Las formas (y re-formas) en que se ha regulado el sistema educativo en Chile, responden a una realidad social, cultural, histórica, política y económica, distinta a las que han transitado el resto de los países de la región. La Universidad es, entonces, la manifestación de una sociedad compleja y dinámica, no sólo respecto a su composición sino también a la diversidad social que representa, cuyo interés es –o debiese ser– la creación de conocimientos, su independencia y vocación pública que permitan intervenir la realidad social, más allá del sentido tecnocrático.
Este concepto de Universidad no elude a las nociones terminológicas de docencia, investigación y extensión como partes constitutivas de su esencia, más bien se propone como el ideal frente a la instrumentalización mercantil, basada en la producción y gestión del conocimiento o la mera entrega de títulos y grados. Establecer una clasificación y sistematización de la Academia (Ακαδημία), basada en indicadores y estándares, pareciera ser poco pertinente –y en algunos casos sesgados–. Aun cuando la tendencia avanza en esa línea, no logra dar cuenta de la autonomía, transformación y desarrollo de los proyectos académicos.
En lo práctico, la introducción del neoliberalismo y las políticas de mercado en el ámbito de la educación, a partir de 1980 en Chile y su profundización en las décadas siguientes, vienen a transformar el sistema educativo en todos sus niveles. En la actualidad, pese a los ajustes de gran magnitud –que hemos presenciado en el último tiempo–, continúa existiendo una demanda social en cuanto a calidad y/o acceso, colocando en evidencia el “desgaste” de un modelo que no es capaz de dar respuestas adecuadas a los requerimientos actuales. De ninguna forma se desconoce el avance alcanzado por el Gobierno en materia educacional, pero continúa siendo insuficiente.
El problema de la desigualdad es una barrera, las leyes promulgadas se convierten en una camisa de fuerza y la voluntad política es un muro con el que colisionan los propósitos de construir un proyecto de futuro. El Estado sólo asume y se compromete con un rol subsidiario, en el cual –salvo algunas excepciones– ha sido avalado por las Universidades, en aras de mantener su “zona de confort”, como entes pasivos, sin riesgos y al borde de la apatía. En este proceso de búsqueda de equilibrios, entre los modos de regulación preexistentes y una nueva realidad, los discursos en torno a la eficiencia de los procesos educativos se multiplican para coaccionar cualquier atisbo de diferencia, convirtiéndose en espacios insípidos y relativamente neutros.
Sobre Universidad ARCIS
Se han realizado extensos diagnósticos y análisis sobre las causas que llevaron al descalabro financiero de ARCIS, existen investigaciones en curso y una completa cobertura parcial e intencionada –hay que decirlo– de los medios de comunicación; continúan apareciendo discursos de académicos en pro de la continuidad, especialistas y/o ex ministros a favor del cierre y uno que otro opinólogo. Al día de hoy no existe claridad respecto a lo que pasará con estudiantes y funcionarios, sigue sin encontrarse responsables, ni una autocrítica de los grupos de control que operaron política y económicamente en la Universidad por casi 10 años –ni de su salida–, la ausencia de disculpas de agentes y organismos del Estado y como era esperable el silencio de las otras instituciones.
[cita tipo=»destaque»]Esto no se trata de ARCIS, ni mucho menos de sus “verdugos” actuales o del pasado, sino de todo un sistema universitario que se encuentra en crisis y en medio de una re-forma. Es un llamado de atención para que el Estado tengan el respeto mínimo que merecen los proyectos académicos y su autonomía –con o sin intervención– y en caso que decida nuevamente intervenir a otra institución sea capaz de elegir a personas idóneas, además de asumir el rol de supervisión que le corresponde, suponiendo que le importa. En caso contrario decrete el cierre, estoy seguro que los expertos sabrán asesorarlos en ello.[/cita]
El caso de ARCIS es paradigmático y lo es en varios sentidos: Por una parte, es el fiel reflejo de la sociedad actual, de la efervescencia programada y esa modernidad líquida –que señala Bauman–, pero también de sus silencios y omisiones; de lo individual sobre lo colectivo y la vaga discusión sobre “lo público” más allá de los campos especializados. Es también la expresión del mercado, en el cual existen una variada oferta de Universidades, reguladas por el marketing y su rentabilidad, mientras que al interior de ARCIS existió una lucha permanente entre asumirse como empresa privada o desarrollar su vocación pública, claramente irreconciliables en un modelo neoliberal, aislándola como la “niña rara y zurda”, dentro de la institucionalidad.
Se trata de la primera Universidad a la que se aplica la Ley Nº 20.800 –uno de los proyectos estrella del Gobierno–, a través de la designación del señor Velasco como Administrador Provisional: “para la única finalidad de solucionar los problemas detectados en la investigación, el gobierno y la administración de la institución de educación superior” (Art. Nº 13, el énfasis en mío). No se realizaron acciones tendientes al salvataje la Universidad ni a su viabilidad, sino que se le dio continuidad de forma incierta y a “puertas cerradas”, a través de un cuidado plan de “cierre encubierto” o –lo que llegara primero– la “Quiebra” presentada el 28 de febrero de 2017, pese a las advertencias de la Comunidad, meses antes.
De más está señalar los dichos de la Ministra sobre que “ARCIS no es sustentable en el tiempo, por lo tanto, hay que poner un administrador no temporal, sino de cierre” (5 de diciembre de 2016), lo que sepultaría cualquier intento de conseguir 570 matrículas, cifra propuesta unilateralmente por el Administrador y sin considerar otras instancias de viabilidad como las surgidas desde la propia Comunidad de Arcis, tales como: Fortalecimiento de postgrados, diplomados y cursos, reducción de carreras, reestructuración de planta, entre otras.
Siguen y suman los errores de las autoridades, sean conscientes o involuntarios, como si se tratara de una improvisación –no sólo el caso de Arcis, sino en también en la Reforma de Educación Superior– que siguen tensionando la triada entre la academia, la política y el mercado, donde los afectados continúan siendo los estudiantes, quienes deberán seguir reclamando por su Derecho a la Educación y que hay que señalarlo pertenecen a una izquierda en el sentido amplio del concepto y no sólo a una de la organización cuestionada.
Se cree que la Universidad es una forma más de superación personal y no de desarrollo social e intelectual del país. En ese sentido, al hablar de tradición intelectual no sólo se hace referencia a las huellas que deja una institución en la sociedad, sino a su ethos y ese es el legado de Arcis está esparcido en el país y el resto del mundo.
Para cerrar
Esto no se trata de ARCIS, ni mucho menos de sus “verdugos” actuales o del pasado, sino de todo un sistema universitario que se encuentra en crisis y en medio de una re-forma. Es un llamado de atención para que el Estado tengan el respeto mínimo que merecen los proyectos académicos y su autonomía –con o sin intervención– y en caso que decida nuevamente intervenir a otra institución sea capaz de elegir a personas idóneas, además de asumir el rol de supervisión que le corresponde, suponiendo que le importa. En caso contrario decrete el cierre, estoy seguro que los expertos sabrán asesorarlos en ello.
Las Universidades están llamadas a trabajar por el desarrollo intelectual del país a través de la cooperación de unas con otras, respetando sus diferencias e intercambiando ideas. La formación de profesionales se encuentra en sus manos y es por ello que deben asumir riesgos, aportar a la creación de conocimientos, el fortalecimiento de una ética positiva y su vocación pública que permitan avanzar a un modelo de Universidad que en estos momentos ofrece más interrogantes que respuestas sobre su rol público y/o social.
