Las medidas de seguridad anunciadas en la Cuenta Pública con las que Arrau debutará en el Congreso

Durante la tarde de este martes el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, debutará en el Congreso con la presentación en el Senado de las principales iniciativas en materia de seguridad anunciadas por el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública ante el país. 

La alocución del Mandatario tuvo como protagonista una cartera ampliamente cuestionada durante los primeros meses de Gobierno, debido a una accidentada instalación que gatilló la salida de la exministra Trinidad Steinert el pasado 19 de mayo. Esto obligó al Ejecutivo a ajustar su diseño inicial e instalar a Arrau a la cabeza del ministerio emblema para esta administración. 

Durante la rendición, el jefe de Estado habló de una “amplia agenda legislativa y medidas administrativas” y adelantó la creación de siete Fuerzas de Tarea en el área de fronteras y puertos, secuestro y sicariato, ciberdelito, crimen organizado, mercados ilícitos, finanzas criminales y la violencia en la macrozona sur. 

Dentro de los principales anuncios en materia de ley, está el ingreso del proyecto que busca crear el Registro de Vándalos e Incivilidades. 

De acuerdo con lo señalado por el jefe de Estado, “este registro permitirá que quienes hayan cometido delitos, como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos”. 

En esa línea, las sanciones apuntarán a la pérdida de beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal o el subsidio de arriendo. El Primer Mandatario aclaró que si bien hay conductas que no son constitutivas de delito, estas serán tipificadas “como incivilidades”, las que también darán lugar a la pérdida de los beneficios sociales. 

Luego de la Cuenta Pública y tras encabezar la reunión del Comité Político, el Presidente Kast, puso en marcha su agenda de anuncios mediante la firma de dos proyectos de ley y un decreto supremo. Dentro de las iniciativas legales estuvo la presentación del documento formal que crea el Registro de Vándalos, la autorización a la Ley de Presupuesto para aumentar el límite máximo de endeudamiento, y el mecanismo de salida voluntaria de extranjeros, herramienta contenida en el Plan Retorno anunciado durante la misma jornada.

En la ocasión, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que el registro busca “que aquellas personas que estén condenadas por algunos delitos que dicen relación con la vida cívica, como es el maltrato de obra a carabineros, el daño a la infraestructura del patrimonio nacional, o aquellas personas que ponen barricadas, pierdan derechos sociales que están consagradas en alguna legislación, como la gratuidad, como la Pensión Garantizada Universal. Y, entre otras cosas, estarán impedidos –mientras estén en este registro– de poder obtener licencia de conducir, pasaporte y también poder transferir vehículos y también propiedades, siguiendo el modelo de otros registros, como el registro de deudores de pensiones de alimentos”. 

Asimismo, la autoridad señaló que en aquellos casos en que se verifiquen ciertas conductas que no son delitos, “pero que esta legislación va a tipificar como incivilidades, como el daño a equipamientos comunitarios, el consumo de drogas o la venta de alcohol de manera ilegal, se pueden, en algunos casos, sancionar con una multa y también ser incorporados a este registro con las mismas sanciones. Además de poder impedir el acceso a cierta documentación, de forma tal de disuadir aquellas conductas que dañan la vida en comunidad”. 

Aumento de las remuneraciones en Carabineros

Por otro lado –y sin entregar mayores detalles– el Presidente Kast dio a conocer algunas medidas destinadas a fortalecer la carrera funcionaria de Carabineros y aumentar la dotación policial. 

En esa línea, comprometió mejoras en las condiciones de trabajo, formación y estipendios para los alumnos de Carabineros. Lo anterior, mediante el ingreso de un proyecto de ley que también buscará incorporar una asignación trimestral que mejore las remuneraciones de las policías, con el objetivo de revertir el déficit de efectivos. 

Entre otras de las medidas anunciadas, está la presentación de “la urgencia para aumentar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas y reforzar las facultades autónomas de las policías”; fortalecer el control migratorio y la capacidad de expulsión efectiva, ampliando los plazos de retención; urgencia al proyecto que sanciona a los encapuchados; así como “ampliar drásticamente las penas por asociación delictiva y criminal”. 

El jefe de Estado además comprometió el despliegue del Plan de Intervención Barrial Intensivo, que “articulará las capacidades del Estado en 50 barrios críticos”, mediante copamiento policial dirigido, patrullaje preventivo y operativos focalizados contra mercados ilícitos y organizaciones criminales. Así como la creación de “siete Fuerzas de Tarea que, bajo el liderazgo del Ministerio de Seguridad Pública, buscarán unir las capacidades hoy dispersas de las policías, del Ministerio Público, Gendarmería y servicios fiscalizadores”. 

Consultado sobre cómo abordará las urgencias y proyectos anunciados por el Mandatario, el titular de Seguridad, Martín Arrau, explicó que en estos 14 días que lleva en el cargo ya se ha “reunido con cerca de 40 parlamentarios en la oficina”, donde ha escuchado todas las propuestas, también conversadas con el Presidente.

“Recibí de la exministra Steinert un plan con tres ejes, siete pilares, nosotros mantuvimos esa estructura, por supuesto que le hicimos cambios propios de la gestión y la impronta que uno le da. (…) La seguridad no se trata de reinventarla, hoy día hay planes muy exitosos que están funcionando, la diferencia es cuánta voluntad, cuánto carácter, apoyo les damos a las policías y cuántos recursos le vamos a dedicar a esto”, afirmó a la salida de la Cuenta Pública.

“La coherencia no fue tan nítida en el discurso”

Con posterioridad al discurso presidencial, bancadas oficialistas manifestaron su valoración de los anuncios hechos por el Mandatario, en particular las medidas que habían sido solicitadas formalmente con anterioridad, como el bono trimestral para Carabineros, en el caso de los parlamentarios de Renovación Nacional. 

Por otro lado, desde la oposición cuestionaron una Cuenta Pública “con gusto a poco” que replicó la lógica de iniciativas aisladas y no una hoja de ruta estratégica en materia de seguridad.

“Se dieron a conocer algunas medidas, pero todavía no alcanza la categoría de un plan. Está bien que se aumenten 20 mil plazas en las cárceles, está bien que se refuerce a Carabineros con mejores sueldos, está bien que haya un registro de vándalos. (…) ¿Pero cómo se hace eso? Siendo la bandera principal de campaña, hoy día sigue hablándose sobre una promesa que no tiene tiempos o plazos medibles. Solo un compromiso tan general como ese no basta”, cuestionó el senador PS Juan Luis Castro.

Para el senador independiente y presidente de la Comisión de Seguridad, Karim Bianchi, los anuncios van en la dirección correcta en algunos aspectos, “pero el problema es que gran parte de las medidas ya las hemos escuchado antes. Hoy la ciudadanía no está evaluando promesas, sino resultados. Chile enfrenta una crisis de seguridad que exige urgencia, recursos y capacidad de ejecución”.

“Respecto de la agenda que presentará el ministro Arrau en el Congreso, habrá que revisar el detalle, pero lo importante es que no se transforme en un nuevo listado de buenas intenciones. Se requiere priorizar proyectos concretos, con plazos claros y respaldo presupuestario”, declaró. 

En ese sentido, el parlamentario afirmó estar “disponible para avanzar con rapidez en todas las iniciativas que fortalezcan el combate al crimen organizado, el control de fronteras, la persecución del dinero del delito y la protección de las víctimas”. No obstante, advirtió que la consistencia de esta agenda “no se medirá por los anuncios, sino por su capacidad de traducirse en más seguridad para las familias chilenas”.

Desde la vereda de los expertos, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, señaló que “la coherencia no fue tan nítida en el discurso”, lo que resulta necesario para dar sentido y evaluar el impacto de las medidas.  

En conversación con T13 Radio, Johnson advirtió que cada medida “debe responder a un objetivo, a un resultado concreto”, ya que si no se dibuja claramente ese resultado puede haber incluso una correcta implementación, pero sin la posibilidad de evaluar si existió o no un resultado. 

“Lo que si miramos con buenos ojos es la política de seguridad que se dictó el año pasado en el marco de la creación del Ministerio de Seguridad, donde es importante la declaración que hizo el ministro de que va a haber una continuidad de esa política. Eso sí da cierto marco y un entendimiento de que en seguridad las medidas que tienen mayor impacto y son sostenibles son aquellas de mediano y largo plazo. Si buscamos solo medidas que tengan impacto en un periodo de Gobierno, vamos a limitar mucho la posibilidad de tener un impacto profundo que mejore la condición delictual por muchos años más”, indicó.