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Martes, 12 de diciembre de 2017 Actualizado a las 05:25

Fiscalía española pide cerrar causa contra el juez Garzón por investigar el franquismo

por 24 enero, 2012

Fiscalía española pide cerrar causa contra el juez Garzón por investigar el franquismo
El hombre que ordenó la detención de Augusto Pinochet está acusado de prevaricación al abrir la investigación ignorando la existencia de la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977 durante la transición a la democracia. El magistrado afrontó el comienzo de su segundo juicio solo una semana después de otra causa judicial, en la que se sentó en el banquillo en la misma corte por ordenar escuchas a los acusados en un caso de corrupción.

La Fiscalía y la defensa pidieron el sobreseimiento de la causa abierta al juez Baltasar Garzón por declararse competente en el año 2008 para investigar las desapariciones durante la guerra civil española (1936-1939) y en la posterior dictadura del general Francisco Franco.

Garzón, el juez español que se dio a conocer internacionalmente tras ordenar en 1998 la detención del ya fallecido ex dictador Augusto Pinochet, está acusado de prevaricación al abrir la investigación ignorando la existencia de la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977 durante la transición a la democracia.

Dos asociaciones ultraderechistas, Manos Limpias y Libertad e Identidad, presentaron sendas querellas contra la actuación del juez, admitidas a trámite, y por las que hoy se sentó en el banquillo de los acusados.

El juicio, en el que el magistrados se enfrenta a la petición de hasta 20 años de inhabilitación, comenzó en el Tribunal Supremo español en medio de una gran expectación y con la presencia de representantes de varias organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos que asisten como "observadores".

La defensa de Garzón y la Fiscalía han pedido la nulidad de la causa y descalificaron la labor del juez instructor de la misma, Luciano Varela, al que acusaron de tomar partido y de haber perdido "su imparcialidad".

El ministerio público, ejercido por el fiscal Luis Navajas, calificó de "absolutamente insólita e insostenible" la actuación de Varela.

El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresnada, afirmó que el instructor "vulneró normas esenciales del procedimiento, tomó partido y perdió su imparcialidad" al sugerir la forma en la que el sindicato ultraderechista Manos Limpias, en 2010, debía corregir los errores de su escrito de acusación contra el magistrado.

Garzón, que a su llegada al Tribunal fue recibido con aplausos y gritos de apoyo por simpatizantes, es juzgado por declarase competente para investigar, en virtud de la ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007, las denuncias de asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo.

Sin embargo, el 18 de noviembre de 2008, el propio Garzón decidió inhibirse en la investigación que había lanzado un mes antes y que había generado una fuerte polémica en España entre partidarios y detractores de la misma.

El magistrado se inhibió a favor de los juzgados territoriales en los que están ubicadas las fosas comunes donde se sospecha que pueden encontrarse los restos de personas desaparecidas en la guerra civil y durante la dictadura, algunas de las cuales había ordenado abrir para proceder a la exhumación.

El juez explicó entonces que dejaba de instruir la causa porque ya no hay responsables directos vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos permanecen y no prescribieron.

Su decisión se produjo días después de que la Audiencia Nacional española paralizara la apertura de fosas para exhumar los restos de desaparecidos ordenada por el juez.

Garzón había autorizado la apertura de una veintena de fosas a petición de familiares de desaparecidos y asociaciones que reclaman la recuperación de la memoria histórica.

Entre las fosas cuya apertura autorizó estaba la de la provincia de Granada, en Andalucía, en la que se sospechaba que pudieran estar enterrados los restos del poeta Federico García Lorca, fusilado el 18 de agosto de 1936, sitio que fue excavado a finales de 2009 sin resultados.

Garzón se declaró competente para llevar a cabo la investigación tras recibir las denuncias de familiares y al considerar que las desapariciones son delito de detención ilegal y encajan en el marco de crímenes contra la Humanidad.

El magistrado afrontó este martes el comienzo de su segundo juicio solo una semana después de otra causa judicial, en la que se sentó en el banquillo en la misma corte por ordenar escuchas a los acusados en un caso de corrupción.

Ambos procesos son seguidos con gran expectación dentro y fuera de España al implicar a un magistrado que fue durante muchos años el "juez estrella" de España, con investigaciones de gran repercusión sobre operaciones ligadas al narcotráfico y contra la organización terrorista ETA, además de la orden de arresto contra Pinochet.

Si las peticiones de nulidad no son admitidas, la vista sobre la investigación del franquismo se reanudará el 31 de enero con la declaración de Garzón.

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