La reforma universitaria de fines de los años sesenta, consolidada durante el gobierno de Salvador Allende, fue parte indispensable de los procesos de democratización de nuestro país. Ésta junto a la reforma agraria, la nacionalización del cobre, la participación de los obreros en las fábricas, masificaban la participación ciudadana en sus propios asuntos y rompían con una larga tradición de autoritarismo en la sociedad. .
Gracias a esa reforma universitaria, estudiantes, académicos y administrativos comenzaron a participar en los destinos de los centros del conocimiento. Una universidad democrática para mejorar su calidad y para ampliar su acceso a todos aquellos chilenos con limitaciones económicas. Este proceso fue fugaz. El golpe de Estado truncó la esperanza de un país mejor y de una universidad moderna, democrática y de excelencia.
El sistema de educación superior impuesto por el régimen de Pinochet significó un retroceso de envergadura. La oscuridad se instaló en los planteles de educación superior, con un régimen que privilegió el negocio, lo que multiplicó las universidades privadas. Al mismo tiempo, redujo sustancialmente el financiamiento fiscal para las universidades públicas. Actualmente, más del 60% de los estudiantes son atendidos por universidades privadas, cuyo único propósito es la ganancia para el bolsillo de sus dueños.
Así las cosas, nos encontramos con universidades privadas que no realizan investigación ni extensión, exigen que sus profesores entreguen el máximo de clases para un gran número de alumnos, no practican la democracia interna e inventan mecanismos para repartir utilidades a sus dueños, aunque constitucionalmente ello está prohibido. Por su parte las universidades públicas se encuentran estranguladas con escaso presupuesto basal y, por tanto, para sobrevivir obligadas a elevar el costo de las matrículas a los estudiantes. Así, el 90% de las familias chilenas se encuentran estranguladas para financiar los estudios de sus hijos.
[cita]Los que le temen a la democracia participativa son los que han lucrado con la educación o los que por razones ideológicas desean que nada cambie para asegurar la reproducción del actual sistema económico que favorece a una minorías.[/cita]
En ese cuadro se explica el elevado reconocimiento entregado por la ciudadanía a las movilizaciones estudiantiles del 2011 y que parcialmente se incorporaron al programa de gobierno actual. El reclamo para que el Estado asuma su responsabilidad en la entrega de una educación gratuita, de calidad y sin segregación social a todos los jóvenes de Chile se ha instalado en la agenda nacional.
Sin embargo, el gobierno ha sido vacilante al responder a las demandas del movimiento social. En efecto, se ha conformado una alianza transversal antirreformista que intenta impedirlas y ante esto, debemos responder con más movilización que permita mayores niveles de presión. Por una parte, está la derecha, que defiende con intransigencia el orden neoliberal, que instaló gracias a la fuerza militar. Pero, por otro lado, se han aliado a ella figuras destacadas de la propia coalición de Gobierno, las que se sienten cómodas con la educación clasista o que simplemente tienen intereses empresariales en escuelas o universidades.
Por cierto, a esos críticos se agregan los gremios empresariales, quienes defienden las ganancias extraordinarias de un modelo económico, que extiende sus tentáculos al área social: la educación salud y previsión. Y finalmente también se encuentran comprometidos en el cuestionamiento a las reformas el inefable duopolio de las comunicaciones.
El pago por educarse en la universidad es expoliador para las familias modestas y de suyo injustificado cuando su enseñanza no favorece a un mejor trabajo vinculado a los estudios realizados. Y los jóvenes profesionales se encuentran acosados durante muchos años por una banca que les exige la devolución de los créditos y el pago de altos intereses por esos estudios.
El argumento neoliberal que la educación es una inversión individual, que renta a futuro y que por ello habría que pagarla es enteramente falsa. Primero, porque se trata de un bien público que renta socialmente. Segundo, porque en el caso de Chile esa inversión no siempre es rentable. En consecuencia, lo que corresponde es que el 10% más rico del país pague, por la vía impositiva, la educación de sus propios hijos y del resto de los niños chilenos. Esto es justicia distributiva.
La Universidad además debe estar en el centro del desarrollo del país. Sin embargo, el atraso en la disponibilidad de recursos para inversión en ciencia y tecnología es cada vez menor, apenas un 0,35% del PIB. Necesidad de más recursos basales para las universidades públicas y, por cierto, mayores vínculos con otros ámbitos de la sociedad chilena. Vale decir: la universidad no es sólo docencia, sino investigación y extensión.
Finalmente, para tener una mejor universidad es indispensable instalar orgánicamente la participación de los diversos estamentos en las instituciones. Los que le temen a la democracia participativa son los que han lucrado con la educación o los que por razones ideológicas desean que nada cambie para asegurar la reproducción del actual sistema económico que favorece a una minorías. Más democracia universitaria es mejor educación para Chile.
Es preciso enfrentar los ataques contra las reformas en la educación. Son preocupantes. La educación no es un asunto personal. Es un derecho social y de interés de toda la sociedad. Por eso hay que salirle al paso a la alianza transversal reaccionaria que intenta proteger sus negocios e ideología por sobre los intereses superiores de la ciudadanía.
