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María de la Luz Domper, Jefa de asesores del MOP

El cerebro tras las políticas del agua del gobierno de Piñera

por 26 mayo 2010

El cerebro tras las políticas del agua del gobierno de Piñera
La economista ha asumido un rol clave en la cartera de Hernán Solminihac, de la que depende la Dirección General de Aguas (DGA). Su postura frente al tema hídrico, marcada por una visión neoliberal, quedó plasmada como investigadora de Libertad y Desarrollo. Hace unos días anotó un gol con el rechazo del gobierno a la reforma constitucional del agua impulsada por Michelle Bachelet, a la que se había mostrado muy contraria. Pero no es la única materia en la que se está ajustando la agenda del agua a las posturas de LyD.

“Vamos a evaluar en 45 días cómo están las cosas y luego propondremos una agenda para ver los lineamientos sobre el tema del agua”, explicó el 1 de abril pasado el nuevo director de la Dirección General de Aguas (DGA), Matías Desmadryl, en medio de la presentación que hizo a su equipo.

Junto a él, estaba la jefa de asesores del ministerio de Obras Públicas (MOP), María de la Luz Domper.  La economista, que trabajó durante 16 años como investigadora de Libertad y Desarrollo (LyD), tiene, según diversas fuentes del sector, una gran influencia en la cartera de Hernán de Solminihac, en la que aterrizó el 11 de marzo pasado.

Las mismas fuentes señalan que los lineamientos que está instaurando la DGA en torno a las políticas de agua “son las que María de la Luz Domper ha pensado y expuesto al respecto: ella ha escrito bastante sobre el mercado y el Código de Aguas y representa el ala más neoliberal de LyD”.

La visión de la profesional descansa en no aumentar las posibilidades de gestión del agua que tiene el Estado, ya que en esta línea “cualquier cosa que se haga para gestionar fuentes de agua después del otorgamiento del derecho es casi expropiatorio y le quita certeza a la propiedad privada. Se nota en los principios básicos por los que se están estableciendo las medidas. Hay cosas que están bien, pero hay otras que son súper complejas”, explican funcionarios.

Y detallan que “ella tiene un poder inusitado en el MOP: en la DGA se nota profundamente, ya que muchas de las cosas que se están abordando son cosas que ellos mismos estaban planteando desde LyD hace algún tiempo”.

Por ejemplo, el rechazo a la reforma constitucional del agua.

Las coincidencias con LyD

Hace un mes el ministro de la Segpres y ex director ejecutivo de LyD, Cristián Larroulet, solicitó la formación de una mesa interministerial del agua para diagnosticar la situación hídrica del país y de la DGA. En la instancia, coordinada por María de la Luz Domper, participaron directores y asesores de las carteras de Obras Públicas, Agricultura, Energía, Presidencia y Minería.

Dentro de los puntos a evaluar estaba la reforma constitucional del agua impulsada por la administración de Michelle Bachelet, que eleva a rango constitucional el actual reconocimiento legal de las aguas como bien nacional de uso público y cualquiera sea el estado en que éstas se encuentren.

El informe al respecto, que se entregó a la Presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, no fue favorable a la apuesta concertacionista, porque considera que el proyecto en cuestión no mejora ni cambia la administración de los recursos hídricos, ya que estaría replicando funciones que están contenidas en el Código de Aguas de 1981.

Este argumento no es nuevo: a principio de año el paper “Los errores en el debate y la verdadera agenda en materia de Agua”, de LyD, escrito por Domper, concluía que esta reforma constitucional era innecesaria, y además crearía problemas de seguridad jurídica, “ya que involucra un cambio legal futuro que puede afectar los derechos constituidos”.

Desmadryl señala que el documento compartía la postura frente a la reforma “y la conclusión es la misma, pero María de la Luz forma parte del gobierno, por lo que hay las mismas ideas. Pero hay que dejar claro que esto no es algo que viniera definido”.

La economista de la PUC aclara además, que el rechazo no sólo proviene de LyD, sino que lo han manifestado “constitucionalistas importantes como Jorge Correa Sutil”.

Ambos destacan que en base al diagnóstico, se tocaron temas que LyD no contemplaba, ya que se detectó la sobreexplotación de gran parte de los acuíferos desde Tinguiririca hasta Arica, por lo que “se está elaborando un proyecto de ley que busca hacerse cargo de la sustentabilidad del agua dando protección y rango legal a los glaciares, además de  reforzar la sanción y fiscalización de infracciones legales en esta materia”, recalca el abogado.

Al preguntarle sobre el rol de Domper en la DGA, a la que conoce desde hace un par de años porque coincidieron en varias ocasiones en instancias donde se trataba el tema del agua, Desmadryl le baja el perfil. “Es un apoyo muy importante en la labor de construir el marco regulatorio y administración del agua como otros diversos expertos y asesores del gobierno. Ella ha prestado ese apoyo desde el punto de vista de las políticas de la economía y tenemos apoyo de ingenieros, abogados y un sinnúmero de profesionales”.

La propia Domper señala que “estoy asesorando a Matías de la misma manera que estoy asesorando a otros directores. La línea en torno al agua responde al programa de gobierno de Sebastian Piñera. Dentro de los cinco ejes de infraestructura está este tema. Ahí la idea es que haya un uso sustentable y eso es lo que la DGA está propiciando hoy”.

En la mira

Según fuentes de la Concertación, la llegada de Matías Desmadryl a la DGA “no es casualidad. Su visión en temas de derechos de agua y su paso como abogado en Aguas Andinas, remarcan una visión muy neoliberal”.

Fuentes internas explican que “él está ahí por la influencia de LyD en la DGA. Ellos fueron muy críticos en lo que se hizo en el gobierno anterior, tienen una postura sumamente ideológica en torno al agua. Está muy alineado con Domper”.

El abogado asumió el cargo interinamente, ya que el puesto es asignado a través de la Alta Dirección Pública (ADP), pero “todo indica que llegó para quedarse”, explican las mismas fuentes.

Desmadryl replica que “nunca he formado parte de ningún instituto público ni partido político, por lo que formo parte del gobierno y la DGA porque mi desarrollo profesional ha estado dentro del área”.

El ex jefe del Departamento de Estudios y Planificación de la DGA, Pedro Rivera, señala que un tema preocupante es la revisión de algunas normas y decretos impulsados por la antigua administración. Una de las medidas que no es vista con buenos ojos, según explica, son los decretos supremos que deniegan parcialmente  solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos -que utilizan las hidroeléctricas- de siete cuencas del sur (Cochamó, Petrohué, Murta, Palena, Del Oro, Chaihuín, Cisnes y GolGol).

El objetivo de esta iniciativa es proteger ambientalmente los ríos y utilizar su agua para consumos locales de la cuenca, sin intervención externa. “Pero la nueva administración cuestiona su legalidad”, señala el profesional.

Funcionarios del servicio sectorial opinan que la postura de rechazo a este tipo de intervenciones “está en la línea de LyD, que es contraria a cualquier intervención pública a definir los usos del agua, la que se deja completamente en manos del mercado”.

Actualmente hay varios recursos en trámite contra estos decretos, algunos de los cuales lleva el abogado Alberto Cardemil, en representación de varias hidroeléctricas. El hijo del diputado del mismo nombre, es cercano a Desmadryl, ya que según cuenta el director de la DGA “somos colegas y nos hemos dedicado mucho tiempo al tema del agua”.

Otro tema que también está bajo la lupa es la norma que establece bases de gestión diferentes para los acuíferos del norte del país.

“En la práctica define áreas de restricción  con más exigencias que al resto de los acuíferos de Chile para poder entregar derechos definitivos en la medida que se van explotando, sobre todo en cuencas de alto valor ambiental. Además, permite la sobreexplotación de acuíferos de gran dimensión que no tienen tanto valor ambiental”, detalla Rivera.

El director de la DGA, señala que “estamos haciendo una revisión de distintas y varias modificaciones. Hay muchos criterios que son aplicados de excelente forma y otros que estamos evaluando cambiarlos”. Pero aclara que aún no hay nada decidido y que es una práctica completamente normal cuando entra una nueva administración.

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