Si no hay acuerdo, a partir de las 0:00 horas del sábado se agotará el dinero asignado para el funcionamiento de muchas oficinas gubernamentales, que se verían obligadas a cerrar sus puertas. Ello significaría el cierre de parques nacionales, la interrupción de las devoluciones de impuesto por correo, la imposibilidad de cobrar por parte de los funcionarios federales y la interrupción de entrega de pasaportes. Este escenario también afectaría a los extranjeros, ya que se dejarían de expedir visados para viajar a Estados Unidos.
La Casa Blanca y los líderes del Congreso mantenían este jueves frenéticas negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo que evite la paralización, a partir de la medianoche del viernes al sábado, de la mayoría de las operaciones del gobierno de Estados Unidos.
Barack Obama; el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, y el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, se reunieron hoy durante una hora y media sin lograr ningún pacto.
Después de que los equipos negociadores hayan pasado las últimas horas en intensos contactos, el presidente y los líderes legislativos volverán a reunirse de nuevo esta noche, a partir de las 19.00 horas locales (23.00 GMT).
«Todos nosotros creemos sinceramente que podemos llegar a un acuerdo», declaró al término de la reunión de mediodía Boehner.
Pero en declaraciones a la prensa por su parte, Reid aseguraba que «no es muy optimista» sobre la posibilidad de cerrar un pacto antes de que expire el plazo.
Obama, por su parte, no quiso contestar a las preguntas de la prensa en su única comparecencia pública de la jornada, tras una reunión en el Despacho Oval con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con el que aprobó un acuerdo para destrabar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países pendiente de ratificación en el Congreso de EE.UU.
Mientras se celebraba la reunión en la Casa Blanca, la Cámara de Representantes aprobó una medida puntual que prorroga una semana la provisión de fondos para el gobierno y extiende hasta septiembre los pagos al Departamento de Defensa.
El presidente Obama ha advertido que vetará esa medida, que se traslada ahora al Senado para su aprobación en esa cámara, al considerar que se trata de una «distracción» y es necesario en cambio centrarse en un acuerdo que cubra lo que queda de año fiscal y evite nuevas amenazas de cierre de las oficinas gubernamentales.
La reunión de hoy en la Casa Blanca ha sido la tercera en otros tantos días entre Obama, Boehner y Reid para tratar de llegar a un acuerdo presupuestario que dote de fondos el funcionamiento de la Administración.
De otro modo, en la medianoche del viernes al sábado se agotará el dinero asignado para el funcionamiento de muchas de las oficinas del Gobierno, que se verían obligadas a cerrar sus puertas.
El Congreso no ha aprobado aún un presupuesto para el año fiscal corriente, del que restan sólo seis meses, y hasta ahora el Gobierno federal ha visto cubiertos sus costes mediante prórrogas puntuales del presupuesto del año fiscal anterior.
Ante la perspectiva de que no se llegue a un acuerdo, el Gobierno ha comenzado ya los preparativos para la posible paralización de la Administración, que afectaría a cerca de 800.000 funcionarios federales.
Entre otras cosas, la Casa Blanca ha advertido de que cerrarían los parques nacionales, el Servicio de Hacienda interrumpiría las devoluciones de impuestos por correo y los funcionarios federales se quedarían sin cobrar.
Servicios como la expedición de pasaportes también se vería interrumpida y sólo se emitirían aquellos de estricta urgencia. Los ciudadanos extranjeros también se verían afectados, pues durante el periodo de paralización también se dejarían de expedir visados para viajar a Estados Unidos.
Sí están garantizados, por contra, los servicios considerados imprescindibles «para defender la vida y la propiedad». Las Fuerzas Armadas y los cuerpos de policía, por tanto, seguirían funcionando, aunque sus integrantes verían aplazado el cobro de sus salarios.
Para llegar a un acuerdo, los demócratas han propuesto recortes de 33.000 millones dólares, pero los republicanos exigen más, para hacer frente al déficit presupuestario del país, que rondará este año fiscal los 1,5 billones de dólares.
