Decenas de manifestantes se congregaron frente al Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) del Ejército Uruguayo, un cuartel que durante la dictadura cumplió como centro de detención y torturas de detenidos, muchos de los cuales siguen aún en paradero desconocido, para exponer sus peticiones y recordar la lucha contra la impunidad.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron este viernes en Montevideo la verdad por los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985) y clamaron contra la inminente prescripción de los mismos sin que aún se haya hecho justicia.
Decenas de manifestantes se congregaron frente al Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) del Ejército Uruguayo, un cuartel que durante la dictadura cumplió como centro de detención y torturas de detenidos, muchos de los cuales siguen aún en paradero desconocido, para exponer sus peticiones y recordar la lucha contra la impunidad.
Según explicó a Efe Lile Caruso, portavoz de la Mesa Permanente contra la Impunidad, la idea de la movilización es recordar y exigir, según se aproxima la fecha decretada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya para prescripción de los crímenes cometidos durante la dictadura, que Uruguay tiene la obligación de evitar que eso suceda y llevar a la Justicia a sus responsables.
Esta obligación, según Caruso, obedece a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condenó a Uruguay el pasado marzo por no haber juzgado los delitos cometidos en aquella época y le instó a anular la Ley de Caducidad, que impidió llevar ante los tribunales a sus responsables, además de obligarle a considerarlos como crímenes de lesa humanidad.
«Estamos en esta batalla y queremos insistir al Poder Legislativo para que promulgue cuanto antes una ley que evite la prescripción, pese a que también tenemos confianza en que el Poder Judicial acate la decisión de la CorteIDH y entienda que esos delitos son casos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles», añadió.
Caruso se refirió así a la situación creada en el país después de que la SCJ decretara en mayo pasado que los delitos cometidos en la dictadura fueron «ilícitos comunes» y no delitos de lesa humanidad, y que por lo tanto prescriben el 1 de noviembre de 2011, al cumplirse el máximo de 26 años y 8 meses establecido por la ley para la prescripción de delitos comunes.
La SCJ había determinado tiempo atrás que el período de la dictadura no debe ser considerado para determinar la prescripción debido a la falta de garantías y toma como referencia la fecha del 1 de marzo de 1985, cuando se recuperó la democracia.
Dada la proximidad de esta fecha, el oficialista Frente Amplio y varias organizaciones sociales preparan un proyecto de ley que impida esta prescripción, si bien lo está haciendo con mucha cautela después del fracaso que obtuvo en mayo pasado cuando intentó eliminar en el Parlamento la Ley de Caducidad que impide juzgar a los uniformados que violaron los derechos humanos durante la dictadura.
En ese sentido, los convocantes a la marcha pidieron que se oiga su voz y que se evite la «situación de incertidumbre» que causaría la prescripción y pidieron impulsar una norma que entienda que todos los delitos amparados por la Ley de Caducidad sean delitos de lesa humanidad «y por tanto imprescriptibles».
«Ese proyecto (…) es una hoja de ruta muy precisa e ineludible, que debe recorrer el país. Sobre eso no tenemos dudas, ni vacilaciones», dijeron los defensores de los derechos humanos durante la marcha. EFE
