Señor Director:
Cuando un médico va a administrar un tratamiento a un paciente, generalmente, coloca en una balanza mental los beneficios y riesgos que éste podría tener. Luego los comunica para que profesional y paciente puedan decidir, informadamente, si optar o no por ese tratamiento. Este procedimiento debería haber sido aplicado al Tratado TransPacífico (TPP, por sus siglas en inglés), en todos sus niveles, puesto que debemos evaluar si la ratificación del acuerdo se inclina más hacia los riesgos o beneficios, y debe ser permitiéndole participar a la ciudadanía que deberá soportar los efectos adversos, si aparecen posterior a su implementación.
El 5 de octubre de 2015 se realizó una conferencia de prensa en Atlanta, entre los doce representantes ministeriales, anunciando el fin de las negociaciones del Tratado. Por parte del USTR de Estados Unidos, Michael Froman anunciaba “lo que estamos haciendo en el TPP es lograr reconocer una protección efectiva de mercado y entregar un resultado comparable a través de varios mecanismos, incluyendo al menos 5 años de protección de datos más otras medidas gubernamentales que puedan entregar resultados comparables (…) esto puede tomar siete u ocho años más allá de los cinco años de protección de datos para que los diversos biosimilares sean aprobados”. Curiosamente, Andrés Rebolledo director de la DIRECON, en la misma conferencia de prensa señalaba “nosotros vamos a mantener nuestra regulación interna en protección de datos”.
Es así que ambas autoridades regresaron a sus países anunciando resultados completamente distintos. Por un lado, Rebolledo en los medios manifestaba que los 5 años de información no divulgada para productos biológicos no habían sido cedidos. Por el otro, el USTR sacaba su nueva versión 2016 del Priority Watch List donde anunciaba “el TPP establece una norma mínima de al menos cinco años de protección de datos para nuevos productos farmacéuticos y, por primera vez en cualquier acuerdo comercial, el TPP exige un período adicional de protección efectiva de mercado para nuevos productos biológicos”.
Adicionalmente, el Canciller Heraldo Muñoz en reunión sostenida con la Plataforma Chile Mejor Sin TPP, nos señaló que es verdad que en algunos párrafos hay ambigüedades creativas en la redacción y que el Gobierno va a interpretar lo firmado según lo que estime son los intereses de Chile, lo cual obviamente expone al país a tribunales internacionales y a perder en ellos.
Hoy, a diferencia de algunos meses atrás, sabemos más del TPP, pero aún hay un grado de incertidumbre inexplicable. El único estudio del Gobierno, al cual públicamente se ha tenido acceso, es el desarrollado por el Ministerio de Salud, que establece un impacto económico en el sistema de salud de $540.000 millones anuales si el período de exclusividad de mercado, que afirma Michael Froman, se extiende por sobre los 5 años.
Cada ciudadano, líder de opinión, autoridad y parlamentario debe informarse a cabalidad de las ambigüedades y contradicciones, entre las afirmaciones nacionales y de los demás países, sobre los detalles del TPP. Así podrán evaluar si los riesgos son superiores a los supuestos beneficios sostenidos por Cancillería. Esto porque, desde nuestra perspectiva, nos estamos sometiendo a ocho años de exclusividad efectiva de mercado para productos biológicos.
Es la palabra del gigante norteamericano contra la del Gobierno de un pueblo al sur de Estados Unidos. Juzgue usted.
Tomás Lagomarsino G.
Fundación Equidad Chile
Plataforma Chile Mejor Sin TPP
