Opinión
En materia socioeconómica el aporte de la industria forestal es completamente negativo para las comunas y regiones donde surge tan cuantiosa riqueza. Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2009, la provincia de Arauco (Región del Biobío) presenta un índice de pobreza de un 26,9% de la población, mientras que en las provincias de Malleco y Cautín (Región de La Araucanía) esta cifras son 25% y 35,1%, respectivamente.
Entre tantos anuncios positivos para el país realizados el 21 de mayo por la Presidenta Michelle Bachelet, nos encontramos con uno extremadamente negativo: nuestro gobierno se empeñará en prorrogar la vigencia del DL 701 de fomento forestal: “Los bosques son un pilar importante de nuestra economía y hay que apoyar la inversión en ellos, una que sea social y medioambientalmente sustentable”, dijo la mandataria.
Lo primero que hay que señalar es que es erróneo definir como “bosques” a las plantaciones de monocultivo forestal. Mientras los primeros son complejos ecosistemas –formados en cientos o miles de años– que contienen una gran diversidad biológica, y que se caracterizan –entre otras cosas– por atraer el agua de las lluvias y de la neblina, transfiriéndola al suelo y subsuelo, las plantaciones artificiales de árboles exóticos suponen la extracción masiva e insustentable de agua de las napas subterráneas: según estudios de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, un eucaliptus de 20 años consume 200 litros de agua diaria y se plantan 1.600 árboles por hectárea.
El monocultivo forestal supone también el exterminio de la diversidad. Esto se logra mediante la aplicación de tóxicos pesticidas, herbicidas y fungicidas, puesto que vegetales, insectos y hongos, tan característicos de los bosques naturales, son vistos por las forestales como enemigos, ya que merman la rentabilidad económica.
Mientras el bosque nativo promueve la protección de los suelos y de las fuentes de agua, el monocultivo ocasiona el efecto contrario: seca el suelo y causa erosión y desertificación.
[cita]Nos causa estupor y molestia que sea nuestro propio Gobierno el que pretenda reimpulsar políticas que ni nos interpretan ni nos han sido consultadas, como tampoco han sido consultados los pueblos originarios que se verán afectados con esta determinación. Tengamos presente que en muchas zonas ya han desaparecido hasta las yerbas medicinales básicas para la medicina, cultura y cosmovisión mapuche.[/cita]
En octubre de 1974, la Junta Militar aprobó el Decreto Ley 701 (DL 701) que posibilitó que las plantaciones de monocultivos de eucaliptus y pino radiata recibieran un subsidio de parte del Estado que nominalmente cubría el 75% de la inversión inicial pero que, en los hechos, cubría un 100% o más.
Además, la dictadura militar subsidió de otras formas a las ricas familias dedicadas a este rubro. Les entregó a precio de huevo: viveros, plantas industriales (celulosas) y decenas de miles de hectáreas de tierras, muchas de ellas arrebatadas a comunidades mapuche. Muchos comuneros fueron asesinados por defender sus tierras y nadie pudo o quiso hacer nada para defenderlos.
Este proceder dictatorial no sólo favoreció la concentración de la tierra, sino también el exponencial enriquecimiento de dos familias: los Matte (Forestal Mininco, papelera CMPC) y los Angelini (Forestal Arauco, celulosa Celco). Estas familias tienen, en conjunto, más tierras que todo el pueblo mapuche. Mientras aquellas poseen en conjunto sobre los dos millones de hectáreas, los 300 mil mapuches que habitan en comunidades rurales detentan poco más de 900 mil. De esta monstruosa injusticia se alimenta lo que equívocamente se ha llamado: “el conflicto mapuche”.
Los grandes conglomerados del negocio forestal –entre los que también se encuentra el grupo Masisa– obtienen actualmente ganancias siderales: el monto de las exportaciones de este sector (en maderas, celulosa y aglomerados) supera los 6 mil millones de dólares anuales.
El costo social y ambiental necesario para llegar a dicho resultado ha sido demasiado alto y no puede mantenerse sin seguir ocasionando una catástrofe. Hoy, cada familia mapuche tiene, en promedio, tres veces menos tierra que en 1973, cuando gobernaba Salvador Allende. Desde aquel entonces, 2,4 millones de hectáreas de bosque nativo han sido reemplazadas por monocultivos forestales. Estos se ubican fundamentalmente en la regiones del Bío Bío, de la Frontera y de Los Ríos, en el corazón del histórico territorio mapuche.
En materia socioeconómica, el aporte de la industria forestal es completamente negativo para las comunas y regiones donde surge tan cuantiosa riqueza. Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2009, la provincia de Arauco (Región del Biobío) presenta un índice de pobreza de un 26,9% de la población, mientras que en las provincias de Malleco y Cautín (Región de La Araucanía) esta cifras son 25% y 35,1%, respectivamente.
En la regiones del Bío Bío y la Araucanía el desempleo también está por sobre la media nacional. Mientras que en la primera de estas regiones este flagelo alcanza al 12,8%, en La Araucanía es del 13,2% (CASEN, 2009).
Expresión que las grandes empresas forestales contribuyen mínimamente al desarrollo de las comunidades donde se emplazan está a la vista: hace pocos días el Comité de Defensa del Mar (opositores al ducto de Celco, en Mehuín) dieron a conocer que la planta de celulosa que Celco tiene en la provincia de Arauco, paga sólo 11 mil pesos anuales de patente. Y lo hace en dos cuotas. Para conseguir hacer tan irrisorio aporte declara como único capital una camioneta de siete millones de pesos.
A lo anterior hay que sumar que las plantaciones de pinos y eucaliptus ocasionan otra externalidad sumamente negativa: los cada vez más grandes y recurrentes incendios forestales. El pino y el eucaliptus, plantados masivamente en forma de monocultivo, son altamente combustibles.
Cuando los incendios se expanden por las copas de los árboles (lo que se ve favorecido cuando todos los árboles de un bosque tienen la misma edad y altura como ocurre con las plantaciones), son voraces y muy difíciles de detener. En Chile ni siquiera existe una normativa que impida que estos monocultivos puedan emplazarse al lado de centros poblados, lo que constituye un severo peligro para las comunidades. Sobre este punto hemos propuesto que exista una distancia mínima de 500 metros pero no hemos sido escuchados. En Canadá esta distancia mínima entre plantación forestal y lugar de residencia es de 1,6 kilómetros.
Según el estudio Pueblo Mapuche y Recursos Forestales en Chile (Observatorio Ciudadano 2013), en materia ambiental, el efecto de la industria forestal “es devastador”. Así se fundamenta dicha aseveración: “Los mayores impactos se generan por el desecamiento y contaminación de las fuentes de agua, uso de pesticidas, sistemas inapropiados de cosechas, remplazo de bosques nativos y aumento de riesgo de incendios forestales”.
En dicho informe se asegura que las autoridades “no son conscientes de esta realidad” y continúan impulsando la industria forestal a través de programas como “Chile: Potencia Forestal” y al intentar sacar adelante la Ley de “Fomento Forestal”, que supone la prórroga del DL 701.
Ya sea por efecto de la sequía, la contaminación, la erosión de los suelos, la miseria o el temor a los incendios, la población está siendo expulsada de sus lugares de hábitat, como lo demuestran diversos estudios realizados en las comunas rurales de la región del Bío Bío, que demuestran un significativo despoblamiento de comunas como San Rosendo, Laja y Nacimiento, entre muchas otras.
La entrega de bonificaciones mediante el DL 701 sobre Fomento Forestal expiró en diciembre de 2012, por lo que el Gobierno de Piñera hizo grandes e infructuosos esfuerzos por prorrogar el subsidio al monocultivo forestal.
Conscientes de lo perjudicial que resultaría para el patrimonio natural y cultural del país, y para las comunidades campesinas e indígenas continuar con tan nefasto modelo productivo, parlamentarios opositores al Gobierno del presidente Piñera bloqueamos cualquier posibilidad de seguir subsidiando a las plantaciones de monocultivo forestal.
Es por todo lo anterior que nos causa estupor y molestia que sea nuestro propio Gobierno el que pretenda reimpulsar políticas que ni nos interpretan ni nos han sido consultadas, como tampoco han sido consultados los pueblos originarios que se verán afectados con esta determinación. Tengamos presente que en muchas zonas ya han desaparecido hasta las yerbas medicinales básicas para la medicina, cultura y cosmovisión mapuche.
Tenemos la convicción de que la CONAF (un híbrido privado-público) es incapaz de fiscalizar los efectos de esta política.
Ahora estoy disponible a discutir el 701 si las consideraciones previamente señaladas son tomadas en cuenta. Tengo la convicción de que esto puede ocurrir. Pero si no es así, espero que no haya más 701. Y que estudiemos con las comunidades afectadas, con los parlamentarios de la zona, con los trabajadores y empresarios forestales, además de cientistas sociales, ingenieros forestales por el bosque nativo y otros profesionales, la posibilidad de buscar otro modelo de desarrollo para el centro-sur de Chile.
No se puede pretender implementar una nueva política de aguas y de protección de glaciares, si con la otra mano continuamos utilizando irracionalmente este preciado recurso, que es urgente preservar por el bienestar de Chile, su pueblo y las futuras generaciones.
Es necesario “otro modelo”, tal como prometimos en campaña.
