Mientras Provida aún no se pronuncia respecto de una salida alternativa a su demanda contra LarrainVial, el acuerdo alcanzado por Habitat, Cuprum y Capital es el primer paso para que el resto de las personas involucradas en el caso también puedan compensar el daño económico que acusan las administradoras. Con el argumento de que su misión es proteger el interés de sus afiliados, hoy sostienen que el papel de sheriff de la justicia es un poncho que no les corresponde.
Como un “precedente fundamental” es considerado por algunos conocedores el acuerdo alcanzando ayer entre LarrainVial y las AFP Habitat, Cuprum y Capital, un entendimiento con el que la tradicional corredora de bolsa hoy queda libre de las distintas demandas civiles que interpusieron en su contra, a cambio de una compensación económica que a la fecha es de US$2,3 millones, pero que cercanos a la entidad financiera estiman que podría llegar a los US$3,5 millones.
Se trata de un precedente importante para las causas que las mismas AFP –junto con Provida– levantaron contra el resto de las personas naturales y jurídicas que participaron del esquema fraudulento sancionado con US$171 millones por la SVS, pues ninguna de las AFP descarta que los términos del acuerdo con LarrainVial puedan replicarse con Julio Ponce, Leonidas Vial y el resto de ejecutivos que se habrían beneficiado de las polémicas transacciones en las matrices de SQM, en la medida que desembolsen a favor de las AFP el monto que les corresponda en función del tamaño de las multas que les aplicó el regulador.
Una cuestión que hoy deja a estos últimos en una situación favorable, considerando que una salida extrajudicial de este tipo servirá como un antecedente importante en las causas penales que enfrentan en el Ministerio Público, ámbito en el cual la gestora de fondos Moneda y Habitat son los únicos inversionistas institucionales que han presentado querellas.
El panorama, en todo caso, no es del todo claro. Es un hecho que el acuerdo con LarrainVial excluye a su ex presidente y actual socio, Leonidas Vial, sin embargo, este fue fruto de las gestiones que inició la propia corredora, por tanto, una propuesta de este último “perfectamente podría analizarse en su mérito”, dice un abogado involucrado en el caso.
Según conocedores de las negociaciones que hubo detrás del acuerdo con LarrainVial, una de las principales razones que pesaron para aceptar una compensación de su parte a cambio de retirar demandas, fue que su actuación es considerada “negligente” o “funcional” al esquema. Más allá de haber transado el 56% de todas las transacciones que hubo en acciones de la cascada entre 2009 y 2011, ni la corredora ni sus ejecutivos Manuel Bulnes o Felipe Errázuriz se beneficiaron de la extracción de valor que, según la SVS, ejecutó Ponce y el resto de implicados.
Independientemente de las fuertes acusaciones que las AFP hicieron contra la corredora o de sus decisiones por dejar de operar con la compañía, las administradoras se amparan en las obligaciones establecidas en el D.L. 3.500, marco legal que las rige y que las instruye a velar por el interés de sus afiliados, no necesariamente por “hacer justicia”. Por ello es que ayer ninguna de estas compañías aclaró el límite de su disposición a negociar a cambio de levantar sus demandas. Este medio les consultó al respecto, sin embargo, declinaron hacer comentarios.
Capital, a través de un comunicado, sostuvo que continuará adelante con la demanda interpuesta contra Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán y Leonidas Vial, aclarando que su objetivo es “recuperar la totalidad del perjuicio”. Antes de ello, esgrimió que firmó un acuerdo con LarrainVial “considerando que un juicio de estas características podría extenderse por varios años”, una línea muy similar a lo planteado por el gerente de Cuprum, Pedro Atria: “El acuerdo es muy beneficioso para los afiliados, pues se logra una compensación hoy, sin tener que pasar por un juicio largo e incierto, y deja abierta la opción de aumentar la compensación a futuro”. Ese mismo criterio podría aplicarse para el resto.
Las AFP ven el vaso medio lleno. Para ellas este acuerdo marca un punto de inflexión en el caso, porque les abre una posibilidad cierta de que los afiliados recuperen la pérdida de valor que generó el caso Cascada, que en el caso de Habitat fue $5.900 millones; $2.950 millones en Cuprum; y US$3.800 millones en Capital. Sobre Provida hay una incógnita, ya que no ha aceptado aún un acuerdo con LarrainVial y en sus distintas demandas civiles no ha individualizado un perjuicio, sino que ha enumerado casos en los que se ha visto perjudicada.
Un abogado cercano a una AFP afirma que todas estas demandas son por “indemnización de perjuicio. Nada más que eso”. Por ello es que si Ponce y compañía se acercan con una propuesta, probablemente habrá que analizarlas en su mérito, lo cual exige ponderar las actuaciones de una corredora con una participación funcional al esquema versus las de personas que fueron autores intelectuales y materiales en el mismo.
Esa disposición por parte de las AFP está por verse. En el caso de LarrainVial, destaca el hecho de que, habiendo ponderado su actuación, las administradoras levantaron las demandas pero en ningún caso se han comprometido a volver a operar con ésta. En el mercado, eso sí, dicen que es cosa de días.
Las implicancias de un acuerdo extrajudicial en tribunales civiles para el mundo penal es un asunto aún en desarrollo.
Si bien hasta ahora ninguna persona natural vinculada al esquema ha logrado un acuerdo como el de LarrainVial, sostienen que de hacerlo este sería un precedente importantísimo para que las distintas querellas en su contra pierdan peso. Pues si bien la corredora ha desembolsado US$2,3 millones, esta no ha asumido culpa alguna, por tanto en lo formal es inocente para los tribunales.
Según juristas al tanto del caso, no debería haber mayores cambios. “Primero que todo, este es un delito contra el mercado de valores y como consecuencia perjudica a determinadas personas o empresas. El hecho de que algún perjudicado determine bajarse, no debiera generar efecto para el Ministerio Público. Ahora, en la práctica, cuando empiezan a bajarse los querellantes y no hay nadie presionando, por supuesto que es bueno para los acusados”.
Por lo demás, más allá de que los querellantes retiren eventualmente sus acusaciones, la acción penal descansa en el Ministerio Público. El fiscal Andrés Montes puede seguir con las causas a pesar de que los querellantes logren algún acuerdo con los acusados.
Personas al tanto de este proceso sostienen que su investigación avanza parejo. Dicen que se ha acelerado bastante tras la remoción del fiscal José Morales. Montes ha decretado medidas intrusivas, incautaciones de información contable contra Roberto Guzmán, Luis Saldías y Leonidas Vial. Antes hubo incautaciones pero fueron voluntarias, ahora en cambio ha habido allanamientos. Se ha respaldado bastante en la fiscal Macarena Cañas, sobre quien dicen que es muy incisiva.
