El magistrado precisó que Cristián Le Dantec, cuyo nombramiento fue cuestionado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), declaró como testigo y que hasta el momento no hay antecedentes para un eventual procesamiento en su contra.
El juez Héctor Solís, que investiga una masacre de 22 campesinos a manos de militares en 1973, descartó hoy martes algún vínculo con los hechos del general Cristián Le Dantec, nombrado la semana pasada jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas del país.
El magistrado precisó que Le Dantec, cuyo nombramiento fue cuestionado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), declaró como testigo y que hasta el momento no hay antecedentes para un eventual procesamiento en su contra.
El general Le Dantec ha declarado dos veces en la causa, «juramentado a decir verdad», el 13 de mayo de 2003 y el 5 de febrero de 2008, y hasta la fecha «no se ha dictado ninguna resolución que signifique tenerlo como parte en este proceso», dijo el juez en un comunicado.
No obstante, agregó que «la investigación se encuentra en etapa de sumario, con diversas diligencias pendientes».
Le Dantec fue nombrado el pasado viernes por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet primer jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cargo creado por una ley recientemente promulgada, dirigida a modernizar el Ministerio de Defensa.
El pasado domingo, la AFDD cuestionó su nombramiento, señalando que es uno de cuatro generales del Ejército que figuran como imputados por el asesinato de 22 campesinos de la localidad de Paine, cometido por militares el 16 de octubre de 1973.
Los otros generales en cuestión, que están en la misma situación judicial que Le Dantec, son Guillermo Castro, Eduardo Aldunate y Julio Baeza von Bohlen.
Los cuatro se presentaron de forma voluntaria, tras ser incluidos en una lista de 36 oficiales graduados en agosto de 1973 y destinados en la Escuela de Infantería al ocurrir los secuestros de los campesinos.
Tropas de dicha escuela capturaron en sus domicilios a los campesinos y los trasladaron hasta las cercanías del lago Rapel, donde los asesinaron y sepultaron sus cadáveres en una fosa.
Según la investigación judicial, unos años después los cuerpos fueron desenterrados, metidos en sacos y lanzados al mar, pero en 2007 la investigación del juez Solís permitió el hallazgo de 311 «evidencias culturales» (botones, trozos de camisas, de zapatos, anillos o lentes) que sirvieron para atestiguar el crimen.
El juez estableció que la orden de asesinato provino de los coroneles Leonel Konig y Pedro Montalba, director y subdirector, respectivamente, de la Escuela de Infantería y ejecutada por un oficial llamado Andrés Magaña.
Konig y Montalba fallecieron, pero Magaña, que llegó al grado de coronel, fue procesado junto a seis carabineros y un transportista que participó en los hechos.
Mireya García, dirigente de la AFDD, dijo que la declaración del juez, de que la investigación no ha concluido, avala las aprensiones de la entidad sobre el general Le Dantec y declaró a radio Cooperativa que «mientras no recibamos una información que definitivamente lo desvincule del caso, vamos a seguir con nuestra posición».
La Agrupación consideró que, si Le Dantec «es objeto de sospecha de un asesinato vil y alevoso, mal puede asumir tan alta investidura».
