El organismo señala que Le Dantec figura en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine en 1973, por lo que está moralmente inhabilitado para ejercer dicho cargo.
La reciente designación del general Cristian Le Dantec Gallardo como jefe del Estado Mayor Conjunto, ha motivado el malestar de organizaciones de derechos humanos como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, argumentando que el militar está implicado en la muerte de campesinos.
La AFDD señala que el caso de Le Dantec no cumple con la premisa de que este nuevo cargo sea asumida con autoridad moral, ya que “él es uno de los cuatro generales del Ejército que figuran en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973”.
La agrupación precisa que el general tuvo que prestar declaración ante el ministro en Visita de la Corte de San Miguel, Héctor Solís, por el crimen de los 22 campesinos, lo cual lo inhabilita moralmente para se Jefe del Estado Mayor.
El juez Solís aún indaga para conocer la identidad de otros dos oficiales que, según testigos, participaron en los hechos junto a Andrés Magaña, quien ya está procesado.
“Uno de ellos sería Le Dantec y en tanto esta sospecha de participación no sea resuelta Le Dantec simplemente no puede asumir la responsabilidad que le ha sido asignada. Si su nombre es objeto de sospecha de un asesinato vil y alevoso, mal puede asumir tan alta investidura”, sostiene.
La AFDD menciona que tan grave como la designación es el hecho de que existiendo los antecedentes judiciales, se haya mantenido como director de finanzas del Ejército y que tanto el Ministerio de Defensa como la Presidenta de la República hayan obviado los hechos que lo inhabilitan, designándolo como jefe del Estado Mayor.
Los cuatro ofíciales sospechosos, entre los que se encuentra Le Dantec, declararon ante el Juez Solís luego que se conociera públicamente que en 1973, cuando eran subtenientes, pasaron por la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar del operativo que concluyó con los fusilamientos de los 22 campesinos en una quebrada próxima al Lago Rapel.
Por tal motivo, la AFDD exige a las autoridades pertinentes que esta designación sea revisada a luz de los antecedentes judiciales existentes y “Le Dantec sea cesado de esta función, reiterando que quién esté involucrado o sea sospechoso de haber participado de violaciones a los derechos humanos no puede ocupar cargo alguno y debe ser removido de las filas de las instituciones armadas”.
