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Quiroz no aclara recorte en la PGU y solo afirma que quienes lo tienen no se verán afectados PAÍS Agencia Uno

Quiroz no aclara recorte en la PGU y solo afirma que quienes lo tienen no se verán afectados

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El ministro de Hacienda descartó rebajas a beneficios sociales tras la polémica por decretos y oficios filtrados, aunque evitó aclarar por qué se recomendó revisar recursos de la PGU. “No se va a tocar ningún beneficio social”, afirmó.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrentó cuestionamientos por eventuales ajustes a la PGU tras la filtración de oficios y decretos sobre recortes presupuestarios. Aunque aseguró que “no se va a tocar ningún beneficio social”, evitó aclarar por qué se recomendó revisar recursos del programa. Sostuvo que las medidas buscan “eficiencia” y detectar posibles irregularidades, insistiendo en que quienes reciben la PGU conforme a la ley “no se verán afectados”.
Desarrollado por El Mostrador

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó este martes la controversia generada por la filtración de oficios y decretos vinculados a ajustes presupuestarios, en medio de cuestionamientos por eventuales recortes que afectarían a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

La polémica se instaló luego de conocerse documentos internos donde se recomendaba revisar recursos asociados a distintos programas estatales, entre ellos la PGU, lo que abrió dudas respecto de un eventual cambio en uno de los beneficios sociales más relevantes del sistema previsional.

Consultado por la diferencia entre los oficios filtrados y los decretos ya publicados, el secretario de Estado explicó que ambos instrumentos cumplen funciones distintas.

“El oficio corresponde a orientaciones para la elaboración del presupuesto 2027”, sostuvo, mientras que los decretos “son el resultado de todas las conversaciones (…) para llevar adelante el ajuste del 3% en todos los presupuestos”.

En esa línea, precisó que los decretos tienen carácter obligatorio y están enfocados en ajustes inmediatos.

“Los decretos son imperativos y se refieren a cómo se lleva el ajuste ahora, que en promedio alcanza un 2%”, indicó.

Sin embargo, el foco de las preguntas estuvo puesto en la PGU y en la aparente contradicción entre los compromisos de campaña del Presidente José Antonio Kast —quien aseguró que no se tocaría el beneficio— y los antecedentes conocidos sobre eventuales revisiones presupuestarias.

Frente a ello, Quiroz descartó de manera tajante cualquier recorte a las ayudas sociales.

“Quiero decir con todas sus letras, y esto no sólo para la PGU, sino para todo tipo de programas, aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población. Ninguno, en absoluto”, afirmó.

El titular de Hacienda sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es mejorar la eficiencia del gasto público y prevenir irregularidades en la entrega de beneficios.

“Lo único que estamos haciendo, en todos los casos, es buscar eficiencia y también prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social o el mal gasto”, aseguró.

Pese a la insistencia de la prensa respecto de por qué se recomendó revisar recursos asociados a la PGU, Quiroz evitó profundizar sobre un eventual ajuste específico y respondió que todos los programas deben ser analizados técnicamente.

“Técnicamente en todos los programas, todos hay que analizarlos, sobre todo si han habido algunos hallazgos”, explicó.

El ministro añadió que las revisiones podrían apuntar a detectar casos donde personas estén recibiendo beneficios sin cumplir con los requisitos establecidos por ley.

“Podría haber gente que obtuvo eso y que no debería obtenerlo al tenor de la ley”, sostuvo.

No obstante, insistió en que quienes reciben correctamente la PGU no verán alterado el beneficio.

“Las personas que tienen el beneficio de la PGU obtenido como corresponde a ley, no se les va a afectar en absoluto”, concluyó.

Las declaraciones del ministro se producen en medio de crecientes cuestionamientos al Gobierno por los lineamientos de ajuste fiscal conocidos durante los últimos días, los que incluyen evaluaciones sobre más de 200 programas estatales y han tensionado el debate político respecto al alcance real de los recortes y el impacto que podrían tener sobre políticas sociales sensibles.

 

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