El director de Amnistía Internacional Chile, Sergio Laurenti, aclara que a pesar de que la ONG no aboga a favor del aborto como un derecho, sí considera inaceptable que las mujeres no tengan un control sobre su propio cuerpo en casos de violación y peligro para su vida. Por otra parte, el informe constata que el Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile no tiene peso real a la hora de las decisiones.
“En mayo se evaluó el historial de Chile sobre derechos humanos en virtud del examen periódico universal de la ONU. Chile aceptó todas las recomendaciones menos las que tenían que ver con la adecuación de la legislación nacional sobre el aborto a las normas internacionales de derechos humanos.”
Esta es una de las conclusiones del informe 2010 de Amnistía Internacional, que documenta la situación de los derechos humanos en 159 países en 2009.
Según el director de Amnistía Internacional (AI) Chile, Sergio Laurenti, sólo tres países de la región tienen una prohibición absoluta sobre el aborto: Nicaragua, El Salvador y Chile. “Es importante aclarar que Amnistía Internacional no aboga a favor del aborto como un derecho, pero sí considera que es inaceptable que las mujeres no tengan un control sobre su propio cuerpo y eventualmente sobre su propio destino cuando son objeto de violaciones o cuando su vida está en riesgo. En estos casos en la mayor parte de las sociedades es admisible la interrupción del embarazo”, explica.
Y agrega que todas las personas tienen derecho a gozar de su sexualidad y de una salud reproductiva, “aunque sabemos que en este país hay mucha resistencia aún en la opinión publica sobre una liberalización en relación con el aborto, la despenalización del aborto para las mujeres y los prestadores de salud en estos casos es un avance que se está haciendo esperar”.
Ratificación de Convenio 169 sólo en el papel
Además de este tema, el informe arroja otros resultados. En síntesis, se concluye que en Chile siguieron registrándose avances en el procesamiento de responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el Régimen Militar.
Por otra parte, en el sur los “indígenas continuaron reivindicando su derecho a la tierra y exigiendo respeto por otros derechos en medio de una creciente tensión”.
El informe señala que no se consultaron de manera adecuada ciertas iniciativas destinadas a incorporar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución y a promulgar nuevas leyes sobre recursos hídricos y terrestres que podrían tener un considerable impacto en el modo de vida de dichas comunidades.
Incluso, en el documento se afirma que algunos proyectos de desarrollo a gran escala siguieron poniendo en peligro los medios de subsistencia de los pueblos indígenas, citando al proyecto aurífero Pascua Lama. “En el norte del país, empezaron las obras para la puesta en marcha de la explotación minera de Pascua Lama, pese a las protestas de las comunidades indígenas locales de etnia diaguita huascoaltino por no haber dado su consentimiento”.
Al respecto, Laurenti asegura que hay una preocupación general sobre el impacto que la industria extractiva está causando para la gente, principalmente comunidades mapuches.
“Este tipo de proyectos-que incluye el área minera y forestal-genera impacto sobre las comunidades más pobres. Problemas de acceso a justicia, salud, seguridad, capacidad de reclamar ante los abusos que ocurren. Hemos visto esta situación por ejemplo en caso de contaminación de Celco”.
Y es que, explica el director de AI, “en Chile hay pocos controles sobre el impacto que los negocios y relaciones empresariales tienen sobre la vida de las personas”.
Además, a pesar de que consideran que es una buena señal que se haya ratificado la declaración de naciones unidas sobre derechos de pueblos indígenas y el convenio 169 de la OIT después de 18 años de trámite, “no es suficiente porque la legislación no está adecuada y tampoco se ha ajustado el procedimiento. Entonces una norma que debió haber entrado en vigor en octubre del año pasado todavía sigue estando en discusión”.
Esto se refuerza con la ausencia de referencias a la problemática indígena en el mensaje de Sebastián Piñera del 21 de mayo, “lo que nos dice que hay escasa voluntad política de avanzar, porque no hay una estrategia”.
No obstante, explica Laurenti, hay mucha presión de las organizaciones de derechos humanos indígenas en la necesidad de avanzar en el convenio 169. “Esto es importante porque el Convenio 169 establece la manera en que las comunidades deben ser consultadas antes de que se tomen decisiones legislativas o reglamentarias que les afecten directamente. Por ejemplo un emprendimiento comercial o un cambio de utilización de los recursos que utilizan de manera ancestral los indígenas”.
