Que el derecho penal tiene un sesgo de clase, es una afirmación con contundente evidencia que por momentos quedó en entredicho en marzo de 2015 cuando en la televisada audiencia de formalización, que terminó con la prisión preventiva de los ejecutivos de Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el entonces Fiscal Nacional Sabás Chahuán (que personalmente había tomado el caso) señaló en un encendido y hasta épico alegato que “la ley es igual para todos y nosotros queremos que este sistema de justicia criminal sea una red que deje de atrapar solamente mariposas dejando pasar los elefantes”.
El debate sobre las bajas penas de los delitos económicos se tomó la agenda, se creó el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción (conocido como “Comisión Engel”) que propuso 236 propuestas para mejorar la probidad y transparencia, y se impulsaron proyectos de ley y medidas administrativas para enfrentar el diagnóstico común de impunidad de los delitos de cuello y corbata, entre otros elementos que alimentan la actual crisis política y generan la sensación de abuso que siente la ciudadanía.
Un año más tarde, el Observatorio Anticorrupción cifró el mayor progreso de la “Agenda de Probidad y Transparencia” en la línea de financiamiento de la política para fortalecer la democracia (con un 83%), que incluye el avance en medidas de democracia interna y financiamiento de partidos políticos, regulación de campañas electorales y fiscalización de la política y su financiamiento, entre ellas, la eliminación de todo aporte de personas jurídicas a campañas electorales, prohibición de financiamiento de empresas hasta hace unos años impensada. Mientras el menor fue para la prevención de la corrupción (con apenas 33% de avance); ninguna de las cinco medidas propuestas relativas a la persecución y sanción penal a la corrupción se han completado (dos están incompletas y tres en progreso): no hay avances en generar un sistema oficial de estadísticas que permita dar seguimiento a la incidencia de los delitos de corrupción ni en homologar las herramientas que hoy existen y se usan en la investigación de delitos de lavado de activos, con las destinadas a investigar corrupción.
[cita tipo=»destaque»]A un par de años de que explotaran los casos de corrupción, colusión, conflictos de interés, tráfico de influencias, cohecho y soborno que han impactado a la ciudadanía y han sumido a Chile en una crisis de confianza de dimensiones hasta institucionales, la igualdad ante la ley sigue siendo una quimera. Elefantes y mariposas no tienen el mismo peso para el sistema penal. La red de la justicia criminal a la que se refería el ex Fiscal Chahuán, sigue atrapando a los pequeños y pobres y dejando escapar a los poderosos.[/cita]
A un par de años de que explotaran los casos de corrupción, colusión, conflictos de interés, tráfico de influencias, cohecho y soborno que han impactado a la ciudadanía y han sumido a Chile en una crisis de confianza de dimensiones hasta institucionales, la igualdad ante la ley sigue siendo una quimera. Elefantes y mariposas no tienen el mismo peso para el sistema penal. La red de la justicia criminal a la que se refería el ex Fiscal Chahuán, sigue atrapando a los pequeños y pobres y dejando escapar a los poderosos.
Como suele pasar en los delitos económicos, las medidas cautelares de alta intensidad (como prisión preventiva) en los casos de delitos de cuello y corbata suelen ser más altas que la condena final. Son los pobres los que llegan a la cárcel y a los que el discurso del populismo penal quiere encerrar de por vida, aunque el sistema esté lejos de rehabilitar y reinsertar. La Justicia parece correr la venda que cubre sus ojos y promete igualdad ante la ley, cuando se trata de diferenciar entre delincuentes comunes y aquellos que visten de camisa. De ciega, nada.
La doctrina Abbott
Asimismo, el cambio de fiscales de casos emblemáticos no contribuye a profundizar las investigaciones que tocan a los grandes poderes. La decisión del Fiscal Nacional, Jorge Abott, de remover del caso Corpesca al fiscal Emiliano Arias y abrir un sumario administrativo por su entrevista a La Tercera, más que sancionar una posible infracción al deber de reserva de los investigadores o dar un golpe de timón o un llamado al orden en relación a las declaraciones a la prensa, parece ser una señal sobre cómo proceder en los casos en que están involucrados grupos de interés poderosos.
Cabe recordar que la elección del nuevo Fiscal Nacional se extendió más tiempo que el que la prudencia habría aconsejado tras el término del periodo de Sabas Chahuán, y que a Abbott se le atribuye haber llegado a un acuerdo con el Senado para hacerse del cargo ofreciendo garantías de dar un rápido cierre a las investigaciones por financiamiento ilegal de campañas. En entrevista con la misma Tercera al iniciar su gestión, Abbott reconoció que buscaría una fórmula para acotar las investigaciones sobre delitos tributarios y financiamiento irregular a la política, y darles un pronto término, tratando de investigar intensamente todas las aristas que se presenten, pero tomando decisiones rápidas.
Abbott había transparentado su doctrina en causas que involucren a actores poderosos y que el Fiscal Pablo Gómez, a cargo del caso SQM, aplicó a la perfección cuando señaló que ninguno de los investigados arriesga penas efectivas de cárcel y cuando se enfrascó en una polémica con el hoy removido Arias por la fecha en que se conocieron los correos entre Longueira y Contesse, que generó cuestionamientos sobre por qué no inició antes la indagatoria al ex ministro de Economía. Los fiscales más incisivos son los que son sacados de los casos emblemáticos, y los que adhieren a la mesura del Fiscal Nacional, continúan en sus investigaciones. Simple.
La remoción de Arias se da justo en momentos en que el Fiscal de O’Higgins indagaba similitudes entre los delitos cometidos por Corpesca y otras federaciones pesqueras de la región del Bío Bío como Asipes y Asipac, las cuales podrían estar en conocimiento de acciones de lobby a parlamentarios que podrían ser constitutivas de delito.
Las afirmaciones de Arias respecto de que podrían haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delito, no parecen representar una gran novedad ni filtraciones sobre las investigaciones, dada la existencia de indicios concretos asentados en el caso Corpesca que le valieron la prisión preventiva a Orpis.
En definitiva, lo declarado por Arias a Copesa es, simplemente, lo que ha quedado reflejado en resoluciones de Tribunales de Garantía y de la Corte de Apelaciones: que en la tramitación de la Ley de Pesca hubo comisión de delitos, antecedentes que han sido acreditados en el caso del senador de la UDI, actualmente desaforado y formalizado cumpliendo medidas cautelares en su casa tras pasar varias semanas en la cárcel. Siendo así, lo más probable es que el caso de senador no sea el único, lo que cuestiona la legitimidad de origen de dicha legislación, la cual debiese ser anulada por su germen espúreo.
Por su parte, la máxima autoridad de Ministerio Público desestimó un posible afán de censura de las opiniones que legítimamente puedan dar los fiscales a los medios y argumentó que el fiscal anticipó juicios que ponen en duda la imparcialidad y objetividad que tiene que tener un fiscal. Su decisión se basa en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que fue modificada recientemente por la llamada Agenda Corta Antidelincuencia, en que se estipula que los fiscales deberá abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional (Una herencia restrictiva de la libertad de expresión y limitante de la transparencia que dejó Jorge Burgos, que apenas dos meses después de haber dejado de ser el “maquinista” en el Ministerio del Interior señaló que el país estaba descarrilado, y renegó del programa de gobierno y de la Nueva Mayoría).
Sin embargo, en un respaldo irrestricto a Arias, la Asociación de Fiscales señaló que una mala interpretación de dicho artículo permite que en investigaciones de alto interés ciudadano, se eche mano de esta norma para privar a la ciudadanía de información relevante. Al criticar la medida, plantearon que se confirman las aprehensiones de la Asociación manifestadas durante la tramitación de la polémica iniciativa legal, de que cuando las causas afecten a grupos de poder se valerán de ella para mantener desinformada a la ciudadanía.
No se equivoca el fiscal Arias en su entrevista en La Tercera sobre la posibilidad de que haya más políticos involucrados en el caso Corpesca. Es tan transversal el financiamiento irregular de campañas, que incluso un dirigente pesquero cuyo liderazgo en las movilizaciones contra el alza del gas en Aysén lo encumbraran al Parlamento, como es Iván Fuentes, reconoció que había sido apoyado por pesqueras en su campaña, echando por tierra las esperanzas de que los nuevos liderazgos no estuvieran contaminados por las viejas y malas prácticas de la clase política.
Nuevamente los porfiados hechos hablan de lo contaminada que está la Ley de Pesca y de cómo los intereses de Corpesca quedaron estipulados en el articulado, como muestra de “agradecimiento” de los parlamentarios financiados por la pesquera. Según una investigación de Ciper, el artículo transitorio incorporado a la legislación por los senadores Jaime Orpis (UDI) y Fulvio Rossi (PS) permitieron a Corpesca un ahorro de $4.679 millones en tres años, al beneficiarse de un techo de 40% al pago de la Patente Única Pesquera bajo el pretexto de cuidar la tasa de desempleo de la industria pesquera. Más claro, echarle agua.
“La Ley Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos. Eso está con un nivel de acreditación altísimo dado por la prisión preventiva. Lo que hemos descubierto y que está acreditado y confirmado por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones, es que en la génesis de esta ley hubo corrupción”, señaló en la polémica entrevista el fiscal cercano a Chahuán, que ya había sido sacado por Abbott del caso SQM y que es quien más antecedentes tiene del caso Corpesca. Habrá que esperar a qué conclusiones llega el nuevo Fiscal nombrado por Abott para el caso, Julio Contardo, quien, paradojalmente, debió enfrentar un sumario interno por supuestas filtraciones, por lo que debió marginarse de una investigación por fraude al Fisco y lavado de activos contra el entonces alcalde de Hualpén. Por lo pronto, si el río suena, es porque peces gordos –o más bien, grandes elefantes- siguen escapando a las redes del sistema penal.
