Bolivia: más allá del péndulo

Bolivia vive nuevamente una crisis. Más de un mes de bloqueos, una economía semiparalizada, un severo desabastecimiento especialmente en La Paz y El Alto, una movilización social variopinta de organizaciones sindicales, campesinas y de diferente tipo desafían la autoridad del gobierno de Rodrigo Paz.

Hasta el momento, la situación ha sido tratada mediante diversas iniciativas de diálogo, todas de momento infructuosas. Sectores radicalizados de la movilización plantean la renuncia del presidente. El país vive una convulsión, especialmente en su zona andina, pero aclaremos: hasta la fecha, pese a lo prolongado del movimiento y al enorme desorden social y económico, los enfrentamientos no pasan de duros choques urbanos. La Paz no es Gaza, lo que no niega que existan grupos radicalizados que, armados de bastones y algunos viejos fusiles Mauser, marchen demandando “ahora sí, guerra civil”.

La crisis ha provocado bajas, mayoritariamente de enfermos que se quedaron sin insumos ni medicamentos. Algunos hospitales denuncian que sus reservas de oxígeno se agotarán este fin de semana.

Ante este cuadro se vuelven a plantear algunas preguntas recurrentes en la historia política boliviana: ¿es posible una negociación? ¿Cuál es la naturaleza de esta crisis? ¿Se puede producir una crisis institucional?

Algunas de estas interrogantes no son nuevas; en especial, al inicio de esta, la abordamos en una primera reflexión publicada en este medio llamada “Bolivia, entre un Estado débil y una sociedad civil díscola”. Los principales elementos allí planteados siguen plenamente vigentes. ¿Cuál es el escenario o los escenarios más probables?

Estado de excepción o negociación

Muchos se preguntarán por qué el gobierno no ha decretado un estado de sitio que despeje los caminos. La respuesta es simple: no existe una legislación que norme esta situación. Antaño había una ley, pero fue derogada. Ha trascendido además que las propias FF. AA. han demandado al poder político un marco jurídico claro que regule el eventual actuar de los uniformados en asuntos de seguridad interior.

El Senado se reunió, pese al feriado religioso, el 5 de junio y logró un amplio acuerdo en torno a un proyecto que le permite al gobierno, mediante decreto fundado, declarar la intervención de las FF. AA. por 90 días. Pasó a la Cámara de Diputados y se prevé que será aprobado.

En forma paralela se intensifican las iniciativas de diálogo. En los próximos días veremos qué camino avanza. La sociedad urbana del occidente, especialmente La Paz y El Alto, es la que más ha sufrido el castigo del desabastecimiento, también la inflación. No hay combustible en las gasolineras y muchos deben hacer una espera de, a veces, más de dos días. El mercado negro funciona, pero al doble de precio de todo y, por lo mismo, los sectores más adinerados pueden capear el temporal, pero no así la población popular y las capas medias. Según comentan diversos paceños y alteños, es difícil establecer contra quién se dirige la bronca: contra el gobierno porque, al decir de muchos, “no hace nada”, o contra los bloqueadores. Intuyo que es muy probable que vaya dirigida contra ambos.

En los próximos días se despejará si el gobierno usará la nueva ley o si se impone una negociación. El presidente Paz se ve aislado; no tiene el apoyo de la mayoría del Congreso, mayoritariamente de derecha y, por cierto, tampoco de las organizaciones sociales. Tres ministros han renunciado al gabinete en los últimos días. Quizás el principal apoyo proviene del exterior: desde el Departamento de Estado de Marcos Rubio hasta buena parte de los gobiernos de la región.

El gobierno ha solicitado establecer un puente aéreo que abastezca a las ciudades, pero solo posee un avión Hércules. Argentina prestó otro unos días y Chile envió un par de vuelos con alimentos y vituallas. Entre medio, asumió como cónsul general el embajador Roberto Ruiz. El apoyo aéreo puede ser vistoso, pero no es suficiente para alimentar a cientos de miles. En la mayoría de las carreteras largas filas de camiones permanecen detenidas por los manifestantes desde hace semanas.

¿Crisis institucional?

No faltan los que demandan la renuncia del presidente Paz, el cual se ve solo y con poco manejo de la crisis. Si renunciara debería asumir el vicepresidente Edman Lara, quien tendría que convocar a elecciones en el plazo de 90 días. La mayoría recuerda lo que pasó con la exvicepresidenta Áñez, que asumió luego de la partida de Evo y se quedó más de un año, para terminar postulándose como candidata.

Lara y Paz están separados desde hace tiempo. El vicepresidente reflejó en algún momento a votantes desencantados del MAS, pero de clara definición popular. Las acciones de Paz en sus inicios —entenderse con la región de Santa Cruz, optar por una economía liberal, suprimir subsidios (entre ellos el de combustibles) y alinearse con el gobierno de los EEUU— provocaron una fuerte reacción de la mayoría de sus votantes. Probablemente también sean críticos de la conducción personalista de Evo Morales, y por eso no lo apoyaron electoralmente.

El futuro inmediato

La crisis está llegando a un peak. Si el gobierno logra construir una salida será un respiro, pero quedará muy debilitado, y le quedan más de tres años, con un Congreso en contra y una calle amenazante.

Sería un grave error interpretar esta crisis como resultado de un solo factor: algunos análisis se encargan de asignar toda la responsabilidad a Evo Morales y sus partidarios. Peor aún, usan la categoría más ideológica que científica de “narcoterrorismo”.

Bolivia tiene una sociedad donde se entremezclan y cruzan diversos conflictos, algunos muy antiguos, como la discriminación racial y cultural que se renueva pese a los esfuerzos de inclusión. Entender esta dimensión es difícil para quienes nunca han sido discriminados, y por cierto, no es exclusividad de Bolivia, sino la resultante de la explotación colonial. Aclaremos: no es blanco y negro; para empezar, el propio mundo étnico está cruzado por diferencias entre el mundo aymara del Occidente, los quechuas del Chapare y las diversas etnias amazónicas.

También presenta fuertes diferencias regionales, de las cuales la más evidente es la que se da entre Santa Cruz (zona petrolera y, sobre todo, agroindustrial) versus el Occidente, donde, ojo, la minería vuelve a ser la pieza fundamental de la economía boliviana, incluida la minería semilegal de los llamados “cooperativistas”, que han apoyado al MAS en varios momentos de la historia reciente.

El propio Occidente tiene nuevas realidades, como el desarrollo comercial que alcanza hoy la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, mayoritariamente poblada por aymaras, donde algunos han hecho una buena gestión empresarial, lo que permite que se hable de la “burguesía aymara”, más conocida por los pintorescos “cholets” que caracterizan sus calles principales.

Paz, candidato, recorrió El Alto ofreciendo un desarrollo capitalista y de mercado y no le fue mal, pues votaron mayoritariamente por él, por lo cual su acercamiento posterior al empresariado cruceño los decepcionó. Para complicar más el archipiélago social y político, aclaremos que, hasta hace poco, el mundo alteño era el fuerte de David Choquehuanca, vicepresidente de Evo, líder de una corriente culturalista del movimiento indígena que terminó chocando con el pragmatismo de “el Jefazo” y su Vieja Guardia.

Al lado de estas facetas tradicionales también emerge una Bolivia que ha logrado puntos fuertes: el llamado proceso de inclusión de las mayorías étnicas y populares, junto a logros muy concretos: el Centro de Medicina Nuclear que funciona en El Alto con un reactor ruso de reciente incorporación (en tiempos del presidente Arce), o el moderno e impresionante teleférico que cruza con varias líneas los cielos paceños y los une con El Alto, un verdadero metro en alturas.

El lector comprenderá que tratar de reducir la multifacética realidad sociopolítica boliviana al dualismo “izquierda y derecha” es como tratar de meter nuevamente la pasta de diente al dentífrico. Algunas interpretaciones, como el pintoresco esquema de que la política se regiría “por un péndulo”, impiden construir una apreciación realista de sociedades abigarradas como las andinas.

¿Cómo afecta la crisis boliviana al barrio?

Gran tema. Digamos, para empezar, que la crisis boliviana ha sido ampliamente usada en la segunda vuelta peruana. La candidata Keiko y su aparato comunicacional llaman a evitar la amenaza de que en su país “ingresen los Ponchos Rojos”; la televisión repite constantemente imágenes de un par de escuadras de bloqueadores blandiendo palos y Mauser. A veces, para darle mayor volumen, se agregan entregas de armas a milicianos, armas modernas, pero, mirando bien, se trata de entrega de armas a las milicias maduristas hace algunos meses atrás.

El sur del Perú, con epicentro en Puno, Cuzco, Juliaca y el borde del lago Titicaca, es mayoritariamente aymara en lo cultural y étnio y con similares conductas sociales. Ha sido el centro de la resistencia, desde la Colonia, al centralismo limeño. Por ello, en esa zona es donde se han dado las mayores rebeliones contra el poder español primero y centralista después. Pocos años antes de la Independencia allí se instaló la rebelión de Túpac Amaru, que se sofocó con más de 80.000 muertos.

En los tiempos contemporáneos es una región que votó mayoritariamente por el presidente Pedro Castillo y que fue violentamente reprimida por el Ejército, con más de 50 muertos y centenares de heridos, cuando el Congreso instaló a Dina Boluarte como nueva mandataria. Hoy, en el sur, la simpatía la tiene el candidato Roberto Sánchez, al igual que en la mayoría de la sierra y las zonas rurales no costeñas. Lima y la costa exportadora están con Fujimori.

La relación chileno-boliviana, por su parte, ha experimentado desde hace algunos años signos positivos, especialmente desde la instalación del gobierno del expresidente (hoy procesado) Luis Arce Catacora, cuando se construyó un buen diálogo y se fueron creando condiciones para un acercamiento. Eso ha continuado en la actual administración, lo cual, desde el punto de vista estatal, es positivo.