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La culpa es del pollo: Cencosud le informó en octubre de 2015 a la SEC de EE.UU. que proveedores son un monopolio

por 8 enero 2016

La culpa es del pollo: Cencosud le informó en octubre de 2015 a la SEC de EE.UU. que proveedores son un monopolio
Anticipándose a lo que ya se venía, la empresa de Horst Paulmann le comunicó el pasado 15 de octubre al regulador de Wall Street que sus abastecedores –sin explicitar a las productoras de pollos– eran estructuras que en general limitan el poder de adquisición entre las cadenas minoristas, detalles que sin embargo no aportó a la SVS. Su tesis choca con la versión del gremio de proveedores, que culpa justamente a los supermercados de ser los que imponen condiciones y estar concentrados. A nivel de mercado la acción de Cencosud cayó 7% en los últimos dos días.

No sabían exactamente por dónde se venía la mano, pero al menos Cencosud algo intuía. Siendo hoy una de las tres cadenas minoristas acusadas de colusión por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), junto a SMU y Walmart, la firma controlada por Horst Paulmann le comunicó el 15 de octubre del 2015 –según la fecha publicada en su sitio corporativo– a la Securities and Exchange Commission (SEC) que, en el marco de la investigación iniciada por la Fiscalía en esos días, su base de proveedores era algo así como un monopolio.

Quizás anticipándose al requerimiento que hoy tiene a los supermercados en el ojo del huracán, el holding dueño de Jumbo y Santa Isabel, sostuvo –en términos generales– que frente a sus abastecedores no tenía mucho poder para negociar precios, develando así la relación de amor y odio que públicamente han venido mostrando ambos sectores en los últimos años.

En su informe a la SEC y sin explicitar a los proveedores de carne de pollo, Cencosud dijo que “en general, percibimos una homogeneidad en los términos y precios en retail. La base de proveedores en Chile se consolida y se caracteriza por estructuras de oligopolio y monopolio que generalmente han limitado el poder de adquisición entre los minoritas, a pesar de sus ventajas de escala percibida”.

Hoy y con la acusación de la FNE sobre la mesa, fuentes ligadas a la compañía de Paulmann sostienen que Cencosud se refería particularmente a los proveedores de pollos. Esto, a pesar de que en el primer trimestre de 2015, en sus memorias del ejercicio 2014, dijo que “la FNE no ha entregado pormenores de la investigación al público, pero ésta parece centrarse en los abarrotes, aves y vacuno de marcas privadas”.

El trasfondo de la comunicación enviada a la SEC –la cual se enmarca en el 20F remitido a fines de 2015– se explica, según fuentes cercanas a la empresa, en el hecho de que los computadores confiscados por la FNE tenían relación particularmente con el área de ventas de carnes. Con el antecedente de la colusión de los pollos, ratificada por la Corte Suprema, Cencosud se refirió a sus proveedores como un monopolio, aunque sin personalizarlo en sus abastecedoras de la carne blanca.

En la compañía sostienen que lo enviado a la SEC en noviembre guarda estrecha relación con la declaración pública emitida ayer, en la cual, además de descartar de plano la acusación de la FNE, sostuvo que su requerimiento “resulta sorprendente, ya que esta propia entidad, a través de un estudio económico presentado en 2012, argumentó ante el TDLC que las cadenas de supermercados y los consumidores habían sido víctimas del caso de colusión de los productores de pollos”.

Esto, en alusión al estudio que elaboró el hoy ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, para la FNE en el Caso Pollos, cuando trabajaba como profesor asociado en la Universidad de Chile. En dicho trabajo, realizado junto al investigador asociado José Luis Lima, señalaba que dicho cartel, por su integración vertical, perjudicaba a intermediarios y consumidores, elevando el precio artificialmente en cadena.

Gómez-Lobo respondió ayer que dicho trabajo no puede ser considerado para el caso de colusión de los supermercados, pues se trata de “dos fenómenos muy distintos”.

Amor y odio

De esta manera, la firma de Paulmann busca plantear la tesis de que la colusión en el mercado de la carne de pollo responde al acuerdo de empresas como Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, multadas en conjunto con US$60 millones por parte del TDLC, y no a una coordinación entre las tres cadenas minoristas hoy perseguidas por la FNE.

La autoridad antimonopólica ve en Cencosud, SMU y Walmart una complicidad activa frente al cartel del pollo, pues apuntó al acuerdo de los supermercados con sus proveedores para obtener descuentos en precios de productos que luego vendían más caros a los consumidores finales.

Pero la mirada de Cencosud choca violentamente con la que tienen los proveedores. La Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (Agip) –en cuyo sitio siguen vigentes como socios Agrosuper y Ariztía, sancionados por el TDLC y con ratificación de la Corte Suprema– dijo que ha “rechazado en forma sistemática, y por más de una década, las prácticas abusivas que han afectado a nuestras empresas proveedoras, en un contexto en que las principales cadenas representan el 95% de la industria supermercadista, posicionando a Chile como el país con mayor concentración a nivel mundial en este canal”.

Según el gremio, es precisamente esta alta concentración la que ha generado un abuso de posición dominante y relaciones asimétricas y desequilibradas con los proveedores, “las que persisten hasta el día de hoy y que es urgente corregir”.

Aunque los socios referidos fueron sancionados por colusión, la Agip aseguró que “condenamos cualquier conducta que atente contra la libre competencia en el mercado, porque daña la fe pública, perjudica a la economía y a los consumidores, y afecta la confianza en las instituciones”.

Aún más, la Agip criticó a la propia FNE por la forma en que ha venido supervisando a los supermercados, aunque aseguró que estarán siempre disponibles para apoyar a dicha Fiscalía “en la búsqueda de poner fin y sancionar aquellas prácticas contrarias a la libre competencia, en perjuicio directo de los consumidores chilenos”. De paso, irónicamente, les dio recomendaciones para terminar con las malas prácticas de los supermercados a sus asociados.

“Hace una década, la Fiscalía Nacional Económica recurrió al instrumento de los Acuerdos Generales y Particulares con el fin de evitar abusos de posición dominante y faltas a la libre competencia de parte de los supermercados hacia los proveedores. En el diseño de estos instrumentos, sin embargo, los proveedores no fuimos invitados a participar y tampoco fuimos consultados. Hemos manifestado a la autoridad en forma reiterada la revisión de dichos documentos y la promoción de la estandarización de las mejores prácticas, con el objeto de garantizar la libre competencia en el mercado. De esta forma, se evitarían las malas prácticas y abusos que aún persisten hacia los proveedores…”, sostuvo la asociación.

Entre dichas prácticas, nombró el aumento unilateral de los plazos de pagos; la asignación de espacios preferentes de exhibición a las marcas propias; la realización de cobros no convenidos; cobros por inauguraciones y remodelaciones; decisiones unilaterales de suspensión de compras por parte del supermercado, presión por entregas centralizadas y contratación de sus reponedores, principalmente.

La relación de amor y odio entre proveedores y supermercados es conocida. De hecho, a propósito del cartel de papel tissue recientemente descubierto por la FNE y reconocido por SCA y CMPC Tissue –esta última también socia de Agip– en el mercado se recuerda el rol de “cómplices pasivos” que habrían tenido los supermercados en dicho comportamiento .

En todo caso, aunque la firma de Paulmann apunte derechamente a sus proveedores, le resta por explicar los lapidarios correos que se dieron a conocer con el requerimiento de la FNE y que alimentan la tesis de que en realidad los supermercados fueron cómplices activos en todo este asunto.

Como se detalló en la edición de ayer, es posible leer en los emails antecedentes como los siguientes: "Santa Isabel está saliendo a un precio demasiado bajo en Temuco!", como se detalla en un correo electrónico enviado por un representante de Cencosud. "OK subo todos los precios ahora mismo", se lee posteriormente.

Otro ejemplo proviene de un ejecutivo de Ariztía en el que le tira las orejas a SMU: "La cadena Bigger hoy salio [sic] con un precio de venta a público en el pollo entero Ariztia CIM a $ 999 kg. Este precio NUNCA ha sido autorizado por nuestra Gerencia Comercial y tampoco hemos ofrecido ningún descuento adicional o distinto a los entregados a Rendic. En este momento estamos informando a nuestras distintas sucursales que deben suspender los despachos de pollo entero CIM a la cadena Bigger debido a que el precio está bajo el costo" (correo electrónico de fecha 28 de noviembre de 2009, del KAM de Ariztía a un personero de SMU, asunto: "Precio Pollo entero Ariztía").

Frente a la denuncia de la FNE, SMU señaló escuetamente que, si bien no ha sido notificada, “rechaza cualquier actuación que atente contra la libre competencia” y adelantó que “demostrará su inocencia ante las instancias pertinentes”.

A su vez, Nicolás Ibáñez –que tuvo el control de DyS hasta principios de 2009 y lo cedió a la estadounidense Walmart– acusó duramente al Gobierno y la FNE de intentar desprestigiar a los empresarios.

Definitivamente, en Chile hay mano blanda

Si hay algo que ha quedado claro con la seguidilla de escándalos empresariales que han afectado el país, es que en Chile hay mano blanda. No solo porque el estándar regulatorio en el país es bajo frente a otras economías desarrolladas sino también porque cuando ha habido sanciones administrativas e incluso penales, estas no son suficientes ante la opinión pública.

En el caso de las farmacias no hubo condena penal porque la Fiscalía no encontró un delito en el Código Penal que se ajustara a la colusión que ratificó la Corte Suprema. La disposición que invocó el Ministerio Público para perseguir a la serie de ejecutivos vinculados en la colusión farmacéutica data de 1875.

En el caso La Polar se logró condena, pero hoy los tres involucrados de una de las mayores estafas empresariales en la historia del país están libres.

Esa realidad, de alguna manera, queda clara con la comunicación de Cencosud a la SEC. Las razones respecto de por qué el retailer le entregó mayores detalles al regulador de Wall Street, en comparación con los escuetos antecedentes aportados a la SVS, las explica la propia compañía.

Al mismo tiempo que Cencosud calificaba a sus proveedores como un oligopolio, la compañía manifestaba al temido regulador norteamericano que la Ley de Mercado de Valores chilena “impone requisitos de divulgación que son más limitados que los de Estados Unidos, en algunos aspectos importantes. Además, aunque la legislación chilena impone restricciones sobre uso de información privilegiada y la manipulación de los precios, las leyes aplicables en Chile son diferentes que las de EEUU y el mercado de valores chileno no es altamente regulado ni supervisado ​​como los mercados de Estados Unidos”.

Mercado reacciona tibiamente

En el mercado de renta fija prácticamente no hubo reacciones a la acusación de la FNE, pero no ocurrió lo mismo por el lado accionario. La acción de Cencosud ayer cayó hasta los $1.320, acumulando en las últimas 48 horas una baja de 7%.

Pese a esto, en el mercado no ven que la actual coyuntura afecte mayormente a la cadena dirigida por Paulmann. “La multa no tendrá un efecto significativo en el flujo de caja de Cencosud, pero podría afectar a su valoración (ya que se deteriora la percepción de la gestión) y su capacidad para competir en el mercado", dijo ayer Banchile Inversiones.

Analistas que prefirieron hablar en reserva recordaron que la multa máxima que podría aplicar la Fiscalía oscila hoy en los US$22 millones. Y, en ese sentido, la baja cercana al 5% registrada ayer, equivale justamente a la porción de las utilidades proyectadas para este año para Cencosud, por tanto, estiman que el mercado ya se ajustó a un escenario en el cual la firma de Paulmann finalmente sería multada por el TDLC.

Más que eso, hasta el momento el mercado no saca otras lecturas. Hace solo unas semanas, el 23 de diciembre pasado, la clasificadora Fitch Ratings calificó la perspectiva del sector retail como “estable”. “La agencia continúa considerando que las compañías del sector cuentan con la flexibilidad financiera suficiente para abordar los desafíos de un crecimiento económico alicaído en 2016, ajustando sus planes de inversión con una generación operacional adecuada y una posición de liquidez que permanecerá holgada en términos de vencimientos de deuda”, sostiene.

Para el caso de Cencosud (estable) sostuvo que mantendrá balanceada su generación de flujo de caja operacional en comparación con sus inversiones en activos fijos y pago de dividendos. Se espera que la firma ajuste sus inversiones y dividendos pagados, en caso de ser necesario, para mantener un flujo de caja libre (FCL) neutral o positivo durante 2016.

Y para Walmart, indicó que mantendrá su “sólida posición de Mercado” junto a un crecimiento orgánico conservador de sus formatos. “La entrada de recursos en 2016 tras la enajenación de 10 centros comerciales, podría mejorar la estructura de capital de la compañía y beneficiar la expansión de sus supermercados”. La clasificadora no ha comunicado que revisará sus calificaciones tras el requerimiento de la FNE.

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