson y Romeral. Contreras escuchó a su subalterno con el rostro desencajado por la rabia, pero no tuvo más opción que acceder a la petición, aunque fuera en contra de sus planes. Sabía que Espinoza le era absolutamente incondicional.
La ira del jefe de la DINA se extendió a sus más estrechos colaboradores, quienes debían encontrar rápido una salida al “problema paraguayo”. Y así fue.
Apenas llegó Fernández Larios de Paraguay, se presentó ante su superior, el teniente coronel Pedro Espinoza, para dar cuenta de su viaje. Para ser un joven oficial, Fernández gozaba de cierta reputación dentro del Ejército por su desempeño el 11 de septiembre de 1973. El día del golpe de Estado, bajo las órdenes del general Javier Palacios, fue uno de los primeros soldados de asalto en entrar al palacio de La Moneda. Más tarde, destacó por su despiadada manera de asesinar a los opositores en la “Caravana de la Muerte”.
En su informe a Espinoza, Fernández, prefirió saltarse algunos episodios que podrían desatar el enojo de su superior, como las juergas en Paraguay en compañía de miembros de la inteligencia de ese país y el verse obligados a presentarse en el consulado estadounidense. Le entregó los pasaportes paraguayos con los nombres de Wilson y Romeral, las visas para ingresar a Estados Unidos y el dinero sobrante del “viático”.
Espinoza guardó celosamente los documentos por dos meses, hasta que Contreras le pidió los pasaportes. La inteligencia paraguaya exigía su devolución, presionada por el embajador de Estados Unidos en Asunción, George Landau. Antes de enviarlos a Paraguay y delante de Espinoza, el director de la DINA arrancó y destruyó las fotos de Townley y Fernández, titulares de los pasaportes.
Pero Contreras estaba empeñado en acabar con la vida del ex ministro de Defensa y ex Canciller, Orlando Letelier. Para Contreras la misión no había terminado. Eso sí, antes era imprescindible borrar el principal nexo entre el crimen y la DINA: los pasaportes oficiales paraguayos, que tanto dolor de cabeza le habían causado.
Se puso en marcha un nuevo plan. Se programó el viaje a Estados Unidos, esta vez con pasaportes oficiales chilenos, pero bajo los mismos nombres falsos de Wilson Rose y Romeral Jara. Se trataba de una misión absolutamente inofensiva. De esta manera, si por alguna razón el FBI daba con los pasaportes paraguayos, terminarían siguiendo una pista falsa.
Para esta operación de encubrimiento, Contreras designó a dos jóvenes oficiales que se desempeñaban en el cuartel central de la DINA, en unidades bajo el mando de su jefe de Operaciones, el teniente coronel Pedro Espinoza. Se trataba de los tenientes Rolando Mosqueira Jarpa y René Riveros Valderrama. Ambos habían sido compañeros de curso de Fernández Larios en la Escuela Militar y hasta ese momento desempeñaban funciones administrativas. Esta sería una de sus primeras misiones operativas.
Los jóvenes oficiales salieron rumbo a Estados Unidos el 21 de agosto de 1976, pasando sin problemas el control de la Policía Internacional del Aeropuerto de Pudahuel, pese a que el detective de turno no tardó en darse cuenta que estaba frente a dos agentes de la DINA. Los documentos estaban timbrados y firmados por el subdirector de la Dirección Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Humberto Johansen, y no por un funcionario de menor jerarquía como era lo habitual.
A bordo del avión de aerolíneas Aero Perú, en el trayecto a Miami, Mosqueira y Riveros repasaron varias veces las instrucciones que les había dado Espinoza. Viajar a Washington para contactar al general Vernon Walters, subdirector de la CIA, quien les entregaría una nómina de senadores y personajes públicos estadounidenses favorables al gobierno militar.
Espinoza les había dejado bien claro que sólo debían ir y conseguir la lista. No tenían que preocuparse de entrevistar a las personas que figuraban en ella, pues esa sería labor de otros oficiales superiores del servicio.
Al llegar a Washington, se dieron cuenta que la misión no era tan fácil como parecía. Espinoza no les había dicho nada sobre cómo lograrían entrevistarse con el subdirector de la CIA. No llevaban ningún contacto para cumplir con el objetivo.
Así las cosas, llegaron de sorpresa hasta la embajada de Chile en Washington y se reunieron con el jefe de la delegación militar, el general Nilo Floody, a quien le pidieron su ayuda para llegar hasta el general Walters de la CIA. El general chileno les explicó que Walters había renunciado a la CIA hacía dos meses y que no tenía la menor idea de cómo ubicarlo. En tono algo burlesco e intrigado por la misión que les habían encomendado a los jóvenes oficiales, les preguntó si acaso la DINA no sabía de ello. De todas maneras, les ofreció su cooperación.
Mosqueira y Riveros estuvieron varios días paseando por Washington y durante el resto del viaje no hubo ningún otro intento serio por encontrar al ex subdirector de la CIA. Tampoco fue necesario, ya que para la DINA la misión de encubrimiento estaba cumplida.
Satisfecho, Contreras ordenó la partida inmediata de otros dos agentes de la DINA a Estados Unidos. A cuatro días de la partida de Mosqueira y Riveros, partieron desde el Aeropuerto Pudahuel rumbo a Estados Unidos el teniente Armando Fernández Larios y la agente femenina Liliana Walker.
El plan definitivo para asesinar a Orlando Letelier ya había comenzado a ser ejecutado y no había marcha atrás.
El Atentado se pone en marcha
A mediados de agosto de 1976 la DINA ya se encontraba lista para volver a la carga y “eliminar” al ex canciller Orlando Letelier.
Los detalles de la misión fueron entregados, personalmente, por el jefe de Operaciones de la DINA que se encargó de reiterarle las órdenes a Fernández Larios. Una vez en Estados Unidos, debía vigilar los pasos de Orlando Letelier del Solar, dónde vivía, dónde estaba ubicada su oficina y todo lo que se pudiera saber sobre sus hábitos y costumbres.
Espinoza le insistió en que tenía que parecer un viaje de vacaciones y ante la pregunta de si había nacido allá, Fernández le manifestó que, efectivamente, así había sido y que su hermana Rosemarie y su esposo “Larry” vivían cerca de Washington. Era la coartada perfecta. Debían sacarse fotos, estar con ellos, pasear, de manera que su misión se mantuviera en la más estricta reserva y pasara inadvertido.
Antes de emprender viaje a Estados Unidos, Fernández Larios debió tomar contacto con la agente femenina que lo acompañaría en la misión.
El equipo de agentes femeninas de la DINA era una pequeña unidad a cargo del Mayor Rolf Wenderoth Pozo y de la Mayor de Carabineros Viviana Palmira Almuna Guzmán. La elegida para la misión fue la agente Luisa Mónica Lagos, propuesta por el coronel Pedro Espinoza y aceptada por el jefe de la DINA, Manuel Contreras.
Teniendo claro quién sería su compañera de misión, Fernández Larios se dirigió hasta un viejo departamento de calle San Antonio, que pertenecía a la DINA. En el lugar, un grupo de mujeres organizaba fiestas especiales para sus jefes, conseguían información o favores de importantes personajes públicos del gobierno militar. Así conoció a Luisa Mónica Lagos.
Era una rubia platinada, de unos 25 años y un metro sesenta de estatura. Fernández la examinó con detención. Pese a estar en invierno, llevaba una ajustada minifalda que dejaba al descubierto sus piernas torneadas y un beatle que resaltaba sus firmes pechos y su pequeña cintura. Sus grandes ojos se movían con coquetería. Si bien era atractiva, llamaba la atención su exceso de maquillaje.
La agente Lagos había sido, en otros tiempos, bailarina de programas de Televisión Nacional. Había conocido a quien le propuso colaborar con la DINA, el Mayor Vianel Valdivieso en 1975, cuando atravesaba una crisis sentimental y económica.
Fernández Larios no tuvo necesidad de explicarle el objetivo del viaje. Ella estaba al tanto. Espinoza le había enviado poco antes un sobre con las instrucciones que debía seguir al pie de la letra.
Debía hacer saber internamente que iría a detectar marxistas en las oficinas del cobre, pero la verdadera misión estaba relacionada con su probada capacidad para atraer hombres mujeriegos, según se indicaba en las instrucciones. Para ello, sería llevada a Nueva York y Washington y tenía que usar sus encantos para captar la atención de Orlando Letelier, quien estaba perjudicando al gobierno. Debía lograr un alto grado de confianza con Letelier y detectar sus hábitos y rutinas más significativas. Toda la información debía entregarla al oficial que la acompañaría.
Tras coordinarse con Fernández Larios, ella misma le propuso llamarse Liliana Walker Martínez. Un nombre fácil de recordar, como la calle de los mismos apellidos.
En un pasaporte oficial de la Cancillería, en blanco, pegaron la fotografía del teniente Fernández, le colocaron número y comenzaron a llenarlo con los datos que habían sido entregados por la DINA. “Armando Faúndez Lyon, casado, nacido en 1949, empleado del Ministerio de Obras Públicas. Luego, hicieron lo mismo en el pasaporte asignado a la agente Lagos y repitieron la rutina. “Liliana Walker, casada, nacida el año 1952, funcionaria del Ministerio de Obras Públicas”.
El 16 de agosto, la embajada estadounidense concedió las visas. Sin embargo, Manuel Contreras ordenó a sus agentes mantenerse en Santiago. Los tenientes Rolando Mosqueira y René Riveros debían cumplir primero la misión ordenada en Estados Unidos, con pasaportes oficiales y nombres falsos.
Mientras esperaba la orden de viajar, Fernández afinó los detalles de la misión. Se sentía en parte responsable del fracaso de Paraguay. Ahora no quería cometer errores. Por ello, en una joyería del centro de Santiago compró un juego de argollas de matrimonio de plata y grabo los nombres falsos de él y la agente que sería su esposa.
El 25 de agosto, la pareja de agentes se embarcó en el aeropuerto Pudahuel con destino a Estados Unidos. El día anterior, en el cuartel central de la DINA, Espinoza le había hecho entrega de los documentos oficiales, los pasajes, tres mil dólares de viáticos y le había dado la orden oficial para partir, no sin antes repasar en detalle las instrucciones de la operación.
No fue difícil para Fernández ubicar la oficina de Orlando Letelier. La DINA conocía el trabajo que el dirigente socialista chileno desarrollaba en el Instituto de Estudios Públicos (IPS, en inglés). Pasó varias tardes esperando frente al Instituto con la esperanza de verlo y seguirlo hasta su casa.
Luego de unos días, Fernández llamó al IPS desde un teléfono público y preguntó por Letelier. Era una maniobra arriesgada, pero hasta ahora no había conseguido mucho.
La llamada resultó mejor de lo que esperaba. En el Instituto el ambiente era relajado y casi sin medidas de seguridad. Le informaron que Letelier no estaba en el país, se encontraba de viaje en Holanda.
Arriesgándose un poco más, le dijo al empleado que contestó su llamada que tenía unas cartas muy importantes que debía entregar “personalmente a Orlando”. El funcionario le dio la dirección particular del ex canciller chileno.
En los días posteriores, se dedicó a vigilar la casa de la familia Letelier Morel. Hizo un plano del lugar y anotó las patentes, modelos y colores de los vehículos que se estacionaban en el garaje. Uno de estos era un Chevrolet Chevelle de color azul. También se aprendió algunos detalles de la rutina de quienes vivían en la casa, como las horas de entrada y salida y quién manejaba cada vehículo.
Luego de una semana y media de seguimiento, Fernández decidió que era momento de viajar a Nueva York para que la agente Liliana Walker cumpliera con su supuesta misión: visitar las oficinas de Codelco y detectar elementos marxistas.
Cuando estaban en Nueva York, Fernández se entera que su padre está muy enfermo. Con el temor de un desenlace fatal, se contactó con el cuartel central de la DINA y le suplicó a Espinoza que lo autorizara a volver a Chile. Ya había terminado con su labor de inteligencia.
El jefe de operaciones de la DINA lo autorizó a volver, pero antes le encomendó coordinar los siguientes pasos de la misión. Fernández se reunió con Townley en el aeropuerto la mañana del 9 de septiembre para ponerlo al tanto de la información que había obtenido sobre Letelier. Horas más tarde, regresó a Santiago.
Townley se había reunido con Espinoza antes de salir de Santiago, para recibir las órdenes que debía cumplir. Además, puso al tanto a Espinoza de su relación con cubanos de la contra revolución en Miami y fue autorizado a contarles la misión. Debía conseguir que ellos asesinaran a Letelier y abandonar Estados Unidos antes que ejecutaran el plan. La orden era que pareciera un asalto o un accidente.
Ante la posibilidad que algo saliera mal, Townley preguntó si estaba prohibido usar explosivos. La respuesta fue que hiciera lo necesario para asegurar el éxito de la operación, pero debía convencer a sus superiores que era la única salida.
Apremiado por el tiempo, Townley llegó a su casa y le pidió a su esposa, Mariana Callejas, que le hiciera la maleta. Luego se dirigió al taller electrónico, desde donde recogió 10 detonadores eléctricos que él mismo había fabricado y que eran mucho más pequeños que los fulminantes normales. Después fue al laboratorio químico y le pidió a su colaborador, Eugenio Berríos, que le preparara una dosis del letal “gas sarín”. El químico de la DINA vació el contenido de un frasco de perfume Chanel 5 y con extremo cuidado rellenó el envase con el mortal gas.
Antes de partir rumbo al cuartel central de la DINA, tomó un frasco de cápsulas para el resfrío desde el botiquín del baño, las abrió, les sacó el medicamento y lo reemplazó por nitrato de plomo, una sustancia química que sirve para potenciar la carga explosiva. Guardó las cápsulas en el frasco y luego en la maleta.
Ya en dependencias de la Central de Inteligencia, recibió el pasaporte oficial con el nombre de “Hans Petersen Silva” y el pasaje aéreo. Sin embargo, con indignación se dio cuenta que no estaba lista la tarjeta de crédito internacional ni la licencia de conducir. Así las cosas, le pidió a un amigo de Automóvil Club de Chile, colaborador de la DINA, que le falsificara la licencia a nombre de Petersen Silva.
Después de estos preparativos para el viaje, se encontró en su casa con el Mayor Eduardo Iturriaga Neuman, jefe del Departamento Exterior de la DINA, y recibió unas fotografías del ex canciller Orlando Letelier.
Townley coloca la bomba
Michael Townley aterrizó cerca de las 11 horas en el Aeropuerto Kennedy. Con algo de tensión pasó por policía internacional, donde el oficial estadounidense examinó varias veces su pasaporte. Temió que las instrucciones fueran dejarlo pasar y vigilarlo.
A la salida de inmigración lo esperaba su amigo Fernando Cruchaga Gandarillas, empleado de Lan Chile, quien al verlo no alcanzó a gritar el nombre con el que lo conocía en la DINA (“Andrés Wilson”). Townley se le adelantó de aduanas, desde donde acababa de ingresar como Hans Petersen Silva.
Cruchaga facilitó el encuentro entre Fernández Larios y Townley, en las oficinas de Lan Chile, en el Aeropuerto Kennedy. Ambos se saludaron cordialmente. Al ser consultado por el estado de su padre, Fernandez Larios sólo se limitó a decir que esperaba llegar a tiempo. Luego, le presentó a dos mujeres, una era su hermana Rosemarie Fernández, que esperaba regresar a Washington, La segunda mujer era la agente Liliana Walker, que estaba “excelentemente bien vestida y arreglada y tenía en sus manos una revista de moda”.
Los dos agentes de la DINA se alejaron un poco y en voz muy baja compartieron antecedentes de la misión por cerca de 10 minutos. Fernández le entregó su informe, la dirección de la casa de Letelier, su oficina y el modelo y la patente del vehículo que manejaba. Le pasó un mapa con las indicaciones de donde vivía y algo de dinero.
Luego Townley se dirigió a las oficinas de Lan Chile, cambió los pasajes de Fernández y Walker de Braniff a Lan Chile, entregó los pasajes a los agentes y se despidió con un fuerte abrazo. Se había traspasado con éxito la posta de la misión.
Townley se contactó con los cubanos que lo apoyarían en la operación para eliminar a Letelier. Se reunió con Virgilio Paz, Guillermo Novo y Dionisio Suárez, a quien conocía desde 1975, y durante un almuerzo de camaradería les detalló la misión que le había sido encomendada.
Los cubanos escucharon con mucha atención. Después le hicieron saber que dos de sus camaradas no habían sido bien tratados en Chile, pues habían acogido a Orlando Bosch y Rolando Otero solo para traicionarlos. Las autoridades del régimen militar habían concedido refugio al doctor Bosch, líder histórico del Movimiento Nacionalista Cubano (MNC), pero luego habían emitido una orden de arresto en su contra cuando ya no se encontraba en el país, pos presión de Estados Unidos. Otero, en tanto, que pertenecía al Frente Nacional de Liberación Cubana (FNLC), había sido expulsado de Chile.
Tras dichos acontecimientos, los cubanos no se mostraron muy dispuestos a aceptar la misión. En todo caso, aclararon que ante cualquier decisión, debían consultar al directorio del MNC.
Finalmente, días después, Novo le informó que el MNC había resuelto aceptar la misión; aunque con dos condiciones. La primera, esperar unos días porque estaban ocupados en otros asuntos. La segunda, que alguien de la DINA y el mismo Townley participaran en la operación.
El agente llamó al jefe del Departamento Exterior de la DINA, que se identificaba como Lucho Gutiérrez, para explicarle las condiciones que habían puesto los cubanos. En ese tiempo estaba en el cargo el oficial Cristopher Willike.
La DINA aceptó e instruyó a Townley para seguir adelante.
Mientras se preparaba para viajar a Washington, Townley recibió del MNC unos beepers. Reconoció de inmediato su trabajo, eran los mismos que le había enviado Virgilio Paz a Chile y que él había convertido en sistemas de detonación a control remoto.
Después un desconocido le llevó otro paquete. El TNT y un poco de explosivo plástico que también lo había enviado él desde Chile. Se trataba de un bloque compacto de unos 250 gramos y una o dos piezas rectangulares, embetunadas con una sustancia negra y poco más de dos metros de cable detonante. Tenía todo para fabricar la bomba a control remoto, sólo faltaban los detonadores. Los fósforos eléctricos que llevaba podían servir, pero no estaba tan seguro de su efectividad, ya que no había tenido la oportunidad de probarlos. Así lo declaró Twonley en la Corte de Columbia. Tras ser detenido y extraditado a Estados Unidos por el asesinato de Orlando Letelier.
Días después, el MNC le informó al agente de la DINA que Virgilio Paz lo acompañaría a Washington y que luego se les uniría un tercero, que iba viajando.
Townley y Paz llegaron a Washington, el 16 de septiembre, en el automóvil Volvo de este último y con el mapa que había confeccionado Fernández Larios se dirigieron a Odgen Court, donde vivía Orlando Letelier y su familia. Primero inspeccionaron el lugar, sin bajar del vehículo. Vieron el automóvil del ex canciller estacionado fuera de la casa y luego partieron rumbo al IPS, donde trabajaba. Finalmente, buscaron un hotel que estuviera relativamente cerca.
Al día siguiente, el viernes 17 de septiembre, volvieron a Ogden Court y tomaron nota del recorrido que hizo Letelier hasta su lugar de trabajo.
Esa mañana, el dirigente socialista se reunió con sus amigos y asistentes al TNI, Waldo Fortín y Juan Gabriel Valdés, en un café frente a las oficinas del Instituto de Estudios Públicos. Ellos no compartían para nada la tranquilidad de Letelier, que les había dicho que si tenían pensado matarlo no lo harían en Washington, pues sería una locura. De hecho, sentía que corría más peligro en un aeropuerto en Europa que en Washington.
Fortín y Valdés se mostraron preocupados y atentos a cualquier situación que escapara a la normalidad o les pareciera anómala.
Esa misma tarde Virgilio Paz y Michael Townley comenzaron la cuenta regresiva de la operación y su modus operandi. Se aprovisionaron de varios rollos de cinta adhesiva negra y unos recipientes de metal, en los que el agente norteamericano de la DINA armaría el explosivo.
La familia Letelier Morel celebró el 18 de septiembre en su casa, con amigos de la comunidad chilena y latina que conocían. El día transcurrió alegremente, cargado de emociones para Orlando Letelier, sus hijos y su esposa.
Por su parte, Paz y Townley abandonaron el hotel Holiday Inn en la mañana, para reunirse más tarde con Dionisio Suárez, a quien le contaron lo que habían hecho hasta ahora.
Tomaron la decisión final: usarían una bomba. Townley se encargó de armar la parte electrónica y Paz colaboró con los explosivos, bajo la atenta mirada de Suárez.
Luego de cerciorarse que el sistema eléctrico funcionaba, cerca de la medianoche, Townley viajó en automóvil hasta Bethesda junto a Paz y Suárez. Este último le aclaró, cuando estaban cerca de la casa de Letelier, que él debía poner la bomba. El agente de la DINA le manifestó que esperaba que fuera Virgilio. Sin embargo, el cubano le respondió que su labor era ayudar, pero quien debía meter las manos era él, según la investigación del Diario La Nación.
Las órdenes de Townley eran eliminar a Letelier y si rechazaba las instrucciones de los cubanos la operación podía fracasar. No tenía otra opción. Decidió colocar la bomba.
Pasada la una de la madrugada y tras dar varias vueltas en el automóvil, Townley y los cubanos se estacionaron justo en la esquina de Odgen Court. El agente de la DINA descendió del vehículo y se dirigió a la casa del ex canciller.
Como era habitual, el Chevrolet chevelle azul estaba fuera del garaje. Sigilosamente rodeó el auto y luego se tendió bajo él. En la oscuridad ubicó el eje delantero y calculó que el artefacto explosivo quedara a la altura del asiento del conductor. Ajustó la bomba con la cinta adhesiva y probó con un movimiento suave cambiar la posición del interruptor desde la posición “off” a la posición “on”.
Al terminar, se percató que nadie estuviera en las cercanías merodeando, se levantó y caminó hasta donde lo esperaban Paz y Suárez. El trabajo estaba hecho, se relajaron y condujeron hasta un restaurante en Wisconsin.
Mientras desayunaban, Townley les contó detalles de la posición en que había dejado la bomba y les comunicó que el golpe final sería el lunes, cuando Letelier se fuera a su oficina.
Letelier y su compromiso con Allende
La permanencia de Orlando Letelier en Estado Unidos después del Golpe de Estado en Chile era muy distinta a ocasiones anteriores. El ex canciller había vivido en el país del norte en otras circunstancias y condiciones.
En diciembre de 1970, el Presidente Salvador Allende lo había nombrado embajador en Washington. Necesitaba un hombre respetado en los círculos diplomáticos y económicos, que le sirviera de puente con el gobierno norteamericano con el que no quería romper relaciones.
Y es que Letelier había estado en Washington en los últimos 10 años como empleado de la Fondo Monetario Internacional. Era un economista versado, conocía muy de cerca y acabadamente el funcionamiento del gobierno estadounidense y tenía muchos contactos con funcionarios del aparataje estatal.
En 1971, la familia Letelier Morel se instaló nuevamente en Washington. Isabel Morel Gumucio fue contratada como maestra de español y sus cuatro hijos: Cristián, José, Francisco y Juan Pablo pronto se adaptarían a las nuevas normas de seguridad del mundo diplomático a las que ahora debían someterse. El menor de ellos, Juan Pablo, fue Senador de la República, por el Partido Socialista de Chile, durante dos periodos hasta el año 2022.
Las funciones de Letelier como Embajador de Chile en Washington duraron poco. En mayo de 1973 volvió al país para asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El ambiente en el país estaba convulsionado. El 29 de ese mayo, poco después que Letelier regresa a Chile, se produjo el Tancazo, el levantamiento de un grupo de militares que fue controlado por el entonces comandante en jefe del Ejército, General Carlos Prats, quien defendió la institucionalidad y se mantuvo leal al presidente Allende. Hicieron lo mismo las demás ramas de las fuerzas armadas. Los militares rebeldes fueron reducidos y el movimiento fue abortado.
En Julio del 73, Letelier fue nombrado ministro del Interior, por lo que debió acompañar a Allende a los festejos del aniversario de la Revolución Cubana, el 26 de ese mes.
En medio de la crisis económica y política que atravesaba Chile, y luego que el General Carlos Prats renunciara al cargo de ministro de Defensa y al de comandante en jefe del ejército, el 28 de agosto, Salvador Allende nombró a Orlando Letelier a la cabeza de la cartera de Defensa y al general Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército.
Siempre leal al Presidente Allende, Prats se reunió con el mandatario para comunicarle que había recibido antecedentes sobre la preparación de un Golpe de Estado para el 14 de septiembre, pero que creía que el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, se mantendría fiel al gobierno.
En su calidad de ministro de Defensa, Letelier le preguntó directamente y sin rodeos al general Pinochet si sabía de algún malestar al interior del ejército que le hicieran pensar en un derrocamiento del gobierno.
Según consta en la investigación del Diario La Nación, el titular de Defensa le contó a su esposa la conversación que sostuvo con el recién asumido comandante en jefe del ejército. Dijo que le había contestado con evasivas. “Es adulador y servil, como el barbero que te persigue con el cepillo después de cortarte el pelo y no deja de cepillarte hasta que no le das su propina. Constantemente está tratando de ayudarme con el abrigo, a cargar mi portafolios”.
Algo no andaba bien. En medio de una reunión de ministros, el periodista Augusto Olivares interrumpió para informar que camiones con tropas viajaban desde Los Andes rumbo a Santiago. De inmediato, Letelier telefoneó al jefe de la Guarnición de Santiago, general Herman Brady, quien le manifestó desconocer antecedentes sobre el movimiento de tropas. Más tarde, Brady le informó que se trataba de ejercicios ordinarios y que no se preocupara porque todo estaba bajo control.
Muy temprano, pasadas las 6 de la mañana, el hijo menor del ministro Orlando Letelier, Juan Pablo, escuchó cuando su padre conversaba con el Presidente Allende, quien le confirmó que la Marina se había alzado y en el ejército no le respondían. Ese día, 11 de septiembre, el mandatario iba a convocar a un plebiscito para legitimar la continuidad del gobierno.
Letelier se comunicó con su oficina en el ministerio de Defensa y, en lugar del general Brady, escuchó la voz del almirante Patricio Carvajal. Al pedirle explicaciones, el uniformado trató de tranquilizarlo con la misma explicación que antes le había dado Brady: se trataba de ejercicios de rutina.
Con la certeza que se trataba de un acto de alta traición al presidente Allende, Letelier salió rumbo al ministerio. Cuando iba llegando a su oficina, se percató que el edificio estaba rodeado de militares y que algunos oficiales usaban una bufanda naranja como distintivo, al igual que algunos civiles.
En cuanto cruzó la puerta del ministerio, luego de insistir para que lo dejaran ingresar, fue encañonado por la espalda y una decena de exaltados soldados le apuntaban con sus ametralladoras. Con violencia y a punta de empujones, lo llevaron al subterráneo, lo registraron, le quitaron la corbata y el cinturón que llevaba puestos y lo pusieron contra la muralla de una pequeña oficina.
Una hora más tarde, Letelier fue trasladado hasta el regimiento de Infantería de Talca, a bordo de un vehículo con guardias armados.
Al día siguiente del golpe de Estado, el 12 de septiembre, lo llevaron hasta la oficina del comandante del Regimiento. En el trayecto, el soldado que lo escoltaba le espetó: “tení suerte huevón, no te van a fusilar”.
Al entrar a la oficina del comandante, se enteró que el Presidente Salvador Allende había muerto. Después fue trasladado en un jeep hasta la Escuela Militar, donde había estudiado. Con él iba el rector de la Universidad Técnica del Estado, Enrique Kirberg.
Hasta el recinto militar también fueron llevados, entre otros, los ex ministros del Interior, José Tohá; de Relaciones Exteriores, Clodomiro Almeyda; de la Secretaría General de Gobierno, Aníbal Palma; de Salud, Arturo Girón; de Minería, Sergio Bitar; de Educación y ex rector de la Universidad de Concepción, Edgardo Enríquez; y el secretario privado de Allende, Osvaldo Puccio y su hijo Osvaldo.
Ese mismo día, en la noche, todos aterrizaron en Punta Arenas, desde donde fueron llevados por la armada hasta la isla Dawson, lugar en el que permanecieron como prisioneros y sometidos a trabajos forzados desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
Ocho meses después, los prisioneros despertaron abruptamente el 8 de mayo de 1974 y fueron obligados a marchar 5 kilómetros. Pasaron por un río casi congelado, cargando sus bultos, para abordar un avión C-130 que los llevó de regreso a Santiago. Letelier tenía un aspecto demacrado, había perdido casi 15 kilos. Era un hombre que medía un metro ochenta de estatura y pesaba poco más de 60 kilos.
A su arribo a Santiago, un grupo de civiles los trasladó hasta la Academia de Guerra Aérea, la AGA. Luego Letelier habría relatado que fueron los peores días de su vida. Pasó dos meses y medio sin saber qué pasaba ni a qué se iba a enfrentar. Perdió la noción del tiempo. Escuchaba todos los días gritos y gemidos de hombres y mujeres que eran sometidos a torturas, golpes, violaciones y choques eléctricos.
Paralelamente, la familia Letelier Morel extremaba esfuerzos para lograr su liberación. De hecho, fueron numerosos los gobiernos que ofrecieron asilo. Uno de ellos, el de Venezuela, a través del gobernador de Caracas, amigo personal de Letelier, Diego Atria. Cuando Pinochet accedió a entregarlo a su país, le comentó que otros once habían pedido a Orlando Letelier.
El ex ministro permaneció un período breve en Caracas y luego se trasladó, a comienzos de 1975, con su familia a Estados Unidos. Había aceptado la propuesta de Saul Landau, miembro del directorio del Instituto de Estudios Públicos (IPS), en Washington, para ser uno de los “becarios” de la institución que concentraba a la izquierda norteamericana.
La bomba estalla en Washington
Un día antes del mortal atentado explosivo, el 20 de septiembre de 1976, Orlando Letelier había invitado a cenar a su casa a su secretaria Ronni y su esposo Michael Moffit. Ellos tenían su automóvil averiado, por lo que llegaron junto al anfitrión, a bordo de su Chevrolet chevelle malibú classic azul.
Mientras comían, Letelier habló de la obsesión que tenía la dictadura de Pinochet con su figura y de la rabia que sentía por el decreto emitido por la junta militar que le quitaba su nacionalidad.
“Se me ha privado de mi dignidad de chileno, pero yo quiero que ustedes sepan que yo soy chileno, nací chileno y moriré chileno. Ellos los fascistas, nacieron traidores, viven como traidores y serán recordados siempre como fascistas traidores” había dicho públicamente Letelier.
Después de la cena, el ex ministro de Allende trabajó un par de horas con su secretaria. Se les hizo tarde y Letelier les ofreció su vehículo para que regresaran a su hogar. Al día siguiente lo pasarían a buscar.
Y así fue. A las 08:30 del 21 de septiembre de 1976, el matrimonio Moffit fue a buscar a Letelier a su casa. Eran las 9 de la mañana y él estaba un poco atrasado, pero su esposa Isabel ya estaba en pie, y compartió un café con Ronnie y Michael.
Quince minutos más tarde, Letelier estaba listo. Subieron al Chevrolet chevelle azul. Ronni se sentó en el lugar del copiloto, Michael en la parte trasera y Orlando Letelier al volante.
Partieron rumbo al IPS. A las 09:38 horas, el vehículo ingresó a Sheridan Circle, en Washington DC. Al pasar por la calle 23, Michael Moffit sintió un zumbido ensordecedor, como el que produce el agua al caer sobre metal ardiendo. En una fracción de segundo después, un resplandor, una bola de fuego anaranjada, emergió desde el piso del automóvil. Las llamas quemaron los pies y cabellos de los pasajeros. Luego, explotaron las ventanas.
Un vehículo que viajaba detrás, con diplomáticos israelíes a bordo, testigos directos de la explosión, derrapó para evitar impactar con el chevrolet chevelle en llamas, y terminó estrellándose contra un Volkswagen color naranja, que estaba estacionado justo a la salida de la rotonda, frente a la Embajada de Irlanda.
Cuando Michael Moffit reaccionó, estaba fuera del automóvil siniestrado. Según su relato, le pareció haberse caído. Al incorporarse, vio que su esposa, Ronnie, que logró abrir la puerta del copiloto y caminaba zigzagueante, desorientada, con su rostro ensangrentado.
Luego, se acercó al vehículo y se asomó por la puerta que su mujer había dejado abierta. Orlando Letelier permanecía al volante, con la cabeza levemente ladeada hacia el asiento trasero, como si buscara algo. Se esforzaba por respirar, abría y cerraba la boca.
Michael Moffit intentó hacerlo reaccionar con unas palmadas en la cara. Letelier balbuceó algo ininteligible. Luego, trató de sacarlo del automóvil, y al pasar su brazo detrás de la espalda del ex canciller se dio cuenta que tenía las piernas cercenadas a la altura de la rodilla. Había un forado en el piso que dejaba ver el pavimento de la calle. No pudo levantarlo.
Según la investigación del Diario La Nación, una mujer que circulaba por el lugar, Dahna Peterson, detuvo su vehículo y prestó ayuda a Ronnie, que sangraba profusamente. Era doctora e intentó contener la hemorragia. Con una de sus manos le sostenía la mandíbula y con la otra, intentaba sacar la sangre de la garganta que a chorros salía de su nariz y boca y le impedían respirar.
En cuestión de unos pocos minutos, el lugar estaba rodeado de detectives, unidades especializadas en bombas, homicidios y rescate. La escena era dantesca, Washington estaba conmocionado. De pronto, los gritos de Michael Moffit captaron la atención de los efectivos policiales. Él iba en el automóvil y todo había sido obra de la “DINA”, dijo a viva voz.
Entre tanto, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos procedió a trasladar a toda velocidad a la asistente de Letelier, que en todo momento estuvo acompañada por la doctora Peterson, hasta el Hospital George Washington, pese a que ya no respiraba ni tenía pulso. Estaba muerta.
Al lugar de la explosión llegó también el FBI. El Agente Especial Carter Cornick revisó la escena de la explosión. Se acercó al chevrolet chevelle de Letelier y vio que en el lugar donde debían estar las piernas del conductor, había un gran forado. Constató que el techo y el capot se habían inflado por la fuerza del estallido y la existencia de charcos de sangre en torno al automóvil, A varios metros, encontró un pie que pertenecía a la víctima.
Orlando Letelier fue declarado muerto a las 09:50 horas.
Todo lo anterior fue reconstruido por declaraciones al FBI del propio autor del atentado, Michael Townley, la Doctora Dhana Peterson, policías y agentes del FBI; así como descripciones contenidas en los libros “Laberinto”, de Eugene Propper y Taylor Branch, y “Asesinato en Washington”, de Saul Landau y John Dinges. Material relevante en la investigación periodística llevada a cabo por el Diario La Nación.
Precisamente, Saul Landau, quien le propuso a Orlando Letelier instalarse en Washington y trabajar en el IPS, recuerda el momento en que se dio cuenta que algo andaba terriblemente mal: “Mi esposa me llamó en la mañana, desde su oficina en el Capitolio, para decirme que acababa de ver el peor accidente de su vida. Me contó que salía humo y fuego de un auto y que había trozos de lo que parecía ser un cadáver. Incluso vio vomitar a un agente del servicio secreto, de los uniformados que cuidan las embajadas”.
Cinco minutos después, una llamada histérica de su recepcionista le hizo saber que su amigo estaba muerto. Confundido, se apresuró a su oficina. Al pasar por la escena del crimen, vio un camión del FBI con una enorme aspiradora que limpiaba todo lo que podía.
La muerte de Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit caló hondo en el IPS y está presente en el quehacer permanente de la institución. El asesinato de Letelier y Moffit se conmemora en un monumento en Sheridan Circle, Washington, y con el premio Letelier-Moffitt de Derechos Humanos entregado por el Institute for Policy Studies todos los años (www.ips-dc.org ) .
El domingo 26 de septiembre fue un día de dolor en Washington, porque se despedían los restos de un incansable y luchador.
El ataúd que contenía los restos de Letelier llegó hasta la Catedral de St. Mathews, en Washington, cubierto con una bandera chilena. Miles de personas habían participado en una marcha fúnebre por las principales calles de la capital norteamericana. Encabezaron esta demostración la viuda de Letelier, Isabel Margarita Morel, acompañada de Hortensia Bussi, Isabel Allende, Jaime Tohá, Luis Maira, y varios dirigentes de la izquierda chilena. Concurrieron además, representantes oficiales de más de 40 países y un grupo de chilenos residentes en Estados Unidos en calidad de asilados.
Posteriormente, los restos de Orlando Letelier fueron trasladados hasta Caracas, Venezuela, donde recibirían sepultura. Pinochet no permitió enterrarlo en Chile.
La justicia alcanza a Chile
La naciente Central Nacional de Informaciones, CNI, creada en 1977, entraba en escena justo en momentos que el caso Letelier estaba abriendo un camino sin vuelta atrás, en la búsqueda de la verdad sobre la brutal represión y los crímenes perpetrados por la DINA en los primeros años de la dictadura militar.
Era sabido por distintos círculos, que el director de la CNI, general de brigada Odlanier Mena, era un público detractor de lo obrado hasta ahora por la DINA y estaba a favor de limitar los poderes de su máximo responsable, el coronel Manuel Contreras.
Si bien, se puso término a las detenciones y desapariciones masivas, la CNI continuó empleando la tortura como método de obtención de información y llevó a cabo asesinatos selectivos en los años posteriores a su creación.
La decidida acción de la justicia norteamericana por esclarecer el atentado explosivo que cobró la vida de Orlando Letelier y la ciudadana estadounidense Ronnie Moffit, hizo estallar el “Caso Letelier” en Chile, en marzo de 1978.
A través de un exhorto, la justicia del país del norte buscaba interrogar a quienes estaban detrás de los nombres “Wilson y Romeral”, usados para ingresar a Estados Unidos para preparar el asesinato. Dadas las evidencias aportadas, el gobierno militar tuvo que recurrir a la Corte Suprema y denunciar la falsificación de pasaportes oficiales. En la Cancillería y en los medios de comunicación identificaron a Michael Townley y Armando Fernández Larios como las personas que buscaba la justicia estadounidense.
Según consta en los archivos del Diario La Nación, de 1991, el teniente Fernández Larios estuvo sometido a una dura presión durante esas semanas. Sentía que tenía que ser leal a Contreras y tenía miedo de verse involucrado públicamente en el doble asesinato de Washington. Paralelamente, el jefe de la CNI insistía en que dijera la verdad. Fernández optó por mentir en los interrogatorios.
Pasaron los días y la situación de Fernández Larios se hizo insostenible. Su superior, Manuel Contreras, intentó endosar la responsabilidad al jefe de operaciones de la DINA, Pedro Espinoza.
Por su parte, el director de la CNI ya estaba convencido de la responsabilidad de la DINA en la falsificación de los pasaportes y los asesinatos de Letelier y su secretaria. Era la oportunidad perfecta para ver caer a su enemigo, el general Contreras, y no perdería esa oportunidad.
El 21 de marzo, Mena envió un oficio secreto a Pinochet en el que denunciaba la posible participación de la DINA en la falsificación de pasaportes oficiales. De su puño y letra, Pinochet dispuso al pie del documento: “instrúyase un sumario” en la justicia militar, investigación que recayó en el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), General Héctor Orozco. La instrucción era hacerse cargo personalmente de la indagación.
Un mes después, en abril de 1978, Michael Townley fue expulsado de Chile y puesto a disposición de la justicia de Estados Unidos, donde entregó su confesión; sin embargo, antes pidió que le entregaran un mensaje al general Orozco. Seguía siendo funcionario de la CNI, por lo que solicitó que uno de sus oficiales superiores del servicio le levantara el juramento de silencio que había hecho al ser reclutado por la DINA.
Siguiendo la orden de Pinochet, de hacerse cargo personalmente de la investigación, Orozco viajó a Estados Unidos en compañía de su asistente y actuario de la causa, el Mayor Vergara, y del subdirector de la CNI, el coronel Jerónimo Pantoja.
Apenas este último liberó a Townley del juramento de silencio, Orozco comenzó el interrogatorio. Fueron varias las horas que el ex agente norteamericano de la DINA pasó relatando toda la verdad sobre el “Caso Letelier”.
Al regresar a Chile, Orozco citó de inmediato a su despacho, en el Ministerio de Defensa, al teniente Fernández Larios. Estaba molesto y no iba a tolerar más mentiras del subalterno.
Apenas ingresó al edificio, Fernández Larios fue detenido. Por orden del fiscal estaba en calidad de incomunicado. Luego, Orozco le dijo, en tono seco y brusco, que se debía ir a Estados Unidos con Townley, quien ya había contado todo.
Fernández Larios declaró durante varias horas ante Orozco. Esta vez no pudo mentir. Al concluir el interrogatorio, fue trasladado al Hospital Militar. Seguía incomunicado. Al día siguiente tuvo que regresar al ministerio de Defensa, donde se enteró que Espinoza (que había sido el jefe de Operaciones de la disuelta DINA) estaba ahí. Mientras esperaba divisó a Manuel Contreras.
En una breve conversación, le dijo que había tenido que declararlo todo y que lo querían encarcelar. El “Mamo” solo se limitó a decirle que no se preocupara. Ese mismo día Fernández fue liberado. Años más tarde se enteraría por Espinoza de lo que realmente había ocurrido.
El día que se encontró con Contreras, éste había ido a la oficina de Orozco, donde fue duramente encarado. Orozco le hizo saber que Espinoza y Fernández ya habían confesado, por lo que iba a ir a la cárcel por 10 años como mínimo. Contreras le respondió que entonces él también quería declarar.
Orozco le preguntó directamente si había ordenado el asesinato de Letelier. Contreras respondió afirmativamente. Orozco volvió a preguntar: ¿Por qué lo hiciste? -Porque me lo ordenaron, obtuvo como respuesta. Orozco volvió a la carga: ¿Quién te lo ordenó?- ¡Pregúntale al jefe!, sentenció el director de la DINA.
En Chile no se avanzó más en el “Caso Letelier”. El 19 de abril, el gobierno militar dictó una ley de Amnistía, con el pretexto de avanzar en la unidad nacional y dejar en el pasado “odiosidades hoy carentes de sentido”.
La Ley de Amnistía borró por decreto todos los delitos contra los derechos humanos, cometidos por agentes del Estado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1978. A cambio, se entregó beneficios a unos cuantos opositores al régimen militar que se encontraban condenados a firme por actividades subversivas. Los que no tenían condenas seguirían detenidos en las distintas cárceles del país.
Pero cediendo a las presiones de Estados Unidos y a la pugna al interior del gobierno militar, la Amnistía no alcanzó al caso Letelier. En el cuarto y último artículo, la Ley exceptuó expresamente a los autores, encubridores y cómplices de la falsificación de pasaportes y homicidio del ex canciller.
Entre tanto, los fiscales estadounidenses encabezados por Eugene Propper y Lawrence Barcella, ya estaban en condiciones de formular cargos contra los asesinos. Así, el 1 de agosto de 1978, se inició en la Corte de Distrito de Columbia, Washington, el juicio público en contra de Michael Townley; los cubanos Guillermo Novo, Alvin Ross, Virgilio Paz y Dionisio Suárez; y los tres oficiales del ejército chileno: Manuel Contreras, Pedro Espinoza y el capitán Armando Fernández Larios.
Estos tres últimos fueron notificados y trasladados al Hospital Militar, en calidad de detenidos, a la espera del proceso de extradición solicitado por la justicia norteamericana que comenzó en la Corte Suprema el 21 de septiembre.
Durante el juicio, Contreras montó su centro de operaciones en su pieza del hospital castrense, desde donde ejecutó una muy bien planeada estrategia de defensa. Se encargó de generar un alto grado de confusión con sus declaraciones contradictorias, llegando a culpar incluso a la CIA del asesinato de Letelier.
En Estados Unidos, el juicio avanzaba y el 12 de mayo de 1979, el juez Barrington Parker condenó a Michael Townley a la pena de diez años de presidio por el delito de conspiración en el asesinato de Orlando Letelier.
En Chile, cuatro días después, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Israel Bórquez, rechazaba la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Había desestimado el valor jurídico de la confesión de Townley y de las declaraciones de testigos y agentes del FBI.
En menos de cinco meses, en octubre de 1979, la Primera Sala del máximo tribunal chileno, presidida por el ministro José María Eyzaguirre, ratificaba el fallo. Contreras, Espinoza y Fernández Larios quedaron de inmediato en libertad.
Tanto el gobierno militar como los medios de comunicación oficialistas, que eran la gran mayoría, apoyaron la resolución de la justicia y dieron por cerrado el caso.
Fueron más de 10 años los que el “Caso Letelier” se mantuvo con un bajo perfil, fuera de los medios de comunicación y con un escaso avance en la justicia militar. Gracias a la tenaz y valiente labor de la abogada Fabiola Letelier, hermana del fallecido ex canciller; y del también abogado, Jaime Castillo Velasco, fundador y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el caso no fue cerrado definitivamente.
Pero en 1990, apareció una importante pista que permitió abrigar esperanzas en una reapertura del caso. Una investigación periodística del Diario La Época logró identificar a la mítica agente femenina que acompañó a Fernández Larios a Estados Unidos: Liliana Walker.
Su nombre verdadero era Luisa Mónica Lagos. Sus últimos 12 años de vida se habían convertido en una horrible pesadilla. Vivía atemorizada, había intentado quitarse la vida en dos oportunidades y cada cierto tiempo caía en profundas depresiones.
Luego de hablar en privado con el abogado Alejandro Hales, que se había destacado por su trabajo en la defensa de los derechos humanos, se atrevió a declarar públicamente su participación en el asesinato de Orlando Letelier.
En este contexto, el Poder Judicial se vio obligado a reabrir el sumario del caso, bajo la mirada atenta y escrutadora del gobierno de la Concertación y del Congreso.
El parlamento también hizo lo suyo. Se dictó una ley que restituyó la nacionalidad a Orlando Letelier con carácter retroactivo. Se cumplía así lo que había dicho el ex ministro de Salvador Allende antes del atentado: “nací chileno, soy chileno y moriré chileno…”.
Ya no había vuelta atrás. Había comenzado a pavimentarse el camino para juzgar y condenar a los responsables de la muerte de Letelier. La Corte Suprema, en un pleno especial de ministros, el 16 de julio de 1991, resolvió en votación dividida, nombrar al ministro Adolfo Bañados Cuadra para investigar. Se trataba del primer ministro nombrado tras el regreso a la democracia.
En este nuevo escenario, la abogada Fabiola Letelier presentó la primera querella ante la justicia chilena por el homicidio de su hermano, Orlando Letelier. El libelo estaba dirigido en contra del, entonces, general en retiro Manuel Contreras; el brigadier Pedro Espinoza; y de “todos aquellos que resulten responsables”. Luego fue el turno del abogado Juan Bustos. El destacado jurista del Partido Socialista (fallecido en agosto de 2008), bastamente conocido en el mundo de los derechos humanos, presentó una querella representando a los hijos y viuda de Letelier, en contra del ex director de la DINA, por su responsabilidad en el crimen del ex canciller.
Sólo unos meses después, el 5 de noviembre de 1991, el ministro Bañados redactó las acusaciones en contra de Manuel Contreras y Pedro Espinoza como autores del delito de homicidio calificado de Orlando Letelier y de falsificación de pasaportes. A fines de 1992, Bañados cerró el sumario y luego acusó formalmente a Contreras y Espinoza, tras una acuciosa investigación que abarcó otros crímenes cometidos en dictadura y cuyos antecedentes fueron derivados a otros tribunales para su indagatoria, como fue el caso del asesinato del diplomático español Carmelo Soria y los atentados a Carlos Prats y Bernardo Leighton.
El 11 de noviembre de 1993, Bañados dictó sentencia en primera instancia, condenando como autores del homicidio de Orlando Letelier a Contreras, a siete años de prisión y a Espinoza, a seis.
Una serie de presentaciones jurídicas y recursos invocados por los abogados de los militares en retiro, alargó el proceso judicial.
Entre tanto, en 1994 fueron repatriados los restos del ex ministro de Allende. Sus funerales se realizaban en su Chile tan querido. A la ceremonia, en el Cementerio General de Santiago, asistieron el presidente, Patricio Aylwin, los ministros, dirigentes de los partidos de Gobierno y unas mil personas. En la lápida de la sepultura de Letelier está inscrita su réplica a la decisión del régimen de Pinochet de quitarle la nacionalidad, después de haberlo encarcelado y enviado al exilio: “Nací chileno, viví chileno y moriré siendo chileno”.
Finalmente, el 30 de mayo de 1995, la Cuarta Sala de la Corte Suprema confirmó la condena de primera instancia para Contreras y Espinoza: siete y seis años de cárcel, respectivamente.
Pero el emblemático caso que le significó a Pinochet el repudio internacional y estar permanentemente en la mira de los organismos de defensa de los derechos humanos, aún estaba lejos de terminar para el Ejército, el gobierno, el poder judicial, los medios de comunicación y la familia Letelier.
Sin embargo, la decisión del máximo tribunal del país rompía con la impunidad y devolvía, en parte, la confianza en los tribunales y la posibilidad cierta de alcanzar justicia en uno de los casos más simbólicos de los atropellos a los derechos humanos cometidos por la policía secreta del gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet.
Miles de personas llegaron, ese día, al Palacio de Justicia, mientras la televisión transmitía en directo el momento en que el secretario de la Corte Suprema, Carlos Meneses, leía el fallo. Se produjo un estallido de júbilo y emociones encontradas. Los cinco jueces de la Suprema, por unanimidad, enviaban a la cárcel a los ex jefes de la DINA.
Las reacciones de los condenados se conocieron de inmediato. Mientras Espinoza asumió que era un soldado que siempre había actuado como tal y que acataría el fallo, Contreras aseguraba, desde su fundo en el sur del país, en Fresia, que “no iba a estar un solo día en la cárcel”.
El domingo 18 de julio, en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, un confiado y muy seguro Espinoza se acercó sorpresivamente a los periodistas que rodeaban la entrada del lugar y, vestido con su uniforme de campaña verde oliva, afirmó que no iría a una cárcel de gendarmería.
En un ambiente de tensión política, se sucedían las reuniones entre las autoridades. El presidente Eduardo Frei se reunión con su ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma; el comandante en jefe del ejército, general Guillermo Garín; y con Pinochet.
Por su parte, el pleno de ministros de la Corte Suprema dio a conocer, en voz de su presidente, Marcos Aburto, su preocupación por las dificultades que se estaban presentando para el “cúmplase” de la sentencia.
A las 21 horas de esa misma noche, el ejército asestaba un duro golpe a la moral de Espinoza, al comunicar su “baja” de la institución. Horas después, un equipo especial de la policía de investigaciones ingresaba al Comando de Telecomunicaciones en busca de quien fuera el director de operaciones de la DINA.
Pasada la 01:30 de la madrugada del martes 20, Pedro Espinoza ingresaba, vestido de civil, al penal Punta Peuco, inaugurando la cárcel construida especialmente para militares condenados por delitos de lesa humanidad.
Por su parte, Manuel Contreras había evitado la notificación judicial y en una maniobra distractora había llegado hasta el Hospital Naval de Talcahuano, donde logró eludir la cárcel por algunos meses más, en medio de una dura batalla judicial.
Uno tras otro, los tribunales rechazaban los recursos interpuestos por la defensa de Contreras.
Entre tanto, los médicos del recinto hospitalario de la Armada decidieron operarlo de una hernia que, aunque le causaba molestias, no ponía en riesgo su vida.
Contreras ya estaba bajo la custodia de Gendarmería, lo que significaba que había empezado a cumplir la condena por el asesinato de Orlando Letelier el 30 de junio. Sólo faltaba su traslado a la cárcel para uniformados violadores de los derechos humanos de Punta Peuco.
Gendarmería dispuso la implementación de la clínica del Penal, la que contó con todos los requerimientos médicos de Contreras, “a la medida del enfermo”.
Paralelamente, los abogados que hacían frente en la vía jurídica a el ex jefe de la Dina, Luis Toro, del Ministerio del Interior; Carlos Troncoso y José Antonio Gómez, del Ministerio de Justicia, seguían adelante con los esfuerzos por hacer cumplir el dictamen de los tribunales de justicia.
El 19 de octubre 1995, Contreras comunicó al alto mando castrense que aceptaba la resolución y dejó de recurrir a resquicios legales para evitar su encarcelamiento. Eso sí, luego que se encontrara una solución a la demanda del Ejército de asumir la custodia y seguridad de Contreras.
Finalmente, tras una interpretación del reglamento de Gendarmería, se consideró que funcionarios del Ejército se instalaran en comisión de servicio en Punta Peuco. Sin embargo, Gendarmería seguía a cargo del penal.
La ministra de Justicia, María Soledad Alvear, recibió la confirmación del traslado de Contreras a Punta Peuco la mañana del viernes 20 octubre. De inmediato se comunicó con el jefe de Seguridad de Gendarmería, Edmundo Letelier, y le ordenó ponerse en contacto con el enlace del Ejército que lo incorporaría a la operación, que se mantenía en absoluta reserva. Sólo estaban al tanto el Subsecretario de Justicia, Eduardo Jara; el director de Gendarmería, Claudio Martínez; y el abogado a cargo del operativo por parte del Ministerio de Justicia, José Antonio Gómez.
Durante todo el proceso desde que la justicia dictó la sentencia de primera instancia que condenó a los ex jefes de la DINA a prisión, el Diario La Nación se preparó cuidadosa y detalladamente para dar cobertura periodística al caso que mantenía expectantes a los medios de comunicación nacionales e internacionales.
La Nación, reporteros y dirección, sabía que estaba frente a un hecho de alta relevancia para el país y que quedaría grabado en la historia. Más de 10 periodistas, especializados en temas de Justicia, Policía y Política, se desplegaron estratégicamente para no perder ningún detalle: Palacio de La Moneda, Tribunales de Justicia, Dirección General del Ejército, Punta Peuco, Cuartel de Investigaciones, Ministerio de Defensa, Fundo Fresia, Hospital Naval de Talcahuano, entre otros. Se seguía con atención todo lo relacionado con el caso Letelier las 24 horas del día.
Gracias a la dedicación y olfato periodísticos, esa mañana, los periodistas titulares, de los diversos medios de comunicación, comenzaron a regresar sigilosamente a Punta Peuco. Los reporteros que llevaban, en algunos casos, semanas acampando en los alrededores de la cárcel, fueron relevados por sus colegas. Los camarógrafos y gráficos más expertos y con más años de experiencia captaron de inmediato que algo estaba ocurriendo.
El día iba a ser distinto a los anteriores, donde la larga espera daba paso a la noche y al día, sin que nada alterara las horas. Había que estar alerta. La adrenalina comenzó a subir, en medio de rumores y miradas cómplices. Todo hacía pensar que era el día “D”.
Y así fue. Eran pasadas las 14:00 horas, cuando comenzó el movimiento de helicópteros. Los canales de televisión rompieron su transmisión para emitir “extras” desde Punta Peuco. El flujo informativo no paró hasta después de la medianoche.
Había ingresado a la Cárcel de Punta Peuco, el ex jefe de la DINA, General en retiro Manuel Contreras, quien comenzaba así a cumplir, bajo las condiciones de la justicia ordinaria, en un gobierno democrático, su condena por el asesinato, en Washington, del ex ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier, y su asistente Ronnie Moffit.
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