Opinión
La derecha ha declarado que está de acuerdo con reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, objetivo buscado por el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que se está discutiendo en la Comisión de Trabajo del Senado. Sin embargo, las indicaciones que han presentado los parlamentarios de Chile Vamos desdibujan completamente el sentido original de la iniciativa.
En la práctica, buscan concentrar los tiempos de trabajo con jornadas extenuantes, lo que generará efectos sobre la salud de las y los trabajadores, y afectará la posibilidad de conciliar efectivamente el trabajo con la vida personal y familiar. Además, las indicaciones amplían los espacios para que se imponga la voluntad unilateral del empleador, en un contexto como el chileno caracterizado por la extrema debilidad de los derechos colectivos.
¿Qué plantean las indicaciones y cuáles son sus consecuencias? Por un lado, se podría llegar a las 40 horas semanales, pero en base a promedios mensuales y trimestrales de trabajo. Así, durante una semana se podría llegar a trabajar 52 horas, pero lo más preocupante es que el ciclo será definido de manera unilateral por parte del empleador, el que deberá avisar al trabajador o trabajadora con una semana de anticipación a su inicio, la cantidad de horas que deberá laborar. Asimismo, el empleador podrá alterar por una sola vez la distribución informada, pasando horas de una semana a otra. Y adicionalmente, dicha distribución podrá volver a alterarse por acuerdo de las partes, acuerdo que, cuando el poder de las contrapartes es muy desequilibrado, en los hechos es más bien una imposición.
Como puede verse, estas indicaciones hacen que sea muy impredecible la forma en que se organizará el tiempo de trabajo, y sin duda afectarán el bienestar de las y los trabajadores, dificultando más que facilitando la conciliación de vida laboral y vida personal y familiar.
Pero la precarización de las condiciones de trabajo se acentúa por otra vía, al establecer bolsas de horas extraordinarias de trabajo, las que ya no estarán limitadas a dos horas diarias, sino que el límite será la cantidad de horas de la jornada diaria, con un umbral de 12 en total. Además, las bolsas de horas extraordinarias ya no responderán a la transitoriedad y eventualidad del trabajo extraordinario, como fija el Código del Trabajo, por lo que no existirá impedimento que evite que estas bolsas sean suscritas cada mes o trimestre, lo que podría generar un exceso permanente de la jornada, contraviniendo al extremo el espíritu del proyecto de ley.
Como Central Unitaria de Trabajadores, CUT, planteamos nuestro profundo rechazo a estas medidas que, más allá del discurso formal de la derecha de apoyar la reducción de jornada, consagran una flexibilidad extrema que precariza las condiciones de trabajo, fortalece el poder unilateral del empleador y deja a las y los trabajadores en una incertidumbre constante que afecta su calidad de vida.
Esto no significa que rechacemos todo tipo de flexibilidad. Dicho sea de paso, el Código del Trabajo vigente contempla varias opciones de flexibilidad laboral. Lo que nosotros planteamos, y hemos defendido en distintas instancias, es que es factible una adaptabilidad que puede tener beneficios mutuos, pero a condición de que sea fruto de un acuerdo con titularidad sindical. Ello permite una mínima situación de equilibrio de poder, sobre cuya base se puede avanzar en productividad y calidad de vida. La búsqueda de ese equilibrio es además consistente con las orientaciones de la OIT sobre ordenación del tiempo de trabajo.
Finalmente, cabe destacar que la decisión de avanzar en la reducción de jornada a 40 horas fue refrendada en un acuerdo tripartito entre el Gobierno, la CUT y la CPC, en el seno del Consejo Superior Laboral. Y un punto fundamental de ese acuerdo es que dicha reducción debe apuntar a lograr un descanso efectivo. Como se ha demostrado en esta columna, las indicaciones de la derecha van exactamente en sentido inverso.
En definitiva, como Central reafirmamos nuestra convicción de que la reducción de la jornada laboral debe darse en un marco de trabajo decente y de equilibrio entre las contrapartes de la relación laboral, fortaleciendo y no debilitando aún más los derechos individuales y los derechos colectivos. Y debe ser aplicable a todos los sectores productivos, considerando por cierto sus particularidades; junto con ello, debe beneficiar tanto a los trabajadores del sector privado como del sector público.
