La denuncia contra los hermanos Calderón, seguida por las querellas contra los Ossandón y los Errázuriz, eran parte de una estrategia de la Dirección Nacional del Servicio para infundir miedo entre los grandes contribuyentes. La irrupción del caso Penta se enganchó bien con esa política, pero cuando este caso derivó a SQM, la alianza entre Michel Jorratt y Cristián Vargas se rompió.
Cuando Michel Jorratt le propuso a Cristián Vargas que tomara la subdirección Jurídica, el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos (SII) estaba haciendo una apuesta fuerte por este abogado de modos más bien tímidos, que por largos años había trabajado casi solo en el Departamento de Técnica Tributaria, bajo el alero de la subdirección Normativa.
No se sabe si fue por iniciativa de Jorratt o de Vargas, pero ambos concordaron que el SII debía retomar la acción penal y perseguir a los grandes evasores con el objeto de reducir la evasión.
Un testigo de esas conversaciones explica que “nuestra apreciación era que había una industria de la evasión formada por consultores y estudios jurídicos. Había muchas planificaciones burdas y el SII no actuaba, pese a que constituían delitos. Se acordó con el director (Jorratt) buscar delitos tributarios más complejos y que afectaran a grandes evasores. Eso iba a producir una sensación de mayor riesgo y control, lo que traería como consecuencia la reducción de la evasión”.
En ese marco, surgió la denuncia contra los hermanos Maxo y Alberto Calderón el 6 de mayo de 2014. Este caso reunía características que encajaban perfectamente en la nueva política del SII: se trataba de un gran contribuyente, que ocupaba regímenes especiales y utilizaba planificación tributaria. Luego de los Calderón vendrían las querellas en noviembre contra seis empresas vinculadas a la familia de Francisco Javier Errázuriz y, en diciembre, contra la familia Ossandón.
Y en medio de ellas se llegó al caso Penta, que además fortalecía los planteamientos de la Reforma Tributaria. La evaluación que primó en la subdirección Jurídica fue que “Penta enganchaba bien con esta estrategia que se había diseñado. El nivel de prácticas irregulares de ese caso demuestra que había habido falta de fiscalización en los últimos seis años. Esa crítica se levantó al interior del SII desde Jurídica a Fiscalización”.
Esta mirada negativa terminaría por separar las aguas entre ambas subdirecciones.
Hasta diciembre del año pasado, en que el caso Penta parecía involucrar a dos grandes empresarios –Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín–, a sus empresas y ejecutivos, sumados a un puñado de políticos mayoritariamente de la UDI, se tenía la sensación de que la estrategia había sido exitosa. En la subdirección Jurídica se evaluaba “que habíamos logrado levantar una imagen alicaída. Nos proyectamos de manera más activa, potente y con presencia pública”.
Sin embargo, no estaba en el horizonte de Jorratt ni de Vargas que este Servicio más agresivo, además de una Reforma Tributaria que elevaba en 3 puntos la recaudación, terminaría por paralizar al sector privado. Tampoco sospechaban que Penta los llevaría a SQM y esta compañía los metería de cabeza en la fórmula irregular que dirigentes de la Nueva Mayoría habían encontrado para financiar el período de precampaña electoral de Michelle Bachelet.
La aparición de la sociedad “Asesorías y Negocios SpA” de Giorgio Martelli, a la cual el propio Jorratt había prestado servicios, terminó por envolver al SII en una pugna política al interior de la Nueva Mayoría, en el corazón de La Moneda y por destruir esa alianza básica que existía entre Jorratt y Vargas.
El resultado fue que el Servicio de Impuestos Internos se sumió en una grave crisis de autoridad.
Pasadas ya varias semanas desde que Jorratt y Vargas salieran de sus cargos y cuando los hechos comienzan a decantar, todavía no hay una mirada sobre el conflicto que se vivió en el SII. Reconstruir ese relato tomará un largo tiempo aún.
El llamado de Rodrigo Valdés
Rodrigo Valdés atravesó ese lunes 11 de mayo desde La Moneda a Teatinos 120. Acababa de jurar como ministro de Hacienda y, para sorpresa de quienes le vieron, una de las primeras cosas que hizo fue llamar por teléfono a Michel Jorratt.
El director del SII también se vio sorprendido por la llamada, pero quedó más atónito cuando el nuevo ministro le solicitó que no tomara ninguna decisión sobre cargo alguno. Jorratt entendió que se refería a Cristián Vargas.
Quienes supieron del incidente, dedujeron que el ministro había sido advertido en La Moneda. “Tenía claro lo que debía hacer”, se comenta.
Una hora antes, casi al mismo tiempo en que Valdés juraba, Jorratt había citado a Vargas para pedirle su cargo. La desconfianza entre ambos funcionarios hacía imposible una relación profesional, sobre todo después del reportaje de Ciper el viernes 8, que daba cuenta de las presiones que Interior y Hacienda ejercían sobre el Servicio.
Jorratt estaba convencido de que Vargas había sido fuente para ese artículo. Este siempre lo ha negado e, incluso, cuando leyó el artículo, le envió un mensaje a alguien de su equipo: “Parece que me quedé sin pega”. Su versión es que hasta se comunicó a través de la página de contacto de Ciper para ubicar a su directora, Mónica González, con el fin de que consignara que no había participado como fuente para el artículo, lo que el medio hizo, aunque también dejó por escrito que él escuchó la versión de Ciper y no la desmintió.
Ese lunes 11, en todo caso, la salida de Vargas todavía no estaba resuelta. El jefe de personal se encontraba en la oficina del subdirector Jurídico para ultimar los detalles de su renuncia, cuando recibieron un nuevo llamado de Jorratt echando para atrás su decisión.
¿Quién en La Moneda se enteró del despido de Vargas? Terminada la reunión con Jorratt, Vargas se encontró con sus asesores más cercanos, entre los que se hallaban la abogada Mildred Bull, además de Sergio Palma. Fue este asesor en temas de inteligencia tributaria, ex militante socialista y administrador público de profesión, quien tomó contacto con alguien del equipo de la Subsecretaría de Interior. No se comunicó directamente con Mahmud Aleuy, pero los hechos señalan que el mensaje habría llegado a alguna persona con la suficiente influencia para transmitírsela a Valdés.
Devolver la gobernabilidad
La política del “caiga quien caiga” sólo era posible cuando había una guerra fratricida al interior del Gobierno. La renuncia de Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas a los ministerios de Interior y Hacienda, respectivamente, puede ser vista como una forma de declarar a uno de los bandos como perdedor –aquel que se coordinó desde la precampaña– y de comenzar a apaciguar a la opinión pública.
De ahí en adelante, los dardos apuntaron contra el director del SII. La salida de Jorratt era cosa de días, se sentía en el aire y así lo trasuntaban las declaraciones de los nuevos ministros. Valdés trataba de devolverle cierta gobernabilidad al Servicio, pero los secretarios de Estado que ocupaban La Moneda no ayudaban a mejorar el clima.
La presión se hizo insostenible después que se filtraran a La Tercera –el domingo 17 de mayo– algunos de los correos que intercambiaron Michel Jorratt y Cristián Vargas, donde este lo acusaba de dilatar las querellas. El uso de la palabra “dilación” había alertado a Jorratt, quien pensó que Vargas estaba dejando un registro para hacer de esto un “caso” contra él. Sobre todo porque, más que correos, la comunicación entre ellos era a través de WhatsApp.
El entorno del subdirector jurídico culpó a Jorratt de haber filtrado esos emails, mientras que el director del SII responsabilizó a Vargas. Ambos se dieron cuenta de que no se habían publicado todos los correos, pero donde no hay acuerdo es a quién beneficiaban los extractos faltantes. Los dos sabían también que habían copiado esos correos a otras personas de su confianza.
Hombres solos
Jorratt hacía tiempo que sentía que no podía confiar en nadie. Tenía la sensación de que todos perseguían intereses encubiertos y le pesaba la responsabilidad que se había echado encima. Temía dar pasos en falso, pero dudaba de su jefa de gabinete, Elena Amaya; del subdirector de Fiscalización, Víctor Villalón; del subdirector de Normativa, Juan Alberto Rojas; y más que nada del subdirector de Jurídica, Cristián Vargas.
También estaba inseguro respecto a Hacienda y de sus verdaderas intenciones. Aunque hasta el día de hoy indica que Alberto Arenas le dejó actuar con autonomía, resulta difícil pensar que la jefa de gabinete de este, Andrea Palma, actuara con colores propios cada vez que transmitía al SII una aprensión del Ministerio de Interior.
Mientras eso le sucedía con sus superiores, Jorratt fue perdiendo confianza en Vargas, quien mostraba crecientes problemas para relacionarse con los otros subdirectores durante el primer trimestre del año. Lo sentía muy obsesionado por la idea de que el SII no podía perder la iniciativa frente a la Fiscalía. “Hay que actuar antes que Gajardo”, era uno de los argumentos del subdirector de Jurídica y que a Jorratt le molestaban.
Quienes conocen al ex director del Servicio de Impuestos Internos, lo describen como un hombre que tiende a buscar los acuerdos y que no estaba acostumbrado a las presiones políticas que generó un caso como Penta.
Anímicamente debe haber sido muy fuerte constatar que él era uno de los tantos antecedentes que llevaban hacia Giorgio Martelli y a su sociedad Asesorías y Negocios. Eso lo dejaba en mal pie tanto interna como públicamente.
A lo que se añadía que tampoco tenía asegurado su puesto. La Presidenta Bachelet lo ratificó como director del Servicio de Impuestos Internos recién en abril.
Vargas, por su parte, sentía cada vez más menguado su apoyo dentro del organismo. Percibía que su postura de llevar a la Justicia por delitos tributarios a evasores y a políticos de cualquier signo contaba con cada vez menos respaldo interno. Juan Alberto Rojas, subdirector de Normativa, y Víctor Villalón, de Fiscalización, se mostraban contrarios con argumentos técnicos. Elena Amaya, del gabinete de Jorratt, se oponía. Los otros subdirectores callaban.
La imagen de Vargas sobre Jorratt cambió a lo largo de este año, si bien se daba cuenta de que el único que lo apoyaba al final de cuentas era el Director Nacional, pero no lo hacía con la fuerza que él hubiera querido. Lo veía cada vez más vacilante frente a la toma de acciones legales que afectaran a políticos, como Jovino Novoa o de la propia Nueva Mayoría.
También sentía que él como subdirector Jurídico era el responsable de las querellas y las demoras podían afectar su responsabilidad funcionaria, lo que quizás influyó en su posición cada vez más rígida respecto al cumplimiento de plazos autoimpuestos. Pero lo que había tras la conducta de Vargas era una profunda desconfianza sobre la voluntad de llevar los casos a la Justicia.
Jorratt herido
El lunes 18 de mayo, a las 11 de la mañana, Rodrigo Valdés citó a Michel Jorratt. El director del SII sabía a lo que iba al gabinete del ministro y quizás por eso llegó un poco más tarde.
Una versión señala que Valdés le pidió que renunciara al cargo y que echara a Vargas. Jorratt se habría negado a ambas cosas. Su renuncia implicaba aceptar que había cometido errores y no estaba dispuesto a hacerlo. Jorratt estaba dispuesto a echar a Vargas y a salir del SII, siempre y cuando le dejaran dar su cuenta anual que estaba agendada para el miércoles 20. Quería mostrar todo lo que había logrado a nivel técnico a favor del Servicio.
Valdés lo pensó algunos minutos, pero terminó diciéndole que no había espacio para ello. La Moneda quería despejar el discurso del 21 de mayo de la Presidenta Bachelet y ello pasaba por apartar a Jorratt lo antes posible y que Martelli moviera su declaración del miércoles 20 ante la Fiscalía para la semana entrante. Cosa que también sucedió.
En este escenario, asumió Juan Alberto Rojas como director subrogante del SII. Fuentes cercanas a Jorratt y Vargas apuestan a que le encomendaron –al menos– dos misiones: sacar al SII de los diarios y acabar con las querellas.
Para ello, había que desanudar las trenzas. Rojas mantuvo, en su calidad de director subrogante, la facultad de ejercer acciones penales y no las volvió a delegar en la subdirección Jurídica. Pero tampoco se quedó con esa responsabilidad, sino que a través de la circular interna N° 10 –de junio– informó que las nuevas querellas iban a ser decididas, de ahora en adelante, previa recomendación de un comité formado por los subdirectores de Normativa, Jurídica y Fiscalización. Es decir, las decisiones se tomarían por mayoría y así quedaba diluida su responsabilidad. O, mirado de una manera positiva, las decisiones se volvían “institucionales”.
Pese a que la voluntad inicial de Valdés habría sido sacar a Vargas del Servicio, Rojas intercedió a favor de él. Luego de una semana de vacaciones, el ex subdirector Jurídico y su jefa de gabinete emigraron al reino de Normativa. El argumento que habría pesado fue que Vargas actuó por convicción.
Cuando Aleuy entró al baile
En enero de 2014, Cristián Vargas se reunió con Sergio Palma, quien ocupaba un puesto directivo en un colegio de Maipú y tenía cierta formación en inteligencia. Ambos se conocían desde hacía mucho tiempo. Elfrida Palma había sido funcionaria del SII en temas de recursos humanos y ella le había presentado a su hermano a distintas personas del Servicio.
Varios años atrás, Palma le había planteado a Vargas un proyecto de montar una unidad de inteligencia en el SII. El tema no llegó a puerto, pero cuando Vargas fue nombrado por Jorratt como subdirector de Jurídica, llamó a Palma.
Cuando se decidió perseguir de manera activa a los grandes evasores, la subdirección Jurídica solo hizo nuevas contrataciones para fortalecer la inteligencia tributaria. Esta unidad había sido creada en el período de Julio Pereira –bajo el Gobierno de Piñera– con el objeto de pesquisar planificaciones tributarias agresivas, pero se había quedado en la minería de datos. “Era una unidad que vivía de los datos que le llegaban, más que de lo que encontraba por sí misma”, describe una fuente.
Vargas decidió incorporar a Palma, pero para no causar anticuerpos, lo puso como asesor de la subdirección. El debía ayudar a sistematizar los datos y darles una lectura más proactiva.
A poco andar, tanto Vargas como Palma comprendieron que esta acción contra los grandes evasores tenía un impacto político y que era necesario tender puentes. Esto se volvió más evidente con el caso Penta. Se reunieron con personeros del Ministerio Secretaría General de Gobierno, de la Subsecretaría General de la Presidencia y con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
La lectura en La Moneda habría sido la misma en las distintas reparticiones: la política de perseguir a los grandes evasores ayudaba a darle un sustento al proyecto de Reforma Tributaria que se discutía fuertemente en el Congreso.
Pero hubo un hecho que no tiene nada que ver con impuestos, que marcó el inicio de una nueva relación entre Interior y el SII: la seguridad ciudadana.
No está muy clara la fecha en que Aleuy se reunió el año pasado con Michel Jorratt para sondear la idea de que el Servicio de Impuestos Internos le ayudara a desactivar el crimen organizado y a aumentar la seguridad. A Jorratt le pareció que el organismo disponía de información que otros servicios no tenían y Aleuy le prometió recursos para este fin. Otras dos o tres reuniones se concretaron, pero fue Cristián Vargas quien representó al Servicio.
También hubo conversaciones con la Dirección de Presupuestos y la promesa de Aleuy se concretó a inicios de 2015, cuando al SII le llegaron alrededor de $ 300 millones para la subdirección. En febrero de este año entró a trabajar Alejandro Hernández, quien había salido de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) el año pasado.
La idea de adentrarse en los temas de seguridad e inteligencia no pasó de eso: una idea. El caso Penta y sus aristas concentraron la atención de Vargas y su equipo más cercano.
Una nueva reunión tuvo Michel Jorratt en marzo de este año con el subsecretario Aleuy. Esta vez el tema no fue la seguridad, sino que la querella contra SQM. Esa reunión le sirvió al director del SII para constatar algo que ya Vargas le había adelantado, gracias a los contactos de Palma: Aleuy era de la política de que las instituciones funcionaran, no importando quién se viera perjudicado. “Era la forma de defender a la Presidencia”, se concluyó al interior del SII.
Eso los llevaba al convencimiento de que La Moneda estaba dividida, ya que no era la misma actitud que percibían en el ministro Peñailillo. Este no habría mirado con buenos ojos las acciones que involucraban a SQM.
Nadie filtró lo que se filtró
A juzgar por las declaraciones públicas, cada uno de los protagonistas de esta historia dice que no filtró información confidencial a la prensa.
Un renunciado Michel Jorratt dijo a El Mercurio, el 23 de mayo: «Había filtraciones de cosas nuestras y luego nos enterábamos que habían salido por el lado de la Subsecretaría del Interior”.
Mahmud Aleuy tuvo que desmentirlo tres días después: «Lo primero que quiero decir es que yo considero, y la gente que trabaja conmigo también, que las filtraciones y los rumores en política o en la acción gubernamental son un cáncer». Luego señaló que «uno no puede hacer política pública o hacer política en general haciendo filtraciones por los medios, eso no corresponde», y afirmó que «nadie de mi equipo ha filtrado absolutamente nada».
Sergio Palma declaró a El Mercurio –el 5 de junio– que tampoco era el autor de las filtraciones. “Eso, el subdirector jurídico, Cristián Vargas, jamás lo hubiese aprobado, y yo no las he hecho, por lo tanto son acusaciones absolutamente falsas”.
Vargas en su carta de despedida a los funcionarios –el 1 de junio– había indicado al respecto: «Se ha intentado desacreditarme personalmente con acusaciones de ‘filtración’ de información (…) se trata de imputaciones injuriosas, carentes de todo fundamento».
En definitiva, todos fueron funcionarios leales a la promesa de guardar reserva.
Los hechos, sin embargo, señalan que primero se dieron a conocer –a través de El Mostrador– los entretelones de una reunión de inicios de abril, donde se sustentaba la tesis de que se debilitaba el poder de Cristián Vargas en la Subdirección Jurídica. Luego se filtraron, a The Clinic, el 15 de abril, las cuatro boletas que Rodrigo Peñailillo emitió a AyN en 2012. Eso llevó a que Vargas sintiera que Jorratt desconfiaba del Departamento de Delitos Tributarios y presentara su renuncia de manera informal, la que no fue aceptada. Un mes después, prosiguió el reportaje de Ciper que daba cuenta de las presiones de Interior y de Hacienda sobre el SII, que continuó con la puesta en escena de los correos intercambiados entre Jorratt y Vargas por La Tercera, y la información en The Clinic de una querella que quedó por firmar contra SQM Salar.
El resultado de todo ello fue que Michel Jorratt fue sacado de su cargo de director del SII. Cristián Vargas y su jefa de gabinete salieron de la subdirección Jurídica y se refugiaron en la subdirección de Normativa. Mientras que a sus asesores, Sergio Palma y Alejandro Hernández, se les despidió del organismo. Los ministros Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas también fueron removidos. El primero se encuentra concentrado en su defensa política y legal, mientras que el segundo se cobijó en la Cepal. El subsecretario Aleuy continúa en La Moneda.
La bandera del “caiga quien caiga” se arrió junto con el cambio de gabinete. Al igual que la idea de perseguir a los grandes evasores a destajo por la vía penal. Los vientos que corren en el SII son más proclives a diferenciar y a optar por la sanción pecuniaria, con multas e intereses, como una vía dentro de lo posible y razonable. Tampoco se ha vuelto a hablar del desbaratamiento de las bandas del crimen organizado a través del uso de la inteligencia tributaria.
