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Juan Jorge Lazo, abogado y miembro de la Comisión Política de la UDI

El regreso a Enacar del hombre ligado a la privatización de La Nación

por 6 mayo 2010

El regreso a Enacar del hombre ligado a la privatización de La Nación
Mucho antes de engrosar el cuerpo de directores en las Empresas Públicas del nuevo gobierno, el militante gremialista fue comisionado por la dictadura para ser el “testaferro” del Fisco en sus planes para controlar el diario a comienzos de los 80’. En democracia el ex funcionario de Pinochet era dueño de la mayor cantidad de acciones preferentes y las vendió a su correligionario Enrique Alcalde, plantando el germen que convierte la venta del periódico en un asunto mucho más complejo de lo que parece.

Curiosamente entre los dueños de acciones preferentes, es decir las que entregan un  rango de movimiento  mucho más amplio que el del  Estado, sigue habiendo un  representante de la UDI. El mismo partido que ha enarbolado la tesis de que es necesario desprenderse del diario. Para buena parte de la opinión pública puede resultar toda una novedad  que en el “brazo armado de la Concertación”, como fue catalogado el diario  por Piñera durante la campaña, haya habido entre los dueños representantes del gremialismo más conservador  y sobre todo con más poder que el accionista “mayoritario”, que es el Estado con su casi  70% de la propiedad.

Pero la historia tiene casi treinta años. Y entre sus protagonistas hay  un joven abogado, egresado en 1978 de la Universidad Católica.  Juan Jorge Lazo trabajaba en el Ministerio Secretaría General de Gobierno a principios de los ’80 cuando el gobierno de Pinochet encontró la manera de comprar las acciones preferentes de la empresa  (y así tomar el control) usando “palos blancos”, ya que la ley no se lo permitía. El elegido, en todo caso,  fue otro abogado de la misma repartición. Cristián García-Huidobro Ruiz-Tagle. Fue él quien eligió a Lazo como su representante en el directorio.

Pero con el tiempo, precisamente en mayo de 1988, Lazo terminaría siendo dueño de la mayoría de las acciones preferentes (sobre 17 mil). Según cuenta el reportaje de Alejandra Matus, Lazo pagó poco más de un millón de pesos y  el traspaso de los títulos se hizo en las oficinas del diario y no en una notaría. Las acciones pertenecían a la sucesión de Eliett Harud, un antiguo acreedor de la empresa, que recibió las acciones como pago.

Juan  Jorge Lazo fue  el último presidente del directorio de la empresa en tiempos de la dictadura. Ya en democracia y con nuevas autoridades, Lazo tal como ocurrió con él en los ’80, designó como su representante en el directorio a Enrique Alcalde. Un abogado, también de la UDI, reconocido por su gran habilidad para detectar nuevos negocios.

Hombre de carbón

Durante los 20 años de gobierno concertacionista, Juan Jorge Lazo, experto en Derecho Laboral y ex subsecretario del Trabajo de Pinochet, ha ejercido   funciones estratégicas al interior de la UDI. Como miembro de la comisión política y del equipo que diseña la plantilla parlamentaria del partido en época de elecciones. Hasta 2008 fue concejal por la comuna de Santiago y hasta enero  fue  director de la carrera de Derecho en la Universidad Santo Tomás. Hoy es decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Ucinf.

Desde el 20 de abril de este año, Juan Jorge Lazo está en el nuevo directorio de la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR), donde comparte espacio con Jorge Brahm Barril, hermano de María Luisa Brahm, asesora del “segundo piso de La Moneda.  La compañía, tal como La Nación hace más de 20 años -cuando Lazo se erigió como accionista mayoritario-,  está en un punto de inflexión.

Juan Jorge Lazo le vendió sus acciones a Enrique Alcalde su viejo amigo. Según escritura pública el puñado de acciones de Lazo le costó a la transversal Colliguay poco más de $3 millones. Con este paso el abogado UDI actualmente en Enacar, terminaba de privatizar el control de La Nación.

Actualmente Enacar, según un estudio reciente del Instituto Libertad (ligado a RN) la sitúa entre las empresas públicas que arrojan pérdidas. Aunque las ha reducido de  $37.052,9 millones en 2008 a $5.948 millones en 2009. La minera está en pleno proceso de decidir qué hacer con gran parte de sus activos y si retomar su posición como proveedora de carbón, cuya demanda está al alza gracias a su uso en la generación eléctrica.

La Nación transversal

En el caso de La Nación, la empresa fue beneficiada en Febrero de 1991 con un “perdonazo tributario” lo que ayudó a sanear sus estados financieros y “disparó” su valor en el mercado. El 4 de septiembre de 1991 nace la sociedad Colliguay formada por el UDI Enrique Alcalde, el  PS Juan Cavada y el DC Ricardo Halabí.

Juan Jorge Lazo le vendió sus acciones a Enrique Alcalde su viejo amigo. Según escritura pública el puñado de acciones de Lazo le costó a la transversal Colliguay poco más de $3 millones. Con este paso el abogado UDI actualmente en Enacar, terminaba de privatizar el control de La Nación.

Alcalde, por su parte, negoció el otro paquete de acciones preferentes, que pertenecían a Radio Nacional, pagando un precio mucho más irrisorio, que incluso motivó una demanda por parte del comprador de la radio, Santiago Agliati, por los supuestos vicios en el proceso.

Como sea, en octubre de 1991, Colliguay ya tenía la totalidad de las acciones preferentes que le aseguraban el control de la empresa. Según un peritaje judicial muy posterior, la empresa habría pagado un precio 27 veces menor que el que correspondía por las acciones que dejaron a Colliguay en una posición muy superior a la del Estado, aunque éste en el papel tenga mayor cantidad de títulos.

Los papeles que acreditaban el traspaso del último paquete accionario perteneciente a Radio Nacional estaban firmados, entre otros por Raimundo “huaso” Valenzuela, un PS oriundo de Curicó, designado en ese tiempo como presidente del Directorio por las autoridades de La Moneda. Cuando dejó ese puesto Valenzuela compró las acciones de Juan Cavada, el militante PS en Colliguay y se convirtió en accionista preferente.

Ricardo Halabí, funcionario del gobierno de Aylwin al momento de formar Colliguay vendió su parte a un compañero de partido, Luis Eduardo Thayer Morel, quién en 1996 formó Atlántida S.A. junto al PS Francisco Feres, actual gerente de la Empresa Periodística La Nación, quien ejerce el cargo hace diez años.

Sin los privados no se vende

En sucesivas modificaciones a los estatutos de la compañía, a mediados de los ’90,  los accionistas preferentes que a través de la empresa controlan el codiciado negocio del Diario Oficial, cuya utilidades en 2009 alcanzaron los $4.500 millones;  más la agencia  de distribución Vía Directa, y la imprenta Gráfica Puerto Madero, acrecentó su poder por sobre el Estado, su socio.

Las reglas indican que el Estado, representado por el Gobierno de Sebastián Piñera que piensa en la  venta, no puede hacerlo sin consulta a los representantes de Colliguay, es decir: Alcalde, Thayer y Valenzuela, quienes a su vez tienen la primera opción de compra y si no llegan a acuerdo, el asunto es sometido a arbitraje. Aunque el Gobierno nombró a Cristián Letelier como director del Diario Oficial, lo que se puede interpretar como una señal de autonomía respecto de los accionistas privados. Pero en rigor la ley le da a Colliguay la mayor parte de las atribuciones sobre el boletín de publicaciones legales.

Es precisamente en el Diario Oficial donde está el gran valor de la empresa que desde 2000 ha generado utilidades para sus accionistas. Según la memoria 2009, la utilidad del ejercicio llegó a los 2.494 millones. Aunque paralelamente el Diario La Nación genera pérdidas por cerca de 3 mil millones.

De concretarse la venta, podría darse  una figura muy especial ya que los privados tendrían el sartén por el mango para licitar el Diario Oficial, un negocio avalado por el Fisco.  Hoy está programada una reunión del directorio de la empresa, a la vuelta de la cual probablemente hayan señales sobre el futuro.

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