El inédito Estado de Excepción de Seguridad Pública impulsado por el ministro Arrau

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó la propuesta para crear un nuevo “Estado de excepción constitucional de seguridad pública”, que el Ejecutivo busca implementar como una inédita herramienta contra estructuras delictivas permanentes y violentas que no existían hace 30 años.

Según explicó en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, el quinto Estado de Excepción Constitucional que diseña la Secretaría de Estado está concebido específicamente para combatir el crimen organizado y el terrorismo en lugares que sufran una grave alteración de la seguridad pública.

A diferencia de las cuatro herramientas constitucionales que existen actualmente —Estado de Catástrofe, de Emergencia, de Asamblea y de Sitio—, el nuevo estado de excepción que se diseña busca entregar respuestas operativas y estratégicas más precisas, rápidas y estrictas frente a las bandas criminales.

Según expresó Arrau, el Estado de excepción de seguridad requerirá al menos tres modificaciones constitucionales e incorporaría una serie de medidas excepcionales contra la inseguridad, tales como la interceptación de telecomunicaciones sin orden judicial, una incautación más ágil de bienes, restricciones a la movilidad y a la libertad de reunión y toques de queda para menores, entre otras.

Las 15 iniciativas de ley de Arrau

La reforma constitucional que habilita el Estado de excepción de seguridad pública se encuentra ad portas de ser presentada oficialmente al Congreso. Forma parte de una agenda legislativa prioritaria que contempla alrededor de 15 iniciativas de ley —algunas de ellas, fusiones de proyectos ya existentes— que ingresarán progresivamente durante los próximos dos meses.

“Lo que estamos pensando acá son herramientas muy precisas y muy duras donde haya graves alteraciones a la seguridad pública. Se diferencia de los que existen en que entrega más herramientas. Primero, limitar la movilidad con toque de queda. Algunos han pensado en toque de queda diferenciado por edad para los menores”, señaló Arrau.

Frente a las aprensiones de sectores de la oposición, que apuntan a que estas atribuciones constitucionales pudiesen transformarse en un “chipe libre” policial, el ministro Arrau enfatizó que el sistema contará con estrictos contrapesos democráticos. El modelo funcionará mediante un decreto fundado del Presidente de la República, quien estará obligado a designar por decreto a un responsable de administrar estas facultades excepcionales de manera transitoria y rendir cuentas públicas de sus actos.

Y agregó: “Queremos poder investigar las telecomunicaciones de manera más amplia, en un polígono, en un barrio o en una zona rural, sin orden judicial en la excepción constitucional. Y mecanismos de incautación de bienes más eficaces, para organizaciones que estén en un listado y cuyos bienes se puedan incautar de manera precautoria. Y como hay agilidad, es un permiso para actuar de manera excepcional, pero de esto hay un responsable y después se rinden cuentas. No es un chipe libre”, dijo Arrau.

Atribuciones sin precedentes

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el jefe de la cartera de Seguridad, el nuevo estado de excepción se sustenta en la premisa de que las actuales herramientas de excepción constitucional fueron diseñadas bajo lógicas tradicionales de orden público —como desórdenes o desastres naturales— que quedan cortas ante fenómenos de control territorial y crimen transnacional.

Para subsanar esta situación, la propuesta contempla la implementación de medidas excepcionales especialmente severas que requerirán al menos tres modificaciones constitucionales para su viabilidad penal y procesal.

La primera de estas medidas, y una de las más controvertidas, es la facultad para realizar la interceptación de telecomunicaciones sin necesidad de una orden judicial previa. Esta atribución de carácter excepcional permitiría a las policías investigar, monitorear e intervenir comunicaciones telefónicas y digitales dentro de la zona delimitada, agilizando de manera drástica las labores de inteligencia y persecución penal.

Asimismo, el proyecto introduce mecanismos para la incautación temprana y ágil de bienes. Esta herramienta facultaría a las policías e instituciones persecutoras para decomisar de forma precautoria bienes, vehículos y dineros sospechosos durante el transcurso de una investigación criminal dentro del área de intervención, emulando estrategias de la legislación internacional en países como Estados Unidos.

En el plano del control de la movilidad ciudadana, el Estado de excepción de seguridad pública permitirá dictar restricciones a la movilidad y a la libertad de reunión. Sin embargo, la principal novedad es que se discute formalmente la opción de aplicar toques de queda diferenciados por edad. Esta fórmula permitiría decretar restricciones horarias aplicadas exclusivamente a menores de edad en ciertos sectores identificados con altos índices de reclutamiento delictivo o vulnerabilidad extrema.

Zona geográfica y rol de las Fuerzas Armadas

A diferencia del Estado de Emergencia convencional, que suele aplicarse a regiones o provincias enteras, este nuevo régimen operará bajo la lógica de “polígonos” o zonas geográficas acotadas dentro de una comuna.

De este modo, la restricción de libertades civiles no afectará necesariamente a toda una provincia o comuna, sino a territorios muy focalizados, tales como un barrio tomado por un cartel en la capital, zonas fronterizas críticas o sectores rurales bajo asedio de organizaciones terroristas.

Según sostuvo Arrau, en estos polígonos, que suelen caracterizarse por ser de difícil acceso debido a barreras físicas como “casas búnker”, la propuesta abre la puerta para que las Fuerzas Armadas entreguen apoyo y capacidades especiales a las policías. Si bien Arrau aclaró que las Fuerzas Armadas no cuentan, en principio, con la capacitación para hacerse cargo directamente del control cotidiano del orden público, detalló que su rol se centraría en aportar capacidades de inteligencia militar, establecer perímetros de seguridad táctica y colaborar coordinadamente en operativos especiales de alto riesgo.

Gobierno ingresará modificaciones reforzadas a las RUF para su debate esta semana

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció que las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) entrarán formalmente a discusión legislativa durante esta misma semana. El secretario de Estado adelantó que el Ejecutivo se integrará al debate presentando “algunas modificaciones reforzadas” al proyecto.

Aunque el secretario de Estado no desglosó el contenido técnico de esos cambios artículo por artículo, expuso su estrategia y expectativas parlamentarias. Arrau vinculó directamente la relevancia de las RUF con la propuesta de la ley Naín-Retamal 2.0, calificando ambas normativas como herramientas muy prácticas que “le hacen mucho sentido a la gente” en el actual contexto de seguridad.

El ministro proyectó que los parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, se mostrarán “contestes con apoyar” la iniciativa gubernamental. No obstante, asumió que durante el debate legislativo los parlamentarios podrían incorporar modificaciones adicionales o sumar otros temas complementarios al proyecto.