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Lunes, 20 de noviembre de 2017 Actualizado a las 03:02

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La ofensiva política del gran empresariado

por 7 junio, 2017

La ofensiva política del gran empresariado
El énfasis puesto en comunicar a la ciudadanía la importancia de la empresa y de los mercados tiene una debilidad fundamental: la incapacidad de ponerse en los zapatos del resto de los ciudadanos. No hay ningún reconocimiento de que estos puedan tener algo de razón en sus críticas. Al defender el “lucro” sin especificaciones, revela total inconsciencia respecto de la pésima distribución del ingreso en el país y la alta concentración del mismo. ¿O es que acaso los profesores, los trabajadores no hacen bien las cosas, no viven bajo el riesgo permanente de perder el empleo o ser afectados por una enfermedad catastrófica, como para recibir una mejor remuneración?

Las movilizaciones sociales que tuvieron lugar desde el 2011 han cambiado el escenario político. Destacan entre ellas el surgimiento del Frente Amplio, la división de la Nueva Mayoría y los cambios en la manera en que el mundo empresarial se prepara para enfrentar el nuevo contexto político. Los nuevos presidentes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Sofofa representan lo mejor del mundo empresarial y dejan en evidencia el despliegue de una nueva estrategia, esto es, la defensa abierta del modelo chileno sin modificaciones sustanciales. Su estrategia ya no busca cooptar técnicos concertacionistas para incidir en las políticas públicas sino que busca entrar en el debate político nacional a partir de sus convicciones más profundas. Como Piñera, apuestan a retrotraer las reformas de Bachelet para volver, vaya paradoja, a los buenos tiempos de la Concertación.

Tanto Alfredo Moreno como Bernardo Larraín, llegaron a la CPC y a la Sofofa, respectivamente, en un conflicto abierto con el grupo de Herman von Mühlenbrock que, desde su cargo como presidente del gremio industrial, aspiraba a transformarse en presidente de la CPC. Algunos analistas sostienen que se asiste a un cambio generacional. Si bien ello resulta probable en el caso de la Sofofa (Larraín Matte tiene 50 años y Von Mühlenbrock tiene 70) Alberto Salas y Alfredo Moreno son prácticamente de la misma edad.

Se ha señalado que Moreno tiene como objetivo central restablecer la buena relación de la empresa con la sociedad. Llega al cargo con dos antecedentes principales: su vinculación a la banca y a la salud privada y haberse desempeñado como ministro de Relaciones Exteriores de Piñera. Ello sugiere que en ese período pudo haber desarrollado una amplia red de relaciones, más allá del mundo empresarial, y que tendrá una relación privilegiada con el Presidente de la República, en caso de que sea electo Sebastián Piñera, aun cuando algunos afirman que es una persona de gran independencia.

Mirado con mayor detalle, el análisis de las distintas posiciones del nuevo presidente de la CPC, deja en evidencia una defensa acérrima del Chile de las últimas décadas. Enfatiza el buen desempeño del país en los índices de desarrollo humano; que Chile aparece como el país más desarrollado de América Latina; que durante 30 años las cosas se han hecho bien (se distancia incluso de sectores nostálgicos de la Concertación, que llegaron a incluir como tiempo de progreso el período de la dictadura militar y que hablan de los 40 años gloriosos); releva que el país protagonizó una revolución modernizadora y que su estrategia coincide con la receta que han aplicado los países exitosos del mundo: libertad económica, confianza en el sector privado, Estado subsidiario, disciplina macroeconómica, apertura comercial y alta calidad de las políticas públicas. El contrapunto es claro: no hay razones para creer que a Chile le estaba yendo mal, como afirmaron el movimiento estudiantil y la actual Presidenta de la República.

Este contexto ha permitido, sostiene Moreno,  el desarrollo de empresas, en las últimas tres décadas, que se han transformado en el motor principal del modelo de desarrollo chileno. Ellas compiten a nivel internacional en un contexto difícil, de aranceles bajísimos. Alude a las grandes multilatinas chilenas: Falabella, Cencosud, Latam, Copec, Sonda, todas líderes en sus rubros en América Latina.

Reconoce que hacia delante se enfrentan nuevos desafíos, la desconfianza en las instituciones (fenómeno que ocurre en todo el mundo), asume el daño que han causado los distintos fenómenos de colusión y de fraude y el financiamiento irregular de la política. Tres son los fenómenos que, a su juicio, explican esta situación: falta de control, falta de comunicación y gestión centrada en las propias empresas. La falta de comunicación se traduce en que se cuestiona la “licencia social”, existen crecientes dificultades para realizar proyectos de inversión y se incurre en la demonización del lucro. Como solución proponen comunicar bien el valor que crean para la sociedad, lo que implica un cambio en la forma en que las empresas deben conversar con la sociedad.

Deben relevar que no solo producen bienes y servicios y empleo sino que también tienen valores, una cultura corporativa y les importa la sociedad y el país. Deben, en consecuencia, responder a las expectativas de los chilenos en cuanto a empleos de buena calidad, innovación, aporte a los problemas sociales, sustentabilidad y diversidad. Mostrar que tienen un rol importante en la reducción de la desigualdad, desarrollando políticas de empleo, capacitación, diversidad de género, movilidad social y meritocracia.

En una sociedad sujeta a cambios continuos, la empresa puede jugar un papel crucial porque es una organización formidable orientada al cambio. En este contexto, se señala que para que el motor del sector privado vuelva a recuperar el dinamismo que el desarrollo de Chile requiere, se deben poner en marcha las compañías de los próximos 20 años. Se trata, en definitiva, de un problema comunicacional, en ningún momento aparece siquiera una duda respecto a que las demandas de cambios de amplios sectores de la ciudadanía puedan tener una justificación ni que sea posible una convivencia sobre reglas distintas. Se trata de un monólogo bien articulado, pero monólogo al fin y al cabo.

El nuevo presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, es la cabeza del grupo Matte, uno de los más poderosos del país y el más influyente políticamente. Hasta ahora había operado a partir del financiamiento que entrega al Centro de Estudios Públicos (CEP), principal centro de pensamiento de la derecha que ha convocado tradicionalmente a sectores que sobrepasan con mucho a la derecha política. Se trata de una estrategia que se distancia del Instituto Libertad y Desarrollo, que ha mantenido siempre una posición significativamente más confrontacional. Históricamente el CEP ha intentado consensuar políticas públicas a lo largo de un relativamente amplio espectro político. Es el caso de las propuestas del 2002 en torno a la reforma por la modernización del Estado, luego en torno a la reforma previsional, participando también en el Consorcio para la Modernización del Estado en el 2008. Hasta hace poco, el CEP tenía como presidente a Eliodoro Matte, líder del grupo Matte y tío del nuevo presidente de la Sofofa.

El proyecto político de Larraín Matte surge hace unos tres años, cuando se apoyó a Andrés Navarro en la anterior elección de la Sofofa, siendo derrotados por Mühlenbrock. Dos elementos son particularmente relevantes. El primero es una defensa acérrima de los postulados, no de una economía social de mercado, sino del modelo que tenemos en el país. Acusa a los críticos de una visión maniquea en que la “idealización ideológica del Estado y la estigmatización de los mercados dividen a las personas en buenas y malas. Debemos cuidar que los mercados sean sanos, porque es el espacio donde se construye la confianza hacia las empresas, pero son una realidad, no una ideología”.

El problema central que enfrenta el actual modelo, según Bernardo Larraín, es la asimetría de información; los pensionados, por ejemplo, no tienen cabal conocimiento de los elementos que inciden en su jubilación. Desde el punto de vista estratégico se adelanta un giro: ya no resulta útil nombrar a figuras de la Concertación en sus empresas (“es legítimo que personas del mundo político se integren al mundo empresarial, pero por sus capacidades, no por sus vínculos políticos”). De lo que se trata, señala Larraín Matte, de lo siguiente: “Más que un lobby silencioso, en los tiempos actuales hay que estar abiertamente en el debate público, porque sin un piso en la ciudadanía, nuestros planteamientos no serán acogidos por el mundo político”. Con mucha más fuerza que Moreno, Larraín Matte defiende el lucro: “Es lo que mueve el capital en el mundo y es la legítima retribución al capital invertido, al riesgo asumido, al trabajo bien hecho y tiene un sentido ético cuando esa fuerza movilizadora finalmente genera emprendimiento, puestos de trabajo. Valor al entorno”.

En suma, ambas organizaciones sustituyen funcionarios por el líder de un gran grupo económico y por un político hábil y que posee una gran red de contactos. Apuestan a una defensa política e ideológica férrea del modelo económico; no buscan influir en los círculos de la Concertación, pues la tecnocracia concertacionista ha perdido buena parte de su capacidad de influencia. Buscan ganar la batalla ideológica y sobre esa base defender el modelo. ¿Podrán tener éxito?

La internacionalización de las empresas chilenas, que las ha puesto en términos competitivos en un lugar similar al de sus congéneres en países como México y Brasil, ambos mucho más grandes que el nuestro, es sin duda expresión de éxitos empresariales inéditos y resultado de mecanismos de financiamiento importantes, como ha sido el sistema tributario generoso y el sistema AFP que pone a disposición de estas empresas ingentes recursos a costos bajos. Sin embargo, la expansión internacional de las multilatinas chilenas no aparece como articulada con la política pública y, en tal sentido, no genera todos los efectos positivos posibles para el desarrollo nacional.

El énfasis puesto en comunicar a la ciudadanía la importancia de la empresa y de los mercados tiene una debilidad fundamental: la incapacidad de ponerse en los zapatos del resto de los ciudadanos. No hay ningún reconocimiento de que estos puedan tener algo de razón en sus críticas. Al defender el “lucro” sin especificaciones, revela total inconsciencia respecto de la pésima distribución del ingreso en el país y la alta concentración del mismo. ¿O es que acaso los profesores, los trabajadores no hacen bien las cosas, no viven bajo el riesgo permanente de perder el empleo o ser afectados por una enfermedad catastrófica,  como para recibir una mejor remuneración?

No se trata, en consecuencia, de una condena genérica de las utilidades; se cuestiona el que el 1% de la población concentra un 32% del ingreso. Hay también un cuestionamiento específico al hecho de transformar la educación, la salud y las pensiones en un negocio y, por tanto, en fuente de utilidades, que además son con frecuencia altísimas. Larraín es taxativo al respecto: “Si consideran que el lucro es maliciosos per se, el diálogo con el sector empresarial va a ser muy difícil”. Se podría contraargumentar que, si no se entiende que hay lucro excesivo y ámbitos en que la sociedad chilena rechaza que se organicen como negocio, el futuro aparece conflictivo.

El grupo de Von Mühlenbrock adujo que era problemático que alguien tan vinculado a una empresa cuestionada (Penta) asumiera la dirección de la principal asociación gremial de los empresarios. Algo similar se ha señalado respecto de Larraín Matte, en particular en lo relativo a su cercanía con la colusión que involucró a la CMPC. Es casi un lugar común condenar las violaciones a las Ley de Defensa de la Libre Competencia por parte de numerosas empresas, incluidas algunas de las más prestigiadas del país. Se señala que son unos pocos y no representativos del mundo empresarial. Esta situación se intenta enfrentar tratando el problema como una cuestión ética, lo que es razonable aun cuando poco aceptable dentro de las prácticas corrientes (un empresario que por razones éticas aumenta mucho los salarios, se dice, va a desaparecer rápidamente del mercado). No obstante, el principal problema de estos planteamientos es que no consideran la posibilidad de que estos eventos reflejen un problema sistémico: el lucro aparece como el objetivo fundamental, se desdibuja el empresario que vincula su destino al desarrollo de una empresa e impera la idea que la maximización de las utilidades admite cualquier acción, incluidas las que se mueven en la frontera de lo delictivo.

Un tercer aspecto preocupante es la consolidación abierta del maridaje entre los principales organismos empresariales y la derecha política.

Algo que no termina de reconocer el liderazgo empresarial es que en los últimos años no han surgido nuevas actividades productivas significativas en el país. El empresariado se duerme en sus laureles. Más allá de las discusiones respecto de si la desaceleración económica que ha sufrido el país desde finales del 2012 (al margen del impacto de la caída del precio del cobre) es resultado principalmente de las reformas de la actual administración o, por el contrario, efecto de los problemas estructurales que afectan a la economía ya desde hace largo tiempo (estancamiento de la productividad, alta dependencia del cobre), se tiene la impresión de que desde los fuertes impulsos que recibió la economía de la privatización de los yacimientos de reposición de Codelco en los noventa, que generó una fuerte inversión extranjera, y del fuerte impulso del sistema de concesiones de obras públicas en los últimos años, no se ha agregado a la actividad productiva un sector que, como los dos mencionados, provoque un crecimiento económico similar. De una manera sutil,  Leónidas Montes, primo del nuevo presidente de la Sofofa, lo reconoce abiertamente: “En el plano empresarial, no hay protagonistas de nuestra generación que hayan formado incipientes grupos económicos, ni siquiera nuevas grandes empresas. Su creación de riqueza fue obra de la generación anterior, la de los abuelos”.

Desde mi punto de vista, en la hipótesis hay dos responsables principales. En primer lugar, el empresariado nacional, que en general tiende a demostrar capacidades para mejorar lo mismo que viene haciendo, pero no logra impulsar actividades nuevas significativas (desde el punto de vista de la capacidad de crecimiento general). En ello contrasta con el sector privado alemán, por ejemplo, que renueva permanentemente su capacidad de innovación en la producción de bienes de capital, o el estadounidense en el sector de nuevas tecnologías. En segundo lugar, es responsabilidad del Estado, ya que desde el 2005 no ha habido un esfuerzo similar a lo que se hizo en el campo minero y de concesiones públicas, en términos de generar nuevos sectores productivos significativos.  No hay una conciencia clara de la debilidad que ha demostrado el mundo empresarial, digamos en los últimos 10 años. Tampoco hay un reconocimiento de que, si bien el desarrollo chileno comparte con los países exitosos de Asia y Europa del norte varios elementos señalados más arriba, lo cierto es que la gran diferencia de esos países, que han experimentado períodos de crecimiento sostenido mucho más grandes y prolongados con Chile, es la presencia del Estado emprendedor en lugar del Estado subsidiario.

Asociado a lo anterior, les cuesta reconocer a los nuevos dirigentes empresariales que un déficit crucial de nuestro país es que invierte en investigación y desarrollo un 0,38% del PIB, mientras que en la OCDE es en promedio superior a 2,5, alcanzando algunos países hasta 4,5% del PIB. Además, los principales aportes no vienen de las empresas sino del Estado.

La internacionalización de las empresas chilenas, que las ha puesto en términos competitivos en un lugar similar al de sus congéneres en países como México y Brasil, ambos mucho más grandes que el nuestro, es sin duda expresión de éxitos empresariales inéditos y resultado de mecanismos de financiamiento importantes, como ha sido el sistema tributario generoso y el sistema AFP que pone a disposición de estas empresas ingentes recursos a costos bajos. Sin embargo, la expansión internacional de las multilatinas chilenas no aparece como articulada con la política pública y, en tal sentido, no genera todos los efectos positivos posibles para el desarrollo nacional.

Hay muchos temas que requieren un amplio debate público. Las dirigencias empresariales están equivocadas, sin embargo, al creer que de lo que se trata es de que Chile entienda que lo que es bueno para ellos es bueno para el país. Se requiere en nuestro país un diálogo, pero no de sordos. En tal sentido, los nuevos dirigentes empresariales, si bien aparecen con mayor capacidad comunicacional, no parecen dispuestos a un diálogo efectivo con los otros miembros de la comunidad nacional.

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