El Gobierno de José Antonio Kast y las muñecas rusas

Escudriñar una muñeca rusa se ciñe a la idea de que la personalidad no se transparenta con solo mirar la primera muñeca sino que en su interior hay varias capas que es necesario comprender para ir avanzando en el conocimiento de una persona. Algo similar ocurre con los gobiernos, en particular con aquellos que promueven una visión refundacional de la sociedad, en conflicto no solo con lo que se ha ido construyendo en materia de Estado de derecho, instituciones, red de protección social, infraestructura, base económica y aumento de la prosperidad sino también con la afirmación del diálogo como mecanismo fundamental de la convivencia social y política.

El país asiste al debate sobre los objetivos reales de la administración, en el cual el Gobierno, la oposición y los analistas surfean entre las distintas muñecas para dilucidar preguntas esenciales: ¿existe una agenda oculta?, ¿cuáles son las prioridades?, ¿cuál es la idea de país de la actual administración?, ¿existe un compromiso claro con el régimen democrático de parte de las actuales autoridades?

¿Agenda oculta? La dos primeras muñecas rusas

La primera muñeca rusa remite a la caracterización que hace el propio Gobierno de los objetivos de su gestión. Sobre la base de un diagnóstico equivocado, pero que logró seducir a la ciudadanía, Quiroz sostiene que las finanzas públicas son un desastre, los impuestos desalientan la inversión (también menciona como causas la “permisología” y el SEIA, aun cuando no ha avanzado en la desmantelación de la primera y tampoco ha puesto mayor esfuerzo en impulsar la reforma del segundo) y, en consecuencia, es necesario reducir impuestos y aumentar la eficiencia del Estado para que el país vuelva a crecer.

En este contexto aparece la segunda muñeca rusa, que para la oposición es la agenda real del Gobierno. En uno de sus editoriales del día viernes 8 de mayo, El Mercurio buscó descalificar la interpretación opositora, al afirmar que no colabora al debate público honesto la teoría conspirativa de la oposición de que las distintas medidas que el Gobierno busca implementar obedecen a “un inconfesado plan” para refundar el país por la vía de reducir al Estado a su mínima expresión, “en nombre de una ideología neoliberal a ultranza”, ya que dichas medidas fueron dadas a conocer durante la campaña presidencial.

El editorial es en primer lugar inexacto respecto de lo que se dijo en la campaña, pues el entonces candidato Kast y su futuro ministro de Hacienda insistieron hasta el cansancio en que no se tocarían los derechos sociales. El oficio sobre la necesidad de “descontinuar” varios programas sociales es un claro desmentido de ello. Pero cabe preguntarse, además, si no se está ocultando la agenda real cuando el Gobierno afirma, por ejemplo, que la reducción del impuesto corporativo de 27 a 23 por ciento va en beneficio de la gente, porque aumenta la inversión.

Sin embargo, la experiencia internacional y el análisis económico dejan en evidencia que, en el mediano y largo plazo, el efecto sobre el crecimiento de dicha reducción tributaria es cero en promedio, según un estudio reciente sobre 34 países que lleva como título “How taxes affect growth: evidence from cross-country panel data” (“Cómo afectan los impuestos al crecimiento: evidencia a partir de datos de panel de varios países”).

Ante ello, resulta claro que hay un objetivo distinto detrás de esa política: la medida encubre el objetivo real de reducir la carga tributaria de las grandes empresas, aumentar la concentración del poder económico en manos de sus dueños que con frecuencia y, además, vía “planificación tributaria”, maximizan los beneficios de la reducción tributaria, a costa de los ingresos del Estado.

En diversos documentos y presentaciones, el trabajo de los economistas de oposición, organizados en uno de los grupos de trabajo de la Red de Centros de Pensamiento Progresista de Chile, ha dejado en evidencia con cifras el real impacto del llamado “Proyecto de Reconstrucción”. Incluso, el título de dicho  proyecto de ley pretende invisibilizar que su principal objetivo es una contrarreforma tributaria acompañada de una inédita reducción del gasto social.

Pero ¿para qué esta política?, se pregunta Mauro Basaure, indagando en esta segunda muñeca, para concluir que el objetivo del actual Gobierno es poner en cuestión el gasto social (o mejor la inversión social) uno de los “leitmotiv” fundamentales de los gobiernos anteriores, al señalar: “La pregunta de fondo es otra: qué tipo de Estado se produce cuando toda política social debe comparecer permanentemente ante Hacienda para probar que merece existir”.

Al mismo tiempo, la fuerte reducción de la tributación, cuyo impacto en las finanzas públicas solo se puede dimensionar adecuadamente cuando las distintas medidas (eliminación de contribuciones a los más ricos, reintegración e invariabilidad tributaria y reducción del impuesto corporativo) se analizan en conjunto, apunta a una fuerte reducción de la capacidad estatal para combatir el crimen organizado (recuérdese el intento de Quiroz de reducir el presupuesto de Seguridad en $ 72 mil millones), así como a desfinanciar la inversión pública, crucial para el desarrollo de la infraestructura y de las comunas del país, y debilitar el desarrollo de las instituciones que hacen posible un sociedad civilizada.

Todo ello, en función de la promesa de que se desatarán los espíritus animales del gran empresariado y que se desencadenará el crecimiento. Es el regreso del sueño setentero, en momentos en que en el mundo se reconoce la necesidad de un Estado fuerte para enfrentar los cambios geopolíticos y los requerimientos de la nueva economía que abre el rápido cambio tecnológico, en particular la inteligencia artificial. Al predominio de una visión obsoleta se suma la platitud presidencial de cuestionar el financiamiento público de la investigación científica “por no generar trabajos concretos”.

Como han señalado los decanos de Derecho y de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, se trata de frases “desafortunadas”, que apuntan a un “antiintelectualismo”, que dan “vergüenza ajena” y representan una “mirada miope”. No solo enfrentamos obsolescencia ideológica, sino que analfabetismo.

Cuestionamiento de la democracia: la tercera muñeca rusa

Desde Costa Rica, el Presidente respaldó al ministro de Hacienda, quien había señalado que, en caso de que la megarreforma no lograra avanzar en el Congreso, desde el Ejecutivo continuarán impulsando sus medidas económicas, incluso mediante decretos. Los extremos a los cuales ha llevado esa forma inconsulta de gestión, en algunos países, han quedado en evidencia en la grave situación económica y geopolítica por la que atraviesa el mundo.

En el mismo sentido apunta el comportamiento de Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, que pretende en una semana dar por discutido el proyecto de ley de “reconstrucción”, que incluye más de 40 políticas diferentes con graves impactos sobre la situación fiscal, la distribución de la riqueza y la capacidad general del Estado.

No es solo tamaña pretensión, sino que además el estilo cuartelero con que pretende dirigir el trabajo de la comisión. Llama “obstrucción política” a la presentación de más de mil indicaciones, lo que no es mucho, habida cuenta de la variedad de temas incluidos y de la circunstancia que tanto especialistas como instituciones nacionales e internacionales han expresado preocupaciones respecto de la iniciativa.

Esta forma de actuación política entrega luces para una discusión de fondo. Mientras que algunos ven como predominante en la política y gestión de la administración una base neoclásica liberal, una sensibilidad Public Choice, que mira al Estado como espacio de captura, y una veta hayekiana, desconfiada de la ingeniería política, (Mauro Basaure), considero que para entender la lógica subyacente fundamental del Gobierno de Kast debe ponerse más atención a sus elementos iliberales (o antidemocráticos).

Tras esta lógica económica antiestado hay una lógica política y de gestión más potente y una desconfianza extrema respecto de la capacidad de la democracia para abordar los problemas de la República, lo que lleva a interrogarse sobre el sistema político que merodea la cabeza de quienes insisten en apuntar a la democracia como fuente de las dificultades para resolver los problemas que nos afectan y preocupan. Una de las nociones que conceptualiza estas tendencias globales es la noción de iliberalismo.

Así, en lugar de dialogar para construir una perspectiva común en un Congreso fragmentado, la administración busca imponer su visión cueste lo que cueste. El primer paso parece ser evitar el debate legislativo reflexivo, comprar a las pymes políticas y forzar legislación autoritaria con base en argumentos efectistas que no permiten abordar las consecuencias mediatas de las políticas del Gobierno.