Informe de Hacienda sobre Ley Miscelánea proyecta peor escenario fiscal a partir de 2027

La tramitación de la Ley Miscelánea, también conocida como proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast comenzó a mostrar sus primeras tensiones en el Senado. Durante una extensa jornada de trabajo en la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo presentó un nuevo informe financiero del proyecto, documento que actualiza estimaciones fiscales y que abrió un intenso debate entre oficialismo y oposición sobre los costos, beneficios y riesgos de la iniciativa.

Uno de los principales temas de discusión fue precisamente la exposición realizada por el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, quien detalló una serie de modificaciones respecto del informe financiero original. Entre ellas se encuentra la mantención de la franquicia tributaria para capacitación, lo que obligó a descontar un ahorro fiscal estimado en cerca de US$300 millones. También se eliminaron los efectos asociados a modificaciones en la Ley de Compras Públicas para contratos del Ministerio de Obras Públicas y a normas relacionadas con minería de datos.

Asimismo, se ajustaron las proyecciones sobre contribuciones utilizando información más reciente del Servicio de Impuestos Internos, se modificó el cálculo de ahorro asociado al Subsidio Único al Empleo y se actualizó el costo del nuevo diseño del crédito al empleo, ahora diferenciado por sexo y edad. Otro de los cambios relevantes corresponde al incentivo al retiro, cuyo ahorro proyectado fue reducido luego de que las postulaciones efectivas alcanzaran 3.641 funcionarios, cifra superior a los cupos originales pero muy por debajo de las 6.000 solicitudes consideradas inicialmente.

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Las modificaciones generan un efecto mixto sobre las finanzas públicas. Según el nuevo informe, el impacto para 2026 sería menos deficitario que el proyectado originalmente, con una merma de ingresos de $703.503 millones frente a los $838.430 millones estimados previamente. Sin embargo, desde 2027 el escenario empeora. Para ese año se proyecta una disminución de ingresos fiscales de $1.558.172 millones, superior a los $1.208.742 millones contemplados en el informe anterior. La situación se repite en 2028, cuando el impacto negativo llegaría a $1.933.305 millones.

El documento mantiene además una de las conclusiones más debatidas desde el inicio de la discusión: los efectos positivos sobre la recaudación fiscal recién comenzarían a observarse hacia 2035, aunque en una magnitud menor a la proyectada originalmente.

Estos antecedentes provocaron cuestionamientos inmediatos desde la oposición. La senadora socialista Daniella Cicardini sostuvo que el nuevo informe refuerza las dudas sobre los fundamentos económicos de la iniciativa.

“Este nuevo informe financiero plantea que el Estado va a comenzar recién a tener ingresos en casi una década más si es que se cumple el supuesto de crecimiento como lo ha dicho el gobierno. Que es una proyección, es una tesis, es una metodología que en reiteradas oportunidades le hemos solicitado al gobierno que nos diga cuál ha sido la evidencia de esta megarreforma en otros países; si es que hay algún sustento técnico que lo avala, que empíricamente compruebe de que esto ha tenido buenos resultados. Y aún no hemos podido tener esa respuesta clara, y creo que eso solo genera incertidumbre”, afirmó.

En la misma línea, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, llamó a esperar el pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo antes de acelerar la discusión del proyecto.

“Aquí lo importante es que, si hay una voluntad de conversar, no es tanto el período en que salga el proyecto, sino que salga un buen proyecto; que nos dejen legislar, que nos dejen aportar. Porque, si no, esto simplemente es algo formal: venir, sentarse en una comisión, escuchar, responder y no tomar en consideración lo que se está debatiendo y los distintos enfoques y miradas que se ponen sobre la mesa”, señaló.

Las diferencias ya habían quedado en evidencia durante la sesión de la mañana. En esa instancia, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, compareció ante la comisión para responder las consultas formuladas previamente por los senadores. Sin embargo, sus explicaciones no dejaron conformes a las parlamentarias socialistas. “Bien escuetas las respuestas, ministro”, le reprochó Vodanovic, agregando que “no se trata de hacer un check con las preguntas, sino que podamos debatir, dialogar”.

La senadora insistió en que el objetivo de solicitar nuevos antecedentes financieros era precisamente analizar el proyecto bajo el nuevo escenario fiscal planteado por el propio Ejecutivo en el último Informe de Finanzas Públicas.

La tensión aumentó cuando Quiroz utilizó a Dinamarca como ejemplo de países que están reduciendo la carga tributaria para fortalecer la competitividad. La comparación fue inmediatamente cuestionada por Cicardini.

“Es poco sincero que saque como ejemplo Dinamarca, esa es una comparación tramposa ministro. Dinamarca tiene un sistema desintegrado y además tiene mayores compensaciones para esa reducción de impuestos”, sostuvo.

El titular de Hacienda respondió que su intención era destacar una tendencia internacional orientada a reducir impuestos para estimular la inversión y la competitividad empresarial. “Lo que quiero destacar es la tendencia, que es bajar los impuestos para aumentar la competitividad de la empresa. En esta materia quisiera preguntar ¿cuál es la opción alternativa, seguir con este déficit o habría que aumentar los impuestos… déficit que no para, que sigue creciendo e implica mayor deuda?”, replicó.

La discusión volvió a tensionarse cuando el ministro evitó comprometer una fecha para la publicación del decreto de meta fiscal, lo que generó una nueva crítica de Cicardini. “La arrogancia no es una buena consejera, cuando le pido tener la meta fiscal es para saber cómo se encuentra Chile y hacia dónde se quiere llegar”, manifestó la senadora.

Por ahora, el Gobierno no ha definido una fecha para iniciar la votación en general de la iniciativa. Desde Hacienda señalaron que el próximo lunes se acordará el cronograma de audiencias y expositores. Entre los primeros organismos convocados se encuentra el Consejo Fiscal Autónomo, cuya opinión es observada por oficialismo y oposición como una pieza clave para la siguiente etapa de la discusión legislativa.