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Multirut: mortalmente parecidos

por 24 abril 2014

Multirut: mortalmente parecidos
¿Qué explica que la propuesta del Gobierno de la Nueva Mayoría para solucionar el problema del multirut sea prácticamente la misma que la que hizo Matthei en su momento? ¿Cómo se justifica el “mortal parecido” entre el proyecto de este gobierno y el de Piñera?

El Gobierno ha presentado –en una bonita ceremonia– su nuevo proyecto para resolver el problema del multirut en cuestiones laborales, para lo que propone la siguiente norma:

“Dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, cuando tengan una dirección laboral común, y concurran a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común. La mera circunstancia de participación en la propiedad de las empresas no configura por sí sola alguno de los elementos o condiciones señaladas en el inciso anterior”.

Hace sólo dos años –en junio del 2012– el Gobierno de Piñera presentó –sin ninguna ceremonia– el que era su proyecto estrella en materias laborales –el mismo tema del multirut–, proponiendo la siguiente norma:

“Constituyen un mismo empleador dos o más empresas relacionadas entre sí por un vínculo de propiedad, cuando concurran a su respecto las siguientes condiciones: desarrollen un mismo negocio específico, o negocios directamente complementarios y estén sujetas a una misma dirección y control laboral en una relación de dependencia y subordinación. La mera circunstancia de participación en la propiedad de una empresa, no configura por sí sola alguna de las condiciones establecidas en el inciso anterior”.

De partida se agradece que, al menos, los redactores del primero tuvieran la fina elegancia de cambiar los términos: donde decía “negocios directamente complementarios” ahora diga “necesaria complementariedad”, donde decía “un mismo negocio” ahora diga “similitud de productos o servicios”, donde decía “una misma dirección y control laboral” ahora diga “dirección laboral común”.

¿Qué explica que la propuesta del Gobierno de la Nueva Mayoría para solucionar el problema del multirut sea prácticamente la misma que la que hizo Matthei en su momento? ¿Cómo se justifica el “mortal parecido” entre el proyecto de este gobierno y el de Piñera?

Descartemos, con benevolencia, que deba ser interpretado como pereza intelectual de los redactores –otro caso más de copiar y pegar digamos–. Menos, que los redactores se convencieran de que lo que era malo propuesto por Piñera, ahora es bueno propuesto por Bachelet.

¿Es todo esto, entonces, un mero infortunio de la redacción del proyecto que expresa la inexperiencia de los que lo redactaron?
No parece haber aquí nada de infortunio. Más bien mucho de convergencia en torno a una falta de decisión de avanzar de manera relevante en temas laborales.

En un país en serio, esto no habría pasado de ser un fraude reprimido por los propios sindicatos y la justicia laboral. Pero estamos en Chile y ese fraude se ha sostenido, tanto por la extrema debilidad sindical como por la debilidad de las autoridades. Ni este proyecto ni el del gobierno de Piñera aceptaron el punto básico del tema: que se trata de un fraude laboral que busca esconder detrás de la pluralidad de personas jurídicas a un solo empleador. La solución no es, por tanto, darle garantías al que hace el fraude, ni ponerle trabas al afectado. Y es eso, precisamente, lo que hace el proyecto recién presentado.

De hecho, a tal punto llega la cercanía, que tanto este proyecto como su inspirador de derecha se cuidaban de no modificar el concepto de empresa del artículo 3 del Código del Trabajo –que es el que dio origen a este desaguisado del multirut–.

Y es que detrás de la pluma que redactó el actual proyecto de multirut late la misma concepción que había detrás del proyecto de Matthei: una abierta postura de desconfianza hacia los trabajadores y un poco disimulado interés en proteger a las empresas que utilizan este artilugio.

Expliquémoslo en sencillo: hace un tiempo diversas empresas, especialmente de supermercados y del retail, se inventaron un fraude que consistía en dividir la empresas en una pluralidad de razones sociales –en algunos casos, por cientos–, sosteniendo que por ese solo hecho –que sus abogados redactasen cientos de papeles–, cada una de esas razones y los respectivos trabajadores adscritos a ellas, debían ser considerados un empleador distinto para efectos de la formación de sindicatos y de negociación colectiva.

Como se ve, la finalidad de este fraude era obvia: dividir a los trabajadores para que no puedan negociar colectivamente en un solo proceso con fuerza y unidad. A pesar de trabajar para el mismo empleador.

En un país en serio, esto no habría pasado de ser un fraude reprimido por los propios sindicatos y la justicia laboral. Pero estamos en Chile y ese fraude se ha sostenido, tanto por la extrema debilidad sindical como por la debilidad de las autoridades.

Ni este proyecto ni el del gobierno de Piñera aceptaron el punto básico del tema: que se trata de un fraude laboral que busca esconder detrás de la un pluralidad de personas jurídicas a un solo empleador.

La solución no es, por tanto, darle garantías al que hace el fraude, ni ponerle trabas al afectado. Y es eso, precisamente, lo que hace el proyecto recién presentado.

De su sola lectura del proyecto se sigue que todo está al revés: el Gobierno se ha inventado una serie de requisitos legales que hoy no existen, como que las razones sociales involucradas deben –además de ser el mismo empleador– presentar “similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común”.

Repito que esas exigencias no están en la legislación laboral vigente y, entonces, el cuadro es el de un perfecto retroceso: ahora con la nueva regulación propuesta los trabajadores que acrediten que todas estas razones sociales son un único empleador –porque tienen un solo jefe, por ejemplo, que los manda a todos–, no habrán logrado superar el nuevo estándar que el Gobierno viene en exigirles.

¿Si los trabajadores acreditan que se trata de un mismo empleador, por qué exigirles algo más?

De más está decir que no es difícil imaginar a los abogados de estas empresas frotarse las manos para decir que, pese a ser un solo empleador, “sus negocios no son similares” o “o no son complementarios” –la sección corbatas no es complementaria de la sección lavadoras, ambas pueden funcionar por separado, dirán con satisfacción, prendiendo un velita al altar de la falta de resolución del nuevo Gobierno–.

Igual hay que reconocer un avance en el proyecto del Gobierno respecto de su antecesor: no propone, como lo hacía el de Matthei, una comisión de expertos empresariales para que resuelva el asunto. Pero esa diferencia no arregla nada: era tan desvergonzada que hasta el propio Gobierno de Piñera la desechó como viable en su proyecto de multirut.

En lo demás, poco avance: son mortalmente parecidos.

Igual nada de esto importa mucho en todo caso. No nos engañemos. El multirut es un problema irrelevante para la cruda falta de poder de los trabajadores en Chile. Para eso tenemos que hablar de negociación colectiva más allá de la empresa y de huelga sin reemplazo.

Seguiremos esperando, entonces, esa agenda laboral que marcará historia.

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