Tribunal Civil confirmó multa de casi US$ 70 millones contra controlador de SQM
Hace poco más de cuatro meses, el 29° Juzgado Civil de Santiago echó por tierra la resolución sancionatoria de la SVS, desestimando la teoría del esquema estructurado que denunció el regulador y abriendo una importante interrogante respecto del futuro del caso. El 18° Juzgado, sin embargo, acogió plenamente los argumentos de la entidad y ratificó las millonarias multas contra Julio Ponce. El caso se sigue jugando en la Corte de Apelaciones, con una superintendencia que celebra este segundo aire. El fallo también confirma el rol clave en el esquema de Roberto Guzmán, Leonidas Vial y Alberto Le Blanc.
A nivel administrativo no existen dos lecturas con respecto al caso Cascada: la SVS denunció la existencia de un esquema de transacciones fraudulentas que benefició a un pequeño grupo de inversionistas, quienes con la complicidad de un par de corredoras de bolsa, obtuvieron ganancias en perjuicio de los accionistas minoritarios que participan en el grupo de empresas que le permite a Julio Ponce –ideólogo y promotor del “esquema”– tener el control de SQM.
En el ámbito penal, sin embargo, la discusión está y, de hecho, la tesis del regulador se había puesto en duda, hasta ayer.
Mientras el proceso que lleva adelante el Ministerio Público ha sufrido cambios que han ralentizado su persecución de la presunta criminalidad de los actos de Ponce, Roberto Guzmán, Leonidas Vial y el resto de sancionados que sufrieron los US$171 millones que aplicó en multas la SVS, algunos tribunales civiles han echado por tierra el relato de la SVS, no solo tras haber anulado las multas contra Leonidas Vial y LarrainVial, sino en otros fallos desfavorables por indemnización de perjuicios que han presentado algunas AFP.
Ayer, sin embargo, el relato del regulador recibió el fuerte apoyo de tribunales. El 18° Juzgado Civil de Santiago respaldó la labor de la SVS, ratificando las millonarias multas contra Julio Ponce (UF1.700.000, unos US$66 millones), luego de rechazar la reclamación interpuesta por el ex presidente de SQM, marcando así un importante precedente legal que favorece la posición del regulador.
Su criterio fue totalmente distinto al del 29° Juzgado Civil de Santiago, el mismo que anuló las sanciones contra Vial y su corredora, lo cual revela la dispersión de criterios que han utilizado los tribunales para este caso, factor que permite prever que el asunto se resolverá definitivamente en instancias superiores.
El regulador del mercado está acostumbrando a que sus sanciones sean ratificadas por los tribunales, a pesar del reciente antecedente de Enersis, cuando hace unos días la justicia calificó como parcialmente ilegal su resolución en cuanto a que la fusión de activos de la eléctrica sí responde a una operación entre partes relacionadas.
En este caso, el fallo de la jueza Claudia Donoso barrió con la defensa de Ponce, patrocinada en un inicio por el abogado Raimundo Labarca y hoy por Pedro Hernán Águila, quienes amparándose en la legalidad de las operaciones, los abultados montos de la multa, la caducidad y prescripción de los hechos, entre otros argumentos, buscaban revertir la decisión de la SVS.
Algunos de las principales conclusiones de Donoso responden a los cuestionamientos de forma y fondo que hizo Ponce contra la SVS. Su defensa sostuvo que la multa debía quedar sin efecto porque se le sancionó por una denominada «teoría del esquema», cuestión que la ley no sanciona, pues solo se hace cargo de operaciones o transacciones y no de un “esquema”, cuestión que para la jueza es solamente una forma de simplificar la redacción de la resolución de la SVS, con el fin de demostrar las multiplicidad e interrelación de las transacciones que le permitieron a la cascada “generar oportunidades de negocios beneficiosas para terceros, y con perjuicio de las mismas al carecer respecto de ellas de racionalidad o justificación financiera, sujetándose a diversos patrones de comportamiento”.
En cuanto al fondo, Donoso sostuvo que los patrones o comportamientos configurados por las conductas de Ponce fueron lo suficientemente acreditados por la entidad que dirige Carlos Pavez, tras una exhaustivo examen y revisión del tribunal.
Acá el tribunal es claro: “Las Sociedades Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, fueron utilizadas para que en apariencia dejaran disponibles en el mercado paquetes relevantes de acciones representativas del capital de Oro Blanco, Pampa Calichera y/o SQM durante los años 2009, 2010 y 2011; pero que en realidad buscaban generar oportunidades de negocios y beneficios para el reclamante a través de las sociedades de su propiedad, lo que resultaba posible, entre otras circunstancias, porque dichas acciones se transaban por medio de remates bursátiles que se caracterizaban por colocarse para su venta a precios menores a un precio de referencia construido por la SVS como parámetro a fin de observar y comparar la racionalidad económica de dichas operaciones; para luego ser adquiridas directa o indirectamente por las sociedades cascadas, pero ahora a un precio superior a aquel en que fueron inicialmente, transferidas; y porque se transaban en lotes significativos e indivisibles, que involucraba elevadísimas sumas de dinero y con tiempos de difusión que si bien se encontraban ajustados a la reglamentación bursátil, lejos estaban de buscar la mayor o mejor satisfacción del interés social de las Sociedades Cascadas; o bien por medio de Operaciones Directas con difusión de 3 minutos o simplemente sin difusión, y que en realidad buscaban entrabar la participación de potenciales inversionistas diversos de aquellos que conformaban el denominado esquema, que son quienes finalmente sí lograban concretar dichas operaciones bursátiles en su beneficio, esto es, básicamente Sociedades del propiedad o bajo el control del Sr. Julio Ponce Lerou; sociedades de propiedad del Señor Roberto Guzmán, de Leonidas Vial y de don Alberto Le Blanc”.
Lo anterior no es menor. Pues el tribunal incluye a Leonidas Vial como uno de los beneficiados del esquema, en circunstancias de que el 29° Juzgado creyó lo contrario, lo cual constituye un precedente importante para la batalla que sostiene la SVS y el ex presidente de LarrainVial en la Corte de Apelaciones.
La conclusión del 18° Juzgado Civil de Santiago se contrapone diametralmente con la del 29°.
A principios de diciembre, la jueza María Cecilia Morales hizo suyas cada una de las pruebas presentadas por Leonidas Vial y LarrainVial, cuestión que fue un factor importante para que las AFP resolvieran levantar las demandas contra la corredora a cambio de una compensación económica.
Dicho tribunal descartó por completo la tesis del esquema. Morales Lacoste elaboró un fallo de 120 páginas que suscribió plenamente la existencia de un mercado competitivo en las bolsas locales, dio la razón en todo lo que los ejecutivos de las plazas bursátiles testificaron, validó los informes legales y económicos contratados por los acusados y le enrostró a la SVS la validación de las normas que tanto las bolsas como la propia autoridad han venido sosteniendo en los últimos años, descartando de plano cualquier posibilidad de acuerdo fuera de rueda de los involucrados.
Su conclusión motivó una dura respuesta de la Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la SVS, el cual además de sostener que la jueza no había comprendido el fondo del asunto, le reprochó su inclinación en favor de Leonidas Vial y LarrainVial, al haber atendido esencialmente las pruebas y argumentos de estos, sin considerar las razones del regulador que respaldaban la tesis del esquema.
Reclamando a la jueza el hecho de que no consideró el expediente sancionatorio de la SVS en su fallo, el CDE sostuvo que Morales “se limitó a analizar la prueba de los reclamantes y, tomando como suya y para sí la ‘teoría del caso’ de los reclamantes, solo dio valor probatorio a tales pruebas presentadas por ellos, haciendo referencias meramente tangenciales y de manera superficial a la resolución reclamada, tratando con esto último de dar la impresión que efectuó la revisión a la que estaba obligada realizar, pero como se verá ello está muy lejos de ser así”.
Cercanos al organismo regulador sostienen que probablemente la disposición distinta de los tribunales por conocer su versión de los hechos pudo ser clave en el fallo de la jueza Claudia Donoso, ya que en cada uno de las pugnas civiles que mantiene la autoridad, el tenor de sus argumentos para validar las sanciones es similar.
Tras conocerse la victoria de la SVS, su titular, Carlos Pavez, dijo que esta “reconoce la fortaleza de los argumentos esgrimidos por la superintendencia en esta sanción, en cuanto a la existencia de un conjunto de operaciones destinadas a beneficiar a un grupo de accionistas de las sociedades Cascadas en desmedro de otros, las que fueron realizadas a través de mecanismos engañosos, constituyendo algunas de estas operaciones ficticias”.
Según informó la entidad a través de un comunicado, la decisión del tribunal “ratifica todos y cada uno de los elementos contenidos en la Resolución N°223, en orden a que, del análisis de más de un millón de transacciones bursátiles, se pudo constatar la existencia de una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados en el tiempo y con el concurso de los mismos participantes, estableciéndose de esta forma un esquema coordinado de operaciones, afectando los principios básicos sobre los que se funda el mercado de valores: la fe pública, la confianza, la transparencia y el buen gobierno corporativo”.
La celebración de la SVS, en todo caso, es momentánea, pues el caso se seguirá jugando en instancias superiores. Así como el regulador acudió a la Corte de Apelaciones para revertir la anulación de sus multas contra Leonidas Vial y LarrainVial, se espera que Ponce haga lo propio para echar por tierra las sanciones en su contra.
